Hoy ha hecho pública el Tribunal
de Justicia su esperada sentencia en
el asunto C‑173/11,
Football Dataco, que constituye una
notable aportación en lo relativo a la determinación del lugar de infracción de
los derechos de propiedad intelectual (en este caso, el derecho sui generis sobre una base de datos),
como elemento determinante tanto de la competencia judicial internacional con
base en el artículo 5.3 Reglamento Bruselas I como de la ley aplicable en
virtud de lo previsto en el artículo 8.1 Reglamento Roma I. La sentencia, de la
que, como es habitual se ha hecho eco inmediatamente en su blog Federico Garau, tiene su origen en la cuestión prejudicial
planteada por Court of Appeal (England
& Wales) (Civil Division) (Reino Unido) en el marco de un litigio entre
las demandantes (Football Dataco y
otros), sociedades supuestamente titulares según el Derecho del Reino Unido de
un derecho sui generis sobre una base
de datos relativa a partidos de fútbol mientras se encuentran en curso de
celebración, frente a una sociedad alemana (Sportradar)
que difunde en directo, por Internet, los resultados y otras estadísticas
referidas, entre otros, a los encuentros de fútbol de la liga inglesa y entre
cuyos clientes se encuentran sociedades que ofrecen servicios de apuestas
destinados al mercado del Reino Unido. Con posterioridad a la demanda
presentada por Football Dataco y
otros ante los tribunales ingleses, Sportradar
demandó a Football Dataco y otros
ante los tribunales alemanes con la pretensión de que se declarase que sus
actividades no vulneran los derechos de Football Dataco. El aspecto clave de la
cuestión prejudicial tiene que ver con cómo se localiza el lugar (o lugares) de
infracción de los derechos de propiedad intelectual cuando la infracción deriva
de actos en los que el supuesto infractor introduce en un servidor situado en
el Estado miembro de su residencia -Alemania- información que envía a los
ordenadores de los usuarios de sus servicios situados en otro Estado miembro
–Reino Unido-. El Tribunal de Justicia pone de relieve cómo la precisión de
ese lugar (o lugares) resulta clave para determinar el tribunal competente en
el marco del artículo 5.3 Reglamento Bruselas I(en este caso, si lo son los
tribunales del Reino Unido) así como la ley aplicable en virtud del artículo
8.1 Reglamento Roma II (en este caso si lo es la británica), aspecto este
último que continúa siendo de interés en el marco intracomunitario habida
cuenta de que la Directiva 96/9/CE se limita a armonizar la legislación sobre
base de datos pero no implica una plena unificación en la materia.
Pedro de Miguel Asensio
jueves, 18 de octubre de 2012
VII Seminario de Derecho internacional privado de la UCM
Acabamos de
convocar una nueva edición del
Seminario internacional de Derecho internacional privado que venimos celebrando
en los últimos años en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid. En esta ocasión está previsto que el Seminario se celebre los días
jueves 11 y viernes 12 de abril de 2013.
Los
detalles de la convocatoria figuran en la carta que se reproduce a
continuación.
jueves, 11 de octubre de 2012
Alcance de la copia privada y configuración de las medidas antipiratería contra los prestadores intermediarios
La extensión de los
derechos de autor y derechos conexos y la configuración de los mecanismos
que permiten a sus titulares exigir su observancia a terceros resultan
cuestiones esenciales en el debate actual acerca del desarrollo de la sociedad
de la información. En este contexto, la concreción de ciertos límites a la
propiedad intelectual así como la necesidad del equilibrio entre derechos
fundamentales como condicionante de la configuración y alcance de las medidas
para la tutela de la propiedad intelectual en el entorno digital han adquirido
particular importancia. De cara a la evolución de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia sobre el particular puede tener particular trascendencia
la petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) en el asunto C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin FilmVerleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GMBH, publicada en el Diario
Oficial el pasado día 6.
VI Congresso de Direito de Autor e Interesse Público
Organizado
por el Grupo de Estudios de Direitos Autorais e Informaçao de la Universidad Federal
lunes, 1 de octubre de 2012
Segunda edición de Derecho internacional privado: Textos y Materiales
Recientemente ha sido publicada la segunda edición de la obra Derecho internacional privado: Textos y Materiales, Thomson-Reuters
Civitas, 2012. La nueva edición responde a una actualización del contenido de
la obra en línea con la rápida evolución de nuestro sistema de Derecho
internacional privado, incorporando un conjunto numeroso de textos, algunos de
gran trascendencia, producidos desde la edición anterior, pero sin aumentar la
extensión de la obra.
lunes, 24 de septiembre de 2012
Responsabilidad de los proveedores de alojamiento: notificación y conocimiento efectivo de la ilicitud
Es bien conocido que una de las
principales carencias de la Directiva 2000/31 de comercio electrónico (DCE) y
de la Ley 34/2002 (LSSI) que la incorpora al Derecho español es su falta de
precisión en el régimen de responsabilidad de los intermediarios. Tal falta de
precisión se proyecta en inseguridad sobre cuándo cabe entender que los
prestadores intermediarios (como los proveedores de alojamiento) tienen
conocimiento efectivo de la presencia de contenidos ilícitos (lo que puede ser
determinante de que no se beneficien de las limitaciones específicas de
responsabilidad como la establecida en el art. 14 DCE o 16 LSSI para los
proveedores de alojamiento); los medios para comunicarles de manera efectiva la
presencia de contenidos ilícitos en sus servicios, incluido el posible
establecimiento de procedimientos de “detección y retirada”; así como la
eventual imputación de responsabilidad tras la retirada del contenido” (cuestiones
sobre las que la eventual conveniencia de una reforma fueron ya recogidas en el
propio art. 21.2 DCE). A la espera de que la Comisión haga públicos los
resultados de su reciente consulta pública sobre este tema cabe volver sobre el mismo al hilo de los comentarios formulados por el
Supervisor Europeo de Protección de Datos en el marco precisamente de esa
consulta, publicados el 13 septiembre, así como de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo núm.
41/2012 del pasado 1 de junio que se pronuncia acerca de la responsabilidad
civil solidaria del administrador de un foro de Internet por los comentarios
injuriosos de un usuario.
miércoles, 12 de septiembre de 2012
Evolución normativa en materia de firma electrónica, identificación electrónica y servicios de confianza para las transacciones electrónicas
En pocos sectores de lo que puede
llamarse Derecho de Internet la elaboración en el seno de la UE de un complejo marco
normativo creado al hilo del desarrollo de la sociedad de la información ha
resultado tan poco operativo en la práctica como en el ámbito de las firmas
electrónicas. Esa situación es la consecuencia en buena medida de que la
orientación y el contenido de la normativa de armonización adoptada mediante la Directiva 1999/93/CE
determinaron que los mecanismos de firma electrónica típicamente utilizados en
el ámbito del comercio electrónico prácticamente no fueran objeto de atención
legislativa así como que otros posibles mecanismos tecnológicos relevantes para
aportar seguridad al comercio electrónico quedaran al margen de ese régimen
legal. Asimismo, las dificultades de aplicación o el carácter innecesario de
ciertos requisitos legales, la inadecuación de algunas de las limitaciones
previstas, o el carácter inviable de ciertos elementos básicos de la normativa
existente hacen que el anuncio de su revisión –que tuvo lugar ya el pasado
junio- constituya una noticia reseñable. Ciertamente, la Propuesta de Reglamento
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior presentada por la Comisión - COM(2012) 238final- y llamada a derogar la
Directiva 1999/93/CE contempla una profunda transformación de
la legislación de la
Unión Europea en este ámbito.
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