La sentencia de 20 de septiembre de 2010 en el asunto Telecinco c. YouTube

Hoy se ha hecho público a través de diversos medios de comunicación el contenido de la Sentencia, fechada el pasado día 20, del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid en el litigio entre Telecinco y YouTube relativo a la pretendida infracción de derechos de propiedad intelectual como consecuencia de la difusión en este sitio de Internet de diversos videos sobre los que la parte demandante, integrada por dos sociedades del Grupo Telecinco, es titular de derechos. El objeto de esta Sentencia reviste especial interés desde la perspectiva de la regulación del régimen de responsabilidad de las actividades llevadas a cabo en ciertos servicios de la denominada Web 2.0, y en particular de ciertos modelos de negocio que giran en torno a la explotación de servicios que se basan en la difusión de contenidos introducidos por los propios usuarios del servicio.

Tercer Borrador de los Principios CLIP

Acaba de hacerse público el tercer borrador de los Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual (Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property) elaborados por el llamado Grupo Europeo Max-Planck CLIP. Este tercer Borrador recoge las modificaciones introducidas en el texto de los Principios en las últimas reuniones de trabajo del grupo, en las que se han tenido muy en cuenta las observaciones formuladas por los expertos participantes en la conferencia organizada en Munich en 2009 para debatir el segundo borrador. Además, el nuevo texto refleja cómo en los últimos meses ha sido objeto de especial atención por parte del grupo un tema de particular actualidad como es el relativo a la ley aplicable a las garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual.

Internet en la Ley de Comunicación Audiovisual

Teniendo en cuenta la evolución de la normativa comunitaria en materia audiovisual para dar respuesta a la transformación del marco tecnológico y la convergencia de medios, no puede extrañar que la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) tenga importantes consecuencias para la regulación de múltiples actividades desarrolladas a través de Internet. La complejidad de la Ley y las categorías que emplea, en parte diferentes de las utilizadas en la normativa comunitaria que traspone, no facilitan la tarea de analizar cuáles son sus implicaciones para la difusión de contenidos audiovisuales por Internet. Por ello, puede resultar de interés una primera aproximación para tratar de sintetizar esas implicaciones de una Ley que, por cierto, incluye una reforma –derogación- de un aspecto puntual de la Ley 34/2002 sobre servicios de la sociedad de la información (LSSI).

Intellectual Property in the Global Arena

Dentro de su serie Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht, la editorial Mohr Siebeck acaba de publicar el libro Intellectual Property in the Global Arena (Jurisdiction, Applicable Law, and Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US), coordinado por los profesores Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono y Axel Metzger.
El libro se encuentra dividido en cuatro partes, con los siguientes contenidos:
Part 1 Foundations
Jürgen Basedow: Foundations of Private International Law in Intellectual Property – François Dessemontet: The ALI Principles: Intellectual Property in Transborder Litigation – Paulius Jurčys and Simon Vande Walle: Summary of Discussion on Foundations
Part 2 Jurisdiction
Christian Heinze: A Framework for International Enforcement of Territorial Rights: The CLIP Principles on Jurisdiction – Shigeki Chaen, Toshiyuki Kono and Dai Yokomizo: Jurisdiction in Intellectual Property Cases: The Transparency Proposal – Paulius Jurcys, Yuko Nishitani and Simon Vande Walle: Summary of Comments and Discussion on International Jurisdiction
Part 3 Applicable Law
Axel Metzger: Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Revaluation of Territoriality – Ryu Kojima, Ryo Shimanami and Mari Nagata: Applicable Law to Exploitation of Intellectual Property Rights in the Transparency Proposal – Paulius Jurčys and Simon Vande Walle: Summary of Comments and Discussion on Applicable Law
Part 4 Recognition and Enforcement

Pedro A. de Miguel Asensio: Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles – Toshiyuki Kono, Nozomi Tada and Miho Shin: Recognition and Enforcement of Foreign Judgments Relating to IP Rights and Unfair Competition – Paulius Jurčys and Simon Vande Walle: Summary of Comments and Discussion on Recognition and Enforcement

En recuerdo de Luis Ignacio Sánchez Rodríguez

Como muestra del profundo pesar y gran impacto causado por el fallecimiento de Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, Catedrático de Derecho internacional público de la Universidad Complutense y Director del Departamento de Derecho internacional público y Derecho internacional privado de la UCM durante casi todos los años que llevo como integrante del mismo, creo que resultan de gran valor los artículos en su memoria publicados hoy en el Diario El País, por Gustavo Suárez Pertierra y por Miguel Fernández-Palacios y José Carlos Fernández Rozas.

Nueva Sentencia del TS sobre responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet

Debo completar mis dos últimas entradas haciendo referencia a una nueva Sentencia del Tribunal Supremo sobre el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento en Internet. Se trata de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 316/2010 de 18 mayo (RJ\2010\2319). En síntesis, el TS ratifica su doctrina en esta materia establecida en la TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 773/2009 de 9 diciembre (RJ\2010\131). Merece la pena destacar, no obstante, que la nueva Sentencia contribuye a ilustrar cómo el criterio del TS acerca de cuándo el prestador de servicios de alojamiento tiene conocimiento de la ilicitud es un criterio equilibrado, frente a los excesos que se observan en las decisiones de los órganos inferiores. En concreto, en este caso, una vez más relativo a la difusión de contenidos que constituyen una intromisión en el derecho al honor del demandado, la aplicación de ese criterio lleva al TS a casar la sentencia de la correspondiente Audiencia Provincial, que en este supuesto había concluido sin fundamento que el prestador de servicios de alojamiento había incurrido en responsabilidad.

Sobre el ámbito de aplicación espacial de la LSSI y la responsabilidad de los prestadores intermediarios

En la entrada anterior traté de la evolución de la jurisprudencia reciente en materia de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet, destacando cómo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 19ª) núm. 98/2010, de 3 de marzo (JUR\2010\177852) aplica el estandar establecido en la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 773/2009 de 9 diciembre (RJ\2010\131) en lo relativo a cuándo se considera que el prestador de servicios de alojamiento tiene conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita a los efectos del artículo 16 LSSI. Destacaba entonces cómo esa línea jurisprudencial representa un avance en la correcta interpretación de la LSSI que supera ciertas decisiones previas con una deficiente interpretación de la Ley, como era el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª) núm. 835/2005, de 20 diciembre (AC\2006\233). Pues bien, a través del blog de Federico Garau he conocido ahora la existencia de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª) núm. 95/2010, de 19 febrero (JUR\2010\133011), en la que merece también la pena detenerse básicamente por dos motivos: para llamar la atención nuevamente sobre las deficiencias del planteamiento que adopta en lo relativo a la determinación del conocimiento efectivo de la presencia de contenidos ilícitos (en este caso por parte de un prestador de servicios que facilita enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda en los términos del art. 17) y, desde la perspectiva internacional, porque aborda el espinoso asunto de la ley aplicable al régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación.