Límites a la aplicación de los convenios internacionales en materias particulares en el espacio judicial europeo

La interacción entre la unificación del Derecho procesal civil internacional en el seno de la UE y la cooperación con terceros Estados reviste particular importancia. Así lo reflejan las implicaciones de la competencia exclusiva de la UE para la celebración de tratados internacionales que puedan afectar a las normas contenidas en los Reglamentos, como puso de relieve el Tribunal de Justicia en su Dictamen de 7 de febrero de 2006 relativo al Convenio de Lugano. Precisamente, el rechazo a que los Estados miembros celebraran por separado nuevos convenios internacionales en las materias que regula el Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (RBI) tuvo ya reflejo en la formulación de su norma destinada a asegurar el respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados miembros. En concreto, el artículo 71 RBI establece el criterio general de que el Reglamento “no afectará a los convenios en que los Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones”, de modo que la norma –a diferencia de su antecedente en el artículo 57 del Convenio de Bruselas- sólo comprende los convenios que hubieran sido celebrados antes de la adopción del RBI. Con motivo de una cuestión prejudicial relativa a las relaciones entre el RBI y las normas sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de decisiones del Convenio de Ginebra relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), el Tribunal de Justicia acaba de interpretar de manera muy restrictiva la posibilidad de que las normas de los convenios en materias especiales puedan llegar a ser de aplicación en las relaciones entre Estados miembros del RBI. La interpretación del Tribunal de Justicia en su sentencia de 4 de mayo de 2010 en el asunto TNT Express Nederland BV y AXA Versicherung AG, si bien subordina la aplicación preferente de esos convenios a requisitos que no figuran en el texto del artículo 71 resulta coherente con la función de esas normas y con los fundamentos y la evolución de la unificación de este sector en el seno de la UE.

Intercambio de archivos P2P y protección de datos personales

La puesta en marcha de ciertos mecanismos de tutela de la propiedad intelectual para hacer frente a las infracciones que puedan tener lugar mediante el intercambio en Internet de ficheros utilizando programas peer to peer puede requerir la imposición de sistemas de supervisión de las comunicaciones electrónicas de muy amplio alcance. La localización de las posibles infracciones se ve facilitada por una supervisión de muy amplio alcance del tráfico de datos en Internet, en la medida en que para la persecución de esas conductas resulta de gran importancia conocer el contenido de los archivos objeto de intercambio así como obtener la información que permita eventualmente identificar a quienes introducen los archivos y los intercambian a través de Internet. Como ya he puesto de relieve en algunas entradas anteriores, la determinación de los límites de esa supervisión de amplio alcance de las actividades de los usuarios de Internet resulta controvertida a la luz de la normativa sobre protección de datos personales. Se trata además de un ámbito en el que entran en conflicto intereses muy diversos y las opciones de política legislativa tienen un extraordinario impacto social y económico. No se trata sólo del eventual conflicto entre usuarios de sistemas de intercambio P2P y titulares de derechos de propiedad intelectual, sino que también hay otros actores directamente implicados, muy especialmente, los prestadores de servicios de Internet, sobre los que se pretende hacer recaer la labor de supervisión. Una cuestión prejudicial recientemente planteada al Tribunal de Justicia por la Cour d'appel de Bruselas puede resultar clave para fijar los límites a la supervisión de las actividades de los usuarios de Internet en el marco de la tutela frente al intercambio de archivos protegidos utilizando programas P2P.

Forum non conveniens y reglas modelo transnacionales: el ejemplo de Puerto Rico

La eventual incorporación de la doctrina de forum non conveniens al Derecho de Puerto Rico es el objeto de una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de gran interés. El particular valor del contenido de esta sentencia se vincula, en primer lugar, con la peculiar posición de Puerto Rico como jurisdicción de tradición mixta, cuyo Derecho procesal responde a la tradición del common law mientras que su Derecho privado es de tradición romano germánica en línea con su historia compartida con España. La sentencia incorpora un extenso estudio de Derecho comparado, analiza la evolución de la doctrina del forum non conveniens en los sistemas más significativos del common law, valora los mecanismos de flexibilización incorporados en algunas jurisdicciones de tradición romano-germánica que pueden desempeñar una función similar, destaca la incorporación por vía legislativa de la doctrina de forum non conveniens en otras jurisdicciones mixtas (como Luisiana y Quebec), hace referencia crítica a la repercusión del peculiar contexto de la globalización sobre esa doctrina así como sobre los factores relevantes para determinar si un foro es apropiado y, sobre todo, incorpora al sistema de Puerto Rico un análisis equilibrado basado en el criterio del “foro claramente inapropiado” en cuya configuración el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoce explícitamente la influencia de ciertas reglas modelo transnacionales.

