sábado, 21 de noviembre de 2026

Propuesta de Digital Fairness Act

    El instrumento central del nuevo paquete de medidas de la Comisión en materia de consumo, que introduje en la entrada anterior, es la Propuesta de Reglamento conocido como Digital Fairness Act, por el que se deroga la Directiva 2005/29 (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fair business-to-consumer commercial practices in the offline and digital single market, and repealing Directive 2005/29/EC (Digital Fairness Act), COM(2026) 1100 final) (en adelante, DFA). Pese a que en la versión en español del sitio web de la Comisión su denominación figure como “Ley de Equidad Digital”, es de prever que finalmente sea “Reglamento de Equidad Digital”, en coherencia con la evolución experimentada por otros instrumentos, como el Reglamento de Mercados Digitales (RMD), el Reglamento de Servicios Digitales (RSD) o el Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA).

    El DFA consta básicamente de dos componentes. Por una parte, su Capítulo II está dedicado a regular las prácticas comerciales desleales, de modo que sus artículos 5 a 9 se corresponden en los sustancial con los artículos 5 a 9 de la Directiva 2005/29, que deroga. En consecuencia, se mantienen las normas previas, tanto en lo relativo a la cláusula general de prohibición de las prácticas comerciales desleales (art. 5), como en lo relativo a las acciones engañosas (art. 6), omisiones engañosas (art. 7), prácticas comerciales agresivas (art. 8) y utilización del acoso, la coacción y la influencia indebida (art. 9). Tan solo se  introducen en ellas cambios puntuales, como en relación con las omisiones engañosas los requisitos de transparencia relativos a los principales parámetros que determinan la clasificación en ciertos sistemas de búsqueda, para complementar las obligaciones sobre el particular del Reglamento 2019/1150, que no son de aplicación en las relaciones con consumidores. También el Anexo I del nuevo instrumento se corresponde en gran medida con el Anexo I de la Directiva 2005/29 y su listado de prácticas comerciales que se consideran desleales en cualquier circunstancia. El Anexo II del DFA incorpora una útil tabla de correspondencias entre las normas de la Directiva 2005/29 y las del DFA.

    Por otra parte, el Capítulo III del DFA (arts. 10 a 29) introduce como principal novedad de este instrumento un conjunto elaborado de normas sobre equidad digital, regulando específicamente y con gran detalle determinadas actividades (II, infra).

viernes, 20 de noviembre de 2026

Paquete de medidas de la Comisión en materia de consumo

       La semana pasada presentó la Comisión su esperado conjunto de medidas para modernizar la legislación de protección de los consumidores y adaptarla a los desafíos de la evolución del entorno digital. Incluye tres propuestas normativas.

Un nuevo instrumento denominado Digital Fairness Act (o Reglamento de Equidad Digital, en adelante DFA) constituye el elemento estrella de la reforma (RSD). A diferencia del Reglamento de Mercados Digitales (RMD) y del Reglamento de Servicios Digitales (salvo las normas de éste sobre exenciones condicionales de responsabilidad de los intermediarios), el DFA no es un instrumento elaborado ex novo, sino que un componente esencial de la propuesta es la transformación de la Directiva 2005/29 sobre las prácticas comerciales desleales de las empresas con los consumidores en un Reglamento de la Unión. Por lo tanto, en gran medida el contenido del DFA viene determinado por la integración del articulado previo de la Directiva en el futuro Reglamento. Más allá de esto, el instrumento previsto contempla la introducción de importantes novedades, con un marco normativo adicional muy detallado y elaborado para regular ciertas prácticas comerciales propias de los entornos digitales que se han revelado como especialmente problemáticas, en particular en el marco del llamado “Fitness Check of EU consumer law on digital fairness” puesto en marcha por la Comisión Europea.

Una segunda propuesta es la relativa a la llamada Directiva de simplificación. Se trata de un instrumento de contenido muy limitado, que básicamente contempla ciertas modificaciones de alcance menor en la Directiva 2011/83 y en la Directiva 2002/58. Aunque el “Fitness Check of EU consumer law on digital fairness”, además de las Directiva 2005/29 y la Directiva 2011/83, evaluó también la Directiva 93/13 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y es claro que esta última no está adaptada a las particularidades del entorno digital, la eventual revisión de la Directiva 93/13 queda al margen de este paquete de medidas. 

La tercera propuesta tiene por objeto un nuevo instrumento relativo a la cooperación entre las autoridades responsables de la aplicación de la legislación enmateria de consumo, que sustituirá al Reglamento 2017/2394. Contempla la introducción de una serie de modificaciones para adaptar el marco de aplicación en esta materia con el objetivo de hacer frente a una de las grandes carencias tradicionales del marco normativo de la UE regulador de las actividades digitales, como es su deficiente aplicación, con especial referencia a los operadores establecidos en terceros Estados. Se trata de un conjunto de medidas para reforzar la aplicación pública de los instrumentos en materia de protección de los consumidores, que pueden resultar también de relevancia para, de manera indirecta, hacer posible una más eficaz aplicación privada, en un contexto de creciente interacción entre la aplicación pública y la aplicación privada en este sector. Haré referencia seguidamente a la Directiva de simplificación (I, infra) y a la reforma del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (II, infra), dejando la referencia al DFA para la siguiente entrada.

jueves, 12 de noviembre de 2026

Plataformas: alcance de las licencias para el uso de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual

 

         No puede decirse que el resultado alcanzado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de hoy en el asunto Austro-Mechana y AKM, C-579/24, EU:C:2026:971, constituya una sorpresa. La sentencia va referida a la interpretación del artículo 17 de la Directiva 2019/790, relativo al uso de contenidos protegidos mediante la propiedad intelectual por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. Se trata del artículo que establece que tales plataformas deben obtener una autorización de los titulares de los derechos de comunicación al público de obras y de puesta a disposición