La República Dominicana ante el arbitraje comercial y de inversiones

El pasado 20 de abril se celebró en el Palacio Nacional de Santo Domingo una sesión de trabajo organizada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de la República Dominicana con el objeto de analizar las implicaciones de la inclusión de acuerdos de arbitraje en los contratos que ha de suscribir el Estado dominicano, el seguimiento que debe dar el Estado a la ejecución de los contratos que incluyen tales cláusulas, así como su comportamiento en relación con los procedimientos de arbitraje comercial o de inversiones en los que pueda ser parte.

Intercambio de archivos y protección de datos personales: novedades en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

Tenía pendiente desde mi anterior entrada hacer referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril en el asunto C-461/10, Bonnier. Punto de partida de su análisis es la importancia que tiene la protección de datos personales como límite  a las disposiciones específicas introducidas en los ordenamientos de varios países de la Unión Europea para proteger los derechos de propiedad intelectual frente a sistemas de intercambio de archivos u otras vías utilizadas supuestamente para la infracción de tales derechos en Internet. La aplicación efectiva de esos mecanismos legales presupone el tratamiento (y la comunicación) de datos personales de los supuestos responsables de las infracciones o incluso de otros usuarios en general cuyas actividades puedan ser determinantes para apreciar la  infracción de tales derechos. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-461/10, Bonnier, aborda precisamente en relación con la legislación sueca los límites dentro de los cuales la autoridad judicial en el marco de un proceso civil por infracción de la propiedad intelectual puede requerir a prestadores de servicios de intermediación que proporcionen los datos de tráfico que puedan conducir a la identificación de los usuarios de sistemas de intercambio de archivos que los han utilizado para la supuesta infracción de derechos.

Competencia judicial e infracción de derechos de propiedad industrial en Internet: la sentencia Wintersteiger y el uso de las adwords de Google

Dos sentencias pronunciadas anteayer -19 de abril- por el Tribunal de Justicia merecen sendas entradas en este blog: las relativas a los asuntos C-523/10, Wintersteiger y C-461/10, Bonnier Audio. De momento, dedicaré esta entrada a la primera, reservando la segunda –relativa a un asunto al que ya me referí con motivo de las conclusiones del Abogado General- para una entrada posterior. El interés de la sentencia en el asunto Wintersteiger se encuentra en que aborda el significado del fuero “del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso” en el entorno virtual, aportando ciertas precisiones en lo relativo a la concreción a esos efectos del “lugar donde se ha producido el daño” así como, muy especialmente, del “lugar del hecho causal” como elementos atributivos de competencia a los tribunales de los Estados miembros del Reglamento 44/2001 (Reglamento Bruselas I) en los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial mediante actividades desarrolladas a través de Internet.

Mejor bitácora jurídica 2011

Como no me resulta posible hacerlo personalmente en el acto previsto para hoy en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, quería expresar mi agradecimiento a los lectores de “Derecho en red” y a los miembros del jurado de su premio a la mejor bitácora jurídica 2011 por haber concedido dicho premio a este blog. En los últimos años se ha asistido a un importante desarrollo de los blogs en el ámbito jurídico, que constituyen ahora una importante fuente no sólo de información sino también de opinión y análisis, en un proceso en continua expansión. Mi agradecimiento por el premio va a unido a la convicción de que entre esos blogs hay otros que lo hubieran merecido con mayor motivo. Por todo ello animo a los promotores a continuar con esta iniciativa en el futuro.

Aplicación de la normativa sobre juego y medidas de cesación en Internet

Los recientes autos sobre medidas cautelares adoptados por el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid con respecto a la cesación de ciertas actividades de apuestas en línea –en particular, autos de 15 de diciembre de 2011 (JUR\2012\44093) y de 23 de febrero de 2012 (JUR\2012\96245)- revisten interés no sólo en relación con la tradicional falta de aplicación efectiva de las normas españolas de ese sector a las actividades desarrolladas en Internet sino también desde la perspectiva del potencial de la normativa de competencia desleal para poner fin a actividades supuestamente ilícitas así como de las medidas judiciales relevantes para conseguir la cesación de determinadas actividades –en concreto, la comercialización de ciertos servicios- a través de Internet.

Modificación de la LSSI por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo

            El Boletín Oficial del Estado en su edición de hoy recoge las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, en la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). El Real Decreto-Ley tiene un objeto muy amplio, en gran medida alejado de la regulación de los servicios de la sociedad de la información, pues, como indica su título, transpone directivas y adopta otras medidas en materia de electricidad y gas, pero también traspone directivas en materia de comunicaciones electrónicas. Habida cuenta del tiempo transcurrido desde que se agotó su plazo de transposición sin que esta se haya llevado a cabo, el Gobierno ha optado por incluir en este Real Decreto-ley la transposición del marco regulador en materia de comunicaciones electrónicas contenido en la Directiva 2009/136/CE (derechos de los ciudadanos), la Directiva 2009/140/CE (mejor regulación), en lugar de tramitar un proyecto de Ley de modificación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (LGT) y de la LSSI. Ahora bien, en esta materia el contenido del Real Decreto-ley, que entra en vigor mañana, coincide de manera sustancial con el del Proyecto de Ley de modificación de la LGT (y la LSSI) de mayo de 2011, por lo que cabe en gran medida reiterar lo ya dicho en relación con ese proyecto de Ley en una entrada anterior de este blog. Aunque el Real-Decreto-ley lleva a cabo una reforma de amplio alcance de la LGT, que afecta a aspectos de especial trascendencia con respecto a la prestación de servicios de Internet, como los nuevos artículos 34 (protección de los datos de carácter personal), 36 bis (integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas) y 38 (derechos de los consumidores y usuarios finales) LGT; me voy a referir ahora a las modificaciones que introduce en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), entre las que destaca la exigencia del consentimiento de los usuarios en relación con el empleo en sus ordenadores de archivos o programas informáticos como las llamadas cookies.

Infracción de derechos y demandas frente a responsables de sitios de Internet cuyo domicilio se desconoce

El carácter virtual de Internet y las características de los servicios a través de los cuales se difunden contenidos en la Red puede dificultar o incluso hacer imposible en ocasiones la determinación del domicilio de aquel a quien se pretende demandar, lo que puede supone un obstáculo para el desarrollo de los procesos en particular en situaciones que presentan un carácter transnacional como es característico del entorno de Internet. La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia, en el asunto C‑292/10, G, incluye consideraciones acerca de la aplicación de las normas de competencia judicial internacional, la posibilidad de adoptar decisiones en rebeldía y la eventual aplicación del criterio de origen en relación con ese tipo de situaciones, en relación con un litigio por la supuesta lesión de los derechos de la personalidad por la publicación de fotografías en Internet.