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (versión de abril de 2010)

Ayer, 21 de abril, se hizo público oficialmente por primera vez el texto del Borrador del Anti-Counterfeiting Trade Agreement que desde hace varios años han venido negociando de manera reservada un grupo reducido y heterogéneo de países (Australia, Canadá, Corea del Sur, EEUU, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, la Unión Europea y los Estados miembros de la UE), con el objetivo de alumbrar un nuevo convenio internacional destinado a establecer un régimen que asegure una más eficaz observancia de la propiedad intelectual (en sentido amplio, es decir, incluyendo los derechos de propiedad industrial). El Borrador merece sin duda una detenida atención, ya que de alcanzarse un acuerdo es de prever que su potencial impacto futuro sobre el comercio internacional y sobre las legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual será mucho mayor que el que resulta del número de Estados que participan en las negociaciones. Así, es previsible que en caso de que el acuerdo resultante de las negociaciones sea eventualmente ratificado por EEUU y la UE condicionará decisivamente en el futuro los aspectos sobre propiedad intelectual de los acuerdos de libre comercio que concluyan EEUU o la UE con terceros Estados. También las circunstancias de la negociación se prestan a un interesante análisis, por ejemplo, en la medida en que la iniciativa margina en la práctica el entramado institucional previo, en particular la OMPI y la OMC, optando por recurrir a un marco multilateral ad hoc que incluso prevé mecanismos institucionales propios como la creación de un Comité de Supervisón. No obstante, las características de este comentario y el carácter provisional del documento –repleto de corchetes en las partes del texto sobre las que se mantienen diversas posiciones- explican que me limite aquí a dar cuenta de algunos elementos esenciales que integran el Borrador con reflexiones puntuales sobre ciertos aspectos de su contenido.

Derecho de participación sobre obras de arte y Derecho sucesorio: la sentencia Dalí

En una entrada anterior me referí a las conclusiones de la Abogada General en el asunto C-518/08, Fundació Gala-Salvador Dalí. El 15 de abril el Tribunal de Justicia ha pronunciado su Sentencia en ese asunto, en la que ha seguido la propuesta de la Abogada General, en el sentido de considerar que la legislación francesa que reserva el beneficio del derecho de participación únicamente a los herederos forzosos del artista, con exclusión de los herederos y legatarios testamentarios, no atenta contra la Directiva 2001/84/CE relativa al derecho de participación; si bien el Tribunal ha añadido una referencia final a la necesidad de que el tribunal remitente ha de “tener debidamente en cuenta todas las reglas pertinentes dirigidas a resolver los conflictos de leyes en materia de atribución sucesoria del derecho de participación”. El Tribunal de Justicia, de manera razonable, no se pronuncia sobre la cuestión que resulta clave en el litigio principal, especialmente una vez aclarado que la legislación francesa no es contraria a la Directiva; en concreto, la cuestión de determinar si los beneficiarios del derecho de participación con respecto a las ventas en Francia de las obras de Dalí deben determinarse conforme a la ley francesa (que favorece la posición de los sucesores colaterales de Dalí) o conforme al Derecho español (que llevaría a considerar que el beneficiario del derecho de participación es el Estado español como heredero universal del artista).

La Digital Economy Act del Reino Unido

La semana pasada quedó definitivamente aprobada la Digital Economy Act 2010 en el Reino Unido. Su aprobación ha provocado una fuerte reacción en parte de la opinión pública británica por las circunstancias de su tramitación parlamentaria –con especial urgencia y en el periodo entre el anuncio de las próximas elecciones y la disolución del Parlamento- y, sobre todo, por su contenido. Pese a su ambiciosa denominación, el núcleo de la nueva Ley –y el objeto de la polémica- es la introducción de normas destinadas a reforzar la protección de la propiedad intelectual fundamentalmente para luchar contra el intercambio de archivos y otras actividades similares en Internet (apartados 3 a 21 de su índice). Aunque en su aplicación práctica podría llevar a resultados en buena medida similares al criterio de los tres avisos adoptado por el legislador francés, la nueva legislación británica responde al menos en parte a un modelo propio. Igualmente, aunque los objetivos perseguidos son al menos parcialmente coincidentes, los mecanismos previstos también difieren de los que se contemplan introducir en España en el marco de de la disposición final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES). Esta diversidad de mecanismos que están siendo adoptados en los Estados miembros de la UE resulta especialmente significativa, sobre todo porque pese a sus divergencias todos parten de la progresiva generalización de ciertas actividades privadas de supervisión del tráfico de la Red cuya compatibilidad con ciertas normas de Derecho comunitario, en particular sobre protección de datos personales, puede plantear dudas.

Ley aplicable al divorcio y fragmentación del DIPr de la UE

La Propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable al divorcio y la separación (el texto aún no está disponible en español) presentada hace unos días por la Comisión tiene la particularidad de que es fruto de la voluntad de diez Estados de la UE de instaurar entre ellos una cooperación reforzada que les permita adoptar reglas comunes en esa materia, por lo que se ha presentado junto con una Propuesta de Decisión del Consejo autorizando dicha cooperación reforzada entre los Estados que participan en la iniciativa (España y otros nueve Estados miembros: Austria, Bulgaria, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Rumania). Por ello, más allá de su singular valor como instrumento que propone reglas de conflicto en esa materia de gran trascendencia práctica con el propósito de unificar la regulación en una decena de Estados de la UE, esta iniciativa obliga a reflexionar sobre el significado del recurso a las cooperaciones reforzadas en el ámbito del DIPr.