La interacción entre resoluciones judiciales y con decisiones arbitrales en el Reglamento Bruselas I bis tras la sentencia en el asunto C-700/20

 

                En síntesis, en su sentencia de ayer en el asunto C-700/20 el Tribunal de Justicia establece que, si bien una sentencia dictada en un Estado miembro en los términos de un laudo arbitral puede constituir una resolución a los efectos del artículo 45.1.c) del Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I bis o RBIbis) e impedir el reconocimiento de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro si dichas resoluciones son inconciliables (apdo. 53 de la sentencia), no tiene esa consideración cuando un tribunal del Estado miembro requerido “no habría podido dictar una resolución con un resultado equivalente al de dicho laudo sin contravenir las disposiciones y los objetivos fundamentales de este Reglamento, en particular el efecto relativo de la cláusula compromisoria insertada en un contrato de seguro y las normas de litispendencia” (apdo. 73). La sentencia precisa además que en este tipo de situaciones el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro no puede denegarse por su contrariedad con el orden público (art. 45.1.a RBIbis) fundada en que esa resolución quebrantaría la fuerza de cosa juzgada de la sentencia dictada en los términos del laudo en el Estado miembro requerido. Pese a estar vinculada al Reino Unido, de cuyos tribunales procedía la cuestión prejudicial, en un escenario previo al Brexit, y a las muy particulares circunstancias del litigio principal, enmarcado en las secuelas del “caso” Prestige, se trata de una sentencia -dictada mes y medio después de las conclusiones del Abogado General pero desembocando en un resultado muy diferente- cuyo análisis resulta un referente obligado de cara al futuro. Ciertamente, la relevancia en los medios de comunicación españoles de la sentencia (no es habitual que una referida específicamente a la interpretación de un artículo del Reglamento 1215/2012 se cuele entre los titulares de las noticias de mediodía), es en este caso directamente proporcional al debate que suscitará en los círculos académicos. Me centraré en esta breve reseña inicial en por qué se impone un enfoque cauto acerca de la eventual proyección del resultado alcanzado en esta sentencia a otras resoluciones judiciales relativas a decisiones arbitrales distintas de la que es objeto del litigio principal.

 

Los proveedores de servicios de intermediación de datos en el nuevo Reglamento de Gobernanza de Datos

 

El Reglamento (UE) 2022/868 de Gobernanza de Datos, que será aplicable a partir del 24 de septiembre de 2023 (art. 38), pretende mejorar las condiciones para el intercambio de datos en sentido amplio -personales y no personales- en el mercado interior, mediante el establecimiento de un marco normativo -subordinado al acervo ya existente, en particular, en materia de datos personales- que incremente la confianza en relación con el acceso, control, intercambio, utilización y reutilización de datos. Pretende facilitar el intercambio y la puesta en común de datos contribuyendo a la creación de espacios comunes europeos de datos en ámbitos específicos, mediante la fijación de ciertas bases de gobernanza que aseguren “unas condiciones de competencia equitativas en la economía de los datos”, de modo que las empresas compitan “en la calidad de los servicios que ofrecen y no en la cantidad de datos que controlan” (cdo. 2). En este contexto, el desarrollo de “ecosistemas” que permitan el acceso de cualquier tipo de empresa en condiciones no discriminatorias a grandes cantidades de datos, al margen del control de los operadores dominantes, adquiere singular relevancia. Una de las novedades más significativas del Reglamento es la introducción en el Derecho de la Unión de una nueva categoría, denominada “proveedores de servicios de intermediación de datos”, cuya actividad queda sometida a un régimen de notificación, así como a un conjunto elaborado de condiciones en la prestación de sus servicios, vinculado a un marco de supervisión específico. La delimitación de esta nueva categoría de prestadores, así como el ámbito espacial de aplicación y el contenido de su marco regulador, revisten especial interés.

 

Venta a través de mercados en línea internacionales (Amazon) e infracción de marcas (nacionales o de la UE)

 

                La infracción de una marca de la UE o española presupone típicamente, entre otros elementos, su uso en el tráfico económico en la Unión (o en España), conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea -RMUE- (o el art. 34 de la Ley 17/2001, de Marcas). Se trata de una cuestión que puede plantear dificultades respecto de actividades desarrolladas en Internet, habida cuenta del alcance potencialmente global de este medio, en aquellas situaciones en las que resulta controvertido si ciertos usos en línea suponen un uso en la UE (o en España). La configuración de ciertos mercados en línea, como algunas plataformas, susceptibles de ser utilizadas como vías para la adquisición de productos por clientes situados en múltiples países puede ir unida a dificultades de interpretación adicionales. Desde este punto de vista, y en relación con la comercialización en la UE de productos a través de www.amazon.com, reviste interés la sentencia de 4 de mayo de la England and Wales Court of Appeal en el asunto  Lifestyle Equities CV & Anor v Amazon UK Services Ltd & Ors [2022] EWCA Civ 552, pese a que básicamente se limite a aplicar a esa situación jurisprudencia bien conocida del TJUE (en particular, sus sentencias en los asuntos C-324/09, L'Oréal; y C-98/13, Blomqvist; y, en menor medida, C-144/09, Pammer; C-5/11, Donner; y C-173/11, Football Dataco; todas ellas previamente reseñadas en este blog)-. La sentencia de la Court of Appeal presenta además el interés de que corrige la posición previa de la High Court, quien había considerado que no había uso en el tráfico económico en la Unión (Reino Unido) respecto de ciertas ventas de productos a través de www.amazon.com a clientes situados en la UE (RU). Por motivos temporales, al caso resulta de aplicación el RMUE, pese al retirada del RU de la UE. Aunque los modelos de negocio de Amazon objeto de análisis puedan haber evolucionado (como tuvieron que hacerlo los del buscador Google en relación con el alcance territorial del llamado derecho al olvido), el contenido de la sentencia de la Court of Appeal resulta de interés respecto de múltiples operadores en línea que permiten la adquisición de productos desde una pluralidad de países (y los usuarios profesionales de tales operadores).

SLAPP: datos personales, competencia judicial y reconocimiento de resoluciones

 

                Las llamadas “demandas estratégicas contra la participación pública”, más conocidas por su acrónimo en inglés, SLAPP, han sido objeto de creciente interés desde la perspectiva del Derecho internacional privado (DIPr), como reflejó en su momento la preocupación por el llamado criterio del mosaico en materia de competencia judicial, en tanto que elemento eventualmente facilitador de tales demandas abusivas (no obstante, relativizando, con buen criterio, esa preocupación, vid. los apdos. 62 a 65 de las conclusiones del AG Hogan en el asunto Gtflix tv, EU:C:2021:745). La reciente adopción de la Recomendación (UE) 2022/758 y una Propuesta de Directiva en este ámbito por la Comisión Europea ha sido ya objeto de atención en blogs (véase, en particular, la entrada de la profa. Marta Requejo en el blog de EAPIL y sus comentarios), y también en las Jornadas de la EAPIL de la semana pasada. Dejando de lado la descripción del contenido básico de estas dos iniciativas de la Comisión (sobre lo que puede ser un punto de partida su propia nota de prensa), así como otras cuestiones que merecerán especial atención desde la perspectiva del Derecho procesal, incluido el eventual alcance de la competencia de la UE para su adopción, me limitaré en esta entrada a reseñar (críticamente) los tres aspectos puntuales en los que estos dos instrumentos abordan específicamente cuestiones de DIPr (ámbito en el que ciertamente la competencia de la UE no resulta cuestionable).

 

El nuevo Reglamento sobre acuerdos verticales y su aplicación en el entorno digital

 

               Mañana entrará en vigor el Reglamento (UE) 2022/720, de 10 de mayo de 2022, relativo a la aplicación del artículo 101.3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (RECAV). El nuevo instrumento expirará el 31 de mayo de 2034 (art. 11) y sustituye al  Reglamento (CE) 330/2010, que expira hoy (sin perjuicio de la previsión de que ciertos acuerdos puedan beneficiarse de la aplicación de un régimen transitorio hasta el de 31 mayo de 2023).  En lo que tiene que ver con su significado y alcance como reglamento de exención por categorías, que establece una amplia liberalización de los acuerdos verticales que no contengan determinado tipo de restricciones de competencia especialmente graves, el Reglamento (UE) 2022/720 supone básicamente una modernización del régimen previo, cuyos principios básicos y estructura mantiene (en realidad, salvo la inclusión del art. 6 sobre posibilidad de retirada del beneficio en casos individuales por la Comisión, la división en artículos y las rúbricas de éstos coinciden en ambos instrumentos). Así, en lo relativo a su contenido esencial, tras las definiciones del artículo 1, se establece en el artículo 2 la exención, en virtud de la cual los acuerdos verticales –es decir, entre empresas que operen en niveles distintos de la cadena de producción o distribución y que se refieran a las condiciones de compra o venta de productos o servicios (art. 1.1.a)- quedan exentos de la prohibición de los acuerdos restrictivos de la competencia del artículo 101.1 TFUE. El Reglamento (UE) 2022/720 mantiene el umbral de cuota de mercado condicionante de la exención, de modo que ésta se aplica siempre que la cuota del proveedor y del comprador en el mercado de referencia no supere el 30 % (art. 3). El artículo 4 enumera las restricciones que se consideran especialmente graves, cuya presencia determina la pérdida de la exención. Por su parte, el artículo 5 establece que ciertas restricciones en acuerdos verticales no quedan exentas, al considerar que no cabe suponer con certeza que en su caso concurran las condiciones del artículo 101.3 TFUE. Dejando de lado el análisis de conjunto del Reglamento (UE) 2022/720, la presente reseña se limita a una de las dimensiones en la que su contenido resulta más innovador con respecto al texto del Reglamento (CE) 330/2010 (aunque no tanto con respecto a su aplicación por la Comisión y el Tribunal de Justicia), como es la relativa a las implicaciones del nuevo instrumento en el entorno digital, en particular, por la importancia atribuida en la revisión a la creciente relevancia en la distribución de bienes y servicios de las plataformas en línea y de las restricciones a las ventas o la publicidad en línea. Más allá del texto del Reglamento (UE) 2022/720, resultan también de gran interés a este respecto las nuevas Directrices de la Comisión relativas a las restricciones verticales, disponibles de momento en inglés.

 

La futura Ley de Datos (II): contratación internacional

 

               Tras la exposición del contenido esencial de la PLD, cabe detenerse en un aspecto puntual, como es la repercusión de su régimen sobre los contratos internacionales relevantes en este sector. A diferencia de otros instrumentos de la Unión, la PLD no menciona que sus normas deban entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en los instrumentos de cooperación judicial internacional en materia civil. La interacción de algunas de sus normas con los mecanismos típicos para dotar de seguridad jurídica y previsibilidad a los contratos internacionales puede resultar controvertida. En este sentido, se hará referencia a continuación al potencial impacto de algunas sus normas sobre las cláusulas de jurisdicción y de ley aplicable, así como a la repercusión del marco de normas contractuales imperativas que la PLD establece sobre el régimen jurídico de los contratos internacionales afectados. Por último, se incluye una reflexión sobre el significado de las nomas de la PLD relativas a ‘contratos inteligentes’.

La futura Ley de Datos (I): objeto, contenido y ámbito de aplicación

 

Entre las iniciativas legislativas presentadas recientemente por la Comisión Europea en el ámbito digital destaca la llamada “Ley de Datos”, de especial relevancia en relación con los datos generados por el empleo de los bienes conectados en línea propios del llamado Internet de las cosas, y en el marco de servicios que implican el tratamiento de información, como es habitual, por ejemplo, en la computación en nube y en el alojamiento de datos. En concreto, se trata de la Propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley de Datos), COM(2022)68 final (en adelante, PLD). Es un instrumento cuya compleja interacción con normas de la Unión vigentes y otras en tramitación, que pretende complementar, resulta evidente desde una primera lectura. No solo con el Reglamento (UE) 2016/679 o RGPD –cuyas normas, en particular, sobre acceso y portabilidad complementa- y otras normas específicas sobre datos (incluyendo los no personales) sino también, por ejemplo, con la legislación sobre secretos comerciales, la normativa en materia de propiedad intelectual –de hecho, incluye una previsión específica en su art. 35 acerca de la inaplicación del derecho sui generis sobre bases de datos-, o la próxima regulación sobre plataformas mediante la Ley de Mercados Digitales y la relativa a la Ley de Gobernanza de Datos (centrada en parte en la reutilización de datos de organismos públicos), a las que complementa. Asimismo, la Propuesta incorpora un conjunto de normas muy significativo desde la perspectiva contractual. Y no porque incluya una definición de “contrato inteligente” y ciertas normas vinculantes sobre ese tipo de programas informáticos, ya que, efectivamente, viene a confirmar que típicamente no se trata en absoluto de contratos en sentido propio sino únicamente de programas para la ejecución de ciertas obligaciones contractuales. Indicativo de la aludida relevancia en materia contractual es que la Propuesta establece importantes obligaciones de información precontractual respecto de ciertas categorías de contratos, impone un régimen elaborado de derechos y obligaciones que deben integrarse en el contenido de determinados contratos e introduce normas sobre cláusulas abusivas en la contratación entre empresas. Ahora bien, aunque la PLD proclama que “(las) normas de Derecho privado son fundamentales en el marco general de intercambio de datos” (cdo. 5), se limita en su Capítulo IX (arts. 31 a 34) a establecer mecanismos de sanción de Derecho público. Me referiré en esta entrada al objeto, ámbito de aplicación y contenido esencial de la PLD, dejando para una entrada posterior el análisis de una cuestión específica, cual es la repercusión de la normativa proyectada en el ámbito de la contratación internacional.