lunes, 28 de septiembre de 2015

El texto en inglés de las nuevas normas de competencia internacional y las traducciones del Derecho español

        Para el volumen de textos legales de la European Encyclopedia of Private International Law, obra que coedito con Jürgen Basedow, Giesela Rühl y Franco Ferrari, y cuya publicación, con la participación de más de 190 autores de alrededor de 60 países, está prevista próximamente en la editorial Edward Elgar, he realizado una traducción de las nuevas normas españolas de Derecho internacional privado, aprobadas este verano. Estas traducciones dan pie a varias reflexiones. Primero, que aunque en los últimos años se hayan realizado ciertos avances en la puesta a disposición por el Gobierno de traducciones oficiales al inglés (y francés) de ciertas leyes españolas, es de lamentar que una traducción oficial al inglés de textos tan relevantes para los operadores jurídicos –españoles en el marco de su actividad internacional pero también extranjeros- no esté disponible con rapidez a través de Internet. Segundo, si bien la traducción al inglés de estos textos se ve facilitada porque buena parte de las nuevas normas españolas están construidas sobre la base de disposiciones de reglamentos de la UE o normas de convenios internacionales disponibles en inglés, la comparación permite apreciar cómo en ocasiones el alejamiento del texto de referencia sólo parece responder al ánimo (cabe pensar que no justificado) de evitar la mera reproducción literal, mientras que en otras se reproducen elementos de una norma que carecen de justificación en reglas del sistema de fuente interna. Más allá de las observaciones que ya hice en una entrada previa sobre las nuevas normas de competencia judicial internacional, esta nueva lectura de las normas de la LOPJ permite apreciar que entre ellas se encuentran algunas tan desafortunadas –tal vez pendientes de una corrección de errores- que es de prever que el lector de una traducción pueda pensar que su contenido responde a algún error de traducción.

jueves, 24 de septiembre de 2015

De nuevo sobre el control de los comentarios y contenidos de terceros en servicios de Internet

             Hace ya casi dos años destaqué aquí la importancia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) en el asunto Delfi c. Estonia, cuando se hizo pública. Cabe recordar que el asunto iba referido a un supuesto en el que el titular de un portal de Internet había sido considerado por los tribunales estonios civilmente responsable frente a la víctima de comentarios difamatorios que terceros habían introducido en sus servicios, pese a que el titular del portal había previamente establecido –y aplicado- medidas significativas tendentes a la rápida supresión de esos comentarios en su portal, y además los comentarios difamatorios introducidos por terceros iban referidos a un artículo periodístico publicado por el portal cuyo contenido se consideraba apropiado y no lesivo de los derechos de la víctima Pese a estas circunstancias, la sentencia inicial del TEDH desestimó la reclamación del titular del portal, al considerar la actuación de los tribunales estonios conforme con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y establecer, en particular, que no se produjo una violación del derecho a la libertad de expresión e información (art. 10 CEDH) del portal al considerarlo responsable en relación con los comentarios difamatorios introducidos por los terceros. Habida cuenta de que la sentencia de la Gran Sala recaída recientemente en este asunto ha confirmado plenamente el pronunciamiento previo, puede resultar de interés reiterar el significado de esta jurisprudencia del TEDH, en un contexto en el que la Comisión europea pretende impulsar de nuevo el eventual desarrollo de las normas sobre responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información intermediarios, pendiente en el ámbito de la UE desde la adopción de la Directiva sobre comercio electrónico en el año 2000.

martes, 15 de septiembre de 2015

Responsabilidad de administradores sociales: cuestiones de competencia internacional

           Aunque condicionada por el particular contenido del ordenamiento neerlandés, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre en el asunto Holterman resulta de singular interés acerca de los aspectos de competencia judicial internacional que se pueden plantear en relación con la responsabilidad de una persona como administradora de una sociedad. En concreto, en el litigio principal un administrador social había sido “demandado por una sociedad no sólo en su condición de administrador, por desempeñar incorrectamente sus funciones o por actuar ilícitamente, sino también, con independencia de tal condición, por incurrir en dolo o imprudencia consciente en el cumplimiento del contrato de trabajo celebrado con dicha sociedad” (ap. 29 de la sentencia Holterman). Entre los aspectos que el Tribunal aborda se encuentra la delimitación del alcance de los fueros de protección del trabajador en tales situaciones, así como la aplicación y concreción del lugar de ejecución del contrato y del lugar del daño como criterios atributivos de competencia, de gran importancia práctica en la medida en que pueden facilitar que la demanda frente al administrador se presente ante un tribunal que no sea el de su domicilio.

lunes, 14 de septiembre de 2015

Un par de contribuciones sobre propiedad intelectual

          Entre los estudios recientes que he depositado en el repositorio EPrints UCM,  dos de los referidos a aspectos de la propiedad intelectual han sido publicados en medios de difícil acceso desde España. En concreto, son los artículos “El lugar del daño como fundamento de la competencia internacional en los litigios sobre derechos de autor”, Estudos de Direito Intelectual (En Homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão), Coimbra, Almedina, 2015,  pp. 511-530; y “La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea”, Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, 2015,  pp. 117-154.