Descompilación de programas de ordenador y corrección de errores

 

                En la interpretación de la normativa de derechos de autor sobre programas de ordenador una cuestión tradicionalmente controvertida es el alcance de la posibilidad por parte del adquirente del programa de proceder a su descompilación para la corrección de errores, aspecto condicionado por la eficacia de la eventual inclusión de disposiciones sobre el particular en el contrato. Como es conocido, entre los derechos exclusivos atribuidos al titular se encuentran los de reproducción y transformación del programa -arts. 4.1.a) y b) Directiva 2009/24/CE (previamente Directiva 91/250) y art. 99 TRLPI-, lo que implica que la descompilación por el adquirente sea solo posible sin autorización del titular cuando concurra alguno de los límites a tales derechos –arts. 5 y 6 de la Directiva y art. 100 TRLPI-, entre los que se encuentra la eventual corrección de errores. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Top System, C-13/20, EU:C:2021:811 confirma, en primer lugar, que la descompilación –consistente básicamente en la obtención de un «casi código fuente» a partir del código objeto del programa, apdos. 37 y 38 de la sentencia (con respecto a la caracterización de la descompilación resultan particularmente ilustrativos los apdos. 39 a 41 de las conclusiones del Abogado General Szpunar, EU:C:2021:193)-, supone la realización de actos de reproducción y traducción de la forma del programa comprendidos en el ámbito de los derechos exclusivos del autor antes mencionados (apdos. 39 y 40 de la sentencia). Asimismo, la sentencia avala el criterio ampliamente extendido de que el adquirente legítimo de un programa de ordenador puede tener la posibilidad de descompilarlo con base en el límite relativo a la corrección de errores, sin que la inclusión en el artículo 6 de la Directiva de un límite sobre descompilación referido específicamente a los casos en los que se realiza con fines de interoperabilidad pueda desvirtuar esa conclusión (apdos. 48 a 53). Ahora bien, las aportaciones más significativas de la sentencia se encuentran en lo relativo a la concreción de los requisitos que debe cumplir el adquirente legítimo de un programa de ordenador que desee descompilarlo con el fin de corregir los errores que afecten a su funcionamiento, y, en particular, en lo que concierne a las implicaciones de que tal límite esté previsto en la legislación “salvo que existan disposiciones contractuales específicas”. Se trata, por tanto, de aspectos de singular relevancia de cara a la configuración de los contratos de explotación de programas de ordenador.

El suministro de software mediante descarga como venta de mercancías

         La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto The Software Incubator, C-410/19, EU:C:2021:742 vuelve sobre la recurrente cuestión de la consideración del suministro de software de forma electrónica como venta de mercaderías cuando se acompaña de una licencia perpetua de uso. En la medida en que la sentencia va referida específicamente a la interpretación del término venta o compra de “mercancías” en el artículo 1 de la Directiva 86/653/CEE sobre los agentes comerciales, la respuesta afirmativa dada por el Tribunal de Justicia tiene escasa relevancia desde la perspectiva del Derecho español, más allá de confirmar la coherencia con los objetivos de la Directiva del criterio amplio acogido por el legislador español al trasponerla. En todo caso, al margen de ese dato la sentencia se presta a alguna reflexión adicional acerca del tratamiento de los contratos de suministro de contenidos mediante descarga en el Derecho de la Unión.

El TEDH y la responsabilidad por comentarios de terceros en redes sociales

 

             En su reciente sentencia en el asunto Sánchez c. Francia, nº 45581/15, el TEDH vuelve a abordar la interacción entre el régimen de responsabilidad de los intermediarios de Internet por los contenidos de terceros y el alcance del derecho a la libertad de expresión (art. 10 CEDH). La nueva sentencia reafirma la vigencia del criterio adoptado por el Tribunal en el asunto Delfi (aquí y aquí), si bien lo hace en relación con un supuesto con ciertas diferencias significativas. Entre otras, en el nuevo asunto el intermediario cuya responsabilidad se establece no es un portal de noticias que permite que sus usuarios formulen comentarios en relación con los contenidos publicados sino un político usuario de Facebook que mantiene libremente accesible al público su muro de Facebook y, en concreto, ciertos comentarios lesivos incluidos ahí por terceros. Además, a diferencia del asunto Delfi, relativo al ejercicio de acciones civiles, en el asunto Sánchez los tribunales franceses habían establecido la responsabilidad penal del intermediario tras apreciar que se trataba de contenidos de incitación al odio frente a ciertos grupos de personas por su origen étnico o su adscripción religiosa. En todo caso, con respecto a este último aspecto cabe recordar que en nuestro ordenamiento las normas sobre limitación o excepción de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos –art. 14 Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico y art. 16 Ley 34/2002 (LSSI)- tienen carácter horizontal y se proyectan tanto sobre la responsabilidad civil como la penal, sin perjuicio de que cuando el “puerto seguro” no resulte aplicable el régimen de responsabilidad en uno y otro ámbito difieran.

Contratos de consumo y litigación internacional: alcance del régimen de protección

                La principal aportación de la sentencia pronunciada hoy por el Tribunal de Justicia en el asunto Commerzbank, C-296/20, EU:C:2021:784, es establecer que el artículo 15.1.c) del Convenio de Lugano -art. 17.1.c) del Reglamento Bruselas I bis-, que subordina la aplicación del régimen de protección en materia de contratos de consumo a que la empresa ejerza actividades comerciales o por cualquier medio las dirija al Estado miembro del domicilio del consumidor, no impide que ese régimen de protección resulte de aplicación a todo contrato de consumo celebrado por partes domiciliadas en el mismo Estado contratante cuando el consumidor haya trasladado posteriormente su domicilio a otro Estado contratante, incluso si el comerciante no ejerce ni dirige sus actividades comerciales al Estado en cuestión. Este último inciso es el que refleja la verdadera aportación de la sentencia. Como puso de relieve el Abogado General Campos Sánchez-Bordona en el apartado 39 de sus conclusiones EU:C:2021:733 (sobre las mismas, vid. aquí y aquí), lo que estaba en juego era determinar el alcance de un régimen protección que acarrea gravosas consecuencias al comerciante “cuando se ve sorprendido por un cambio de domicilio del cliente, con el que no contaba o no podía prever”.

Demandas frente a actos de competencia desleal (denigración) e intromisión en el derecho al honor por Internet: perspectivas de evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

 

               El asunto  C‑251/20, Gtflix Tv, sobre el que ayer presentó sus conclusiones el Abogado General Hogan, EU:C:2021:745, dará al Tribunal de Justicia la oportunidad de pronunciarse nuevamente acerca de un ámbito en el que su jurisprudencia previa es objeto de particular controversia, como es el relativo a la interpretación del fuero del lugar del daño (art. 7.2 Reglamento 1215/2012 o RBIbis) respecto de actividades en línea. En todo caso, el planteamiento en este asunto de la cuestión prejudicial por la Cour de cassation –que rechazó expresamente plantearla con respecto a la competencia para conocer de las pretensiones relativas a la “inaccesibilidad” solo en Francia de los contenidos controvertidos (véase el apdo. 11 del documento de trabajo preparatorio del Tribunal sobre este asunto)- y las conclusiones del AG ahora reseñadas se hallan condicionadas por la especial relevancia atribuida en ciertos análisis doctrinales, así como en conclusiones anteriores de Abogados Generales, a la conveniencia de que el Tribunal de Justicia abandone el llamado criterio del mosaico (planteamiento a los que me referí críticamente, entre otros lugares, aquí y aquí). Desde esa perspectiva, cabe apreciar que las nuevas conclusiones representan, en primer lugar, una evolución con respecto a conclusiones previas de Abogados Generales que instaban al Tribunal de Justicia con carácter general a abandonar el lugar de manifestación del daño como criterio atributivo de competencia respecto de infracciones en línea (apdo. 79), y, en segundo lugar, se propone ahora una evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que supere las deficiencias que en ciertos ámbitos derivan de su controvertido enfoque acerca de que la mera accesibilidad de contenidos en un Estado miembro resulta suficiente para considerar ese territorio como lugar de manifestación del daño a los efectos del artículo 7.2 RBIbis (necesidad de evolución con matices a la que ya me referí, por ejemplo, aquí y también aquí, aquí o aquí). Se trata, en general, de un planteamiento que en su resultado debe ser valorado positivamente. Ahora bien, las conclusiones son también ilustrativas de cómo, incluso si el Tribunal de Justicia llega a realizar aportaciones acerca de que la mera accesibilidad en un territorio del contenido lesivo no es suficiente con carácter general –en particular cuando el litigio no va referido a la infracción de derechos territoriales (como los de propiedad intelectual) en el foro- para apreciar que ahí se localiza “el lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso” a los efectos del artículo 7.2 RBIbis, se trata de un ámbito en el que subsistirán importantes dificultades interpretativas.

De nuevo sobre la neutralidad de Internet y las implicaciones de la prohibición de las “tarifas cero”

 

               Un año después de su anterior pronunciamiento sobre el artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta, que es la norma básica sobre neutralidad de la Red en el Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia ha vuelto a abordar la aplicación de esta norma. En concreto, lo ha hecho en las tres sentencias de contenido prácticamente idéntico adoptadas ayer en los asuntos Vodafone, C-854/19, EU:C:2021:675; Vodafone, C-5/20, EU:C:2021:676; y Telekom Deutschland, C-34/20, EU:C:2021:677. En realidad las nuevas sentencias no constituyen una aportación significativa con respecto a la de 15 de septiembre de 2020 en los asuntos acumulados C‑807/18 y C‑39/19, Telenor Magyarország, EU:C:2020:708. Ciertamente en aquella ocasión, como reseñé aquí, el Tribunal de Justicia había estableció ya la incompatibilidad de las “tarifas cero” con los apartados 2 y 3 del mencionado artículo 3. Cabe recordar que, en los términos en los que aparece definido en las tres nuevas sentencias una “tarifa cero” es “una práctica comercial mediante la cual un proveedor de acceso a Internet aplica una «tarifa cero» o más ventajosa a la totalidad o a una parte del tráfico de datos asociado a una aplicación o a una categoría de aplicaciones específicas, propuestas por socios de dicho proveedor de acceso.” El caso típico es el de las tarifas que contemplan que ciertas aplicaciones y servicios de Internet –normalmente, algunos de los más populares- pueden utilizarse sin restricciones una vez consumido el volumen de datos contratado, de modo que una vez alcanzado ese límite esas aplicaciones y servicios son las únicas a las que no se aplican medidas de bloqueo o de ralentización del tráfico.

Towards A More Predictable Legal Framework for Cross-Border Intellectual Property Disputes: Digital Encounter on the ILA-Kyoto Guidelines

 

En relación con esta entrada previa, dando cuenta de la adopción en el marco de la International Law Association de las Directrices sobre Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado, así como de la publicación del texto completo de las directrices y su comentario explicativo, cabe reseñar que el panorama actual de la litigación internacional en materia de propiedad intelectual será objeto de análisis al hilo de ese instrumento en una sesión en línea el 8 de septiembre. Se reproduce a continuación la información sobre la sesión, junto con el enlace para acceder al registro.