Precisiones acerca de la competencia para adoptar medidas provisionales en litigios sobre dibujos y modelos comunitarios

            En su reciente sentencia en el asunto Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, C-678/18, EU:C:2019:998, el Tribunal de Justicia ha venido a confirmar que el artículo 90.1 del  Reglamento (CE) n.º 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC), relativo a medidas provisionales y cautelares, no es (solo) una norma de competencia judicial internacional sino que resulta determinante (también) de la competencia en el ámbito interno. Con respecto a la dimensión internacional, su último inciso se corresponde con el modelo del artículo 35 Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis, en el sentido de que se limita a permitir la solicitud de tales medidas ante los tribunales de Estados miembros distintos a los competentes para conocer sobre el fondo. Con respecto a la dimensión interna, el Tribunal de Justicia ha venido a confirmar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 90.1 RDC los Estados miembros no pueden limitar la competencia para adoptar medidas provisionales o cautelares respecto de un dibujo o modelo comunitario de modo que impida a la parte interesada solicitar tales medidas ante tribunales que lo sean para adoptarlas respecto de los dibujos y modelos nacionales. La respuesta resulta coherente con el contenido literal y el contexto de la norma interpretada. Tiene interés hacer una breve referencia a la argumentación de la sentencia, en la que el Tribunal sigue estrechamente el planteamiento del Abogado General en sus conclusiones, así como al significado de la sentencia en el contexto más amplio de los litigios sobre otras modalidades de derechos de propiedad industrial.

Límites a la aplicación de la lex fori concursus en demandas interpuestas por un administrador concursal

               La delimitación entre el ámbito de aplicación del Reglamento de Insolvencia y el de otros instrumentos de DIPr de la Unión ha merecido en los últimos años una atención muy especial del Tribunal de Justicia en lo relativo a la interacción del régimen de competencia judicial internacional del Reglamento de Insolvencia con el establecido en el Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis (RBIbis). Como es conocido, esa jurisprudencia incluso se ha proyectado sobre la introducción en el texto del Reglamento de Insolvencia tras su revisión –Reglamento (UE) 2015/848- de algunas de las conclusiones alcanzadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La sentencia de hoy del Tribunal de Justicia en el asunto CeDe Group AB, C-198-18, EU:C:2019:1001, además de confirmar su jurisprudencia previa acerca del ámbito de aplicación de las reglas de competencia judicial internacional del artículo 3 del Reglamento de insolvencia y su delimitación respecto de las normas del RBIbis, presenta el interés de que aborda la delimitación de las norma general sobre ley aplicable establecida en el artículo 4 del Reglamento de Insolvencia. En virtud de esa disposición, en principio la Ley aplicable “al procedimiento de insolvencia y a sus efectos” es la del Estado de apertura de dicho procedimiento. En síntesis, en la nueva sentencia el Tribunal de Justicia establece que el mero hecho de que un administrador concursal haya interpuesto una demanda no es determinante para apreciar que está comprendida dentro del alcance del artículo 4 del Reglamento de insolvencia. Únicamente si la demanda interpuesta por el administrador concursal puede ser considerada “la consecuencia directa e indisociable” del procedimiento de insolvencia cabe entender que se halla comprendida en la expresión “al procedimiento de insolvencia y sus efectos” del artículo 4, de modo que la ley aplicable será la del Estado miembro de apertura del concurso. En caso contrario, será preciso estar a lo dispuesto en la ley designada por la regla de conflicto que resulte aplicable en relación con la cuestión controvertida en la demanda.

Responsabilidad de intermediarios de Internet: práctica judicial reciente y futura

          Entre los casos recientes a nivel nacional en materia de responsabilidad de prestadores de servicios de alojamiento de contenidos en Internet pocos han tenido tanta repercusión en los medios como uno relativo a Tripadvisor, por lo que puede resultar de interés hacer una referencia a la sentencia en ese asunto del pasado 18 de septiembre (accesible, por ejemplo, desde esta página) y su significado en el contexto del régimen de limitación de responsabilidad de los intermediarios en nuestro ordenamiento. Desde esta perspectiva, al hilo de esa sentencia tiene interés reflexionar acerca de la función de las normas en esa materia y el elemento tradicionalmente clave en buena parte de la práctica judicial sobre las mismas, como es el relativo a la apreciación de cuándo concurre el “conocimiento efectivo” de la ilicitud de los contenidos alojados por terceros, a los efectos del artículo 14 de la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico (DCE) o de su transposición en el artículo 16 de la Ley 34/2002 sobre servicios de la sociedad de la información (LSSI). Al margen de esa sentencia, resulta de interés reseñar que, de cara al futuro, en relación con determinados servicios de especial trascendencia social, como redes sociales y plataformas para la difusión de contenidos por sus usuarios, presenta además singular relevancia la delimitación del concepto mismo de “intermediario” –presupuesto de la eventual aplicación del régimen privilegiado de limitación de responsabilidad-, como reflejan ciertas cuestiones prejudiciales pendientes ante el Tribunal de Justicia.

Comercialización de fondos de inversión y prestación de servicios en línea: avances en la interpretación del Reglamento Roma I

           En relación con la interpretación del Reglamento 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (RRI), la sentencia del Tribunal de Justicia Verein für Konsumenteninformation, C-272/18, EU:C:2019:827, resulta de interés básicamente en tres ámbitos. Por una parte, al hilo de ciertos contratos fiduciarios relativos a inversiones en fondos constituidos como sociedades comanditarias en las que los inversores participan como socios, la sentencia aborda la delimitación entre las reglas de conflicto en materia de obligaciones contractuales (establecidas en el RRI y antes en el Convenio de Roma de 1980) y las reglas de conflicto en materia societaria (no unificadas en el seno de la UE). En el litigio en el asunto principal ante los tribunales austriacos, la lex societatis es el Derecho alemán, en la medida en que el fondo de inversión en cuestión se había constituido en forma de sociedad comanditaria sujeta al Derecho alemán. Los contratos de comercialización incluían una cláusula de elección del Derecho alemán como aplicable al contrato, sin embargo la asociación de consumidores demandante pretende la declaración de abusividad de esa cláusula y la aplicación a los aspectos contractuales del Derecho austriaco, en relación con los consumidores residentes en Austria a los que se había comercializado el fondo de inversión. De ahí la importancia en este caso de la clasificación como contractual o societaria a esos efectos de las cuestiones controvertidas. En este marco, el segundo ámbito en el que la sentencia resulta de interés es el relativo a la calificación de esos contratos fiduciarios de inversión como contratos de prestación de servicios a los efectos del RRI (y eventualmente también del RBIbis). Por último, en esta sentencia el Tribunal aborda por primera vez una cuestión de especial relevancia en el ámbito del llamado comercio electrónico directo, en el que los servicios se prestan en línea, como es la relativa al alcance de la exclusión del régimen de protección de los contratos de consumo del artículo 6 RRI, de aquellos contratos de prestación de servicios en los que “los servicios deban prestarse al consumidor, exclusivamente, en un país distinto de aquel en que el mismo tenga su residencia habitual” (artículo 6.4.a RRI).

National Court Systems and Uniform Application of European Private International Law

    Se ha publicado recientemente el libro How European is European Private International Law? (Sources, Court Practice, Academic Discourse), J. von Hein, E.M. Kieninger y G. Rühl (eds.), Cambridge, Intersentia, 2019, que recoge las ponencias del Congreso que bajo el mismo título se celebró en Berlín en 2018.

      El texto de mi contribución, titulada “National Court Systems and Uniform Application of European Private International Law”, está accesible en el repositorio institucional EPrintsUCM.

Instrumentos financieros, mercado FOREX y cláusulas de jurisdicción: protección de consumidores

          La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-208/18, Petruchová, EU:C:2019:825 resulta de interés en la media en que contiene precisiones adicionales acerca de la inclusión de litigios relativos a instrumentos financieros dentro de la categoría “contratos celebrados por los consumidores” a efectos de los artículos 17 a 19 del Reglamento (UE) 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis. En síntesis, junto a la confirmación de que también en el ámbito financiero una persona física que actúa al margen e independientemente de toda actividad profesional –cualesquiera que sean, entre otros elementos, las cuantías implicadas y la frecuencia de su actuación- se beneficia en principio de la consideración como consumidor a los efectos del RBIbis, la aportación fundamental de la nueva sentencia es que esa categoría puede abarcar instrumentos financieros excluidos del ámbito de aplicación de la norma sobre protección de consumidores del Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a los contratos (art. 6 RRI ), incluso en situaciones en las que la persona física implicada tiene la consideración de “cliente profesional” y no de “cliente minorista” a los efectos de la Directiva 2004/39 relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Alcance de los mandamientos judiciales de retirada de contenidos ilícitos frente a redes sociales: la sentencia Glawischnig-Piesczek

Entre las varias sentencias pronunciadas ayer por el Tribunal de Justicia de especial interés en relación con las cuestiones tratadas en este blog, cabe destacar, en primer lugar, su sentencia en el asunto C-18/18, Glawischnig-Piesczek,  EU:C:2019:821, al que ya dediqué dos reseñas –aquí y aquí- en relación con las conclusiones del Abogado General (AG). Aunque en los medios de comunicación la sentencia parece haber tenido especial repercusión en lo relativo al complejo aspecto de la posibilidad de adoptar medidas de supresión de alcance mundial, sus principales aportaciones concretas se centran en la interpretación de los límites sustantivos (y no tanto territoriales) a las obligaciones de supervisión de contenidos de terceros que cabe imponer a los prestadores de servicios de alojamiento, como las redes sociales, en el marco del artículo 15 de la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico (DCE). Como es conocido, pese a que el artículo 15 DCE no tuvo reflejo en la Ley 34/2002 (LSSI), su interpretación resulta también determinante de la aplicación de las exenciones de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios previstas en dicha Ley. Dividiré esta reseña –basada en gran medida en los dos comentarios anteriores sobre este asunto- en tres apartados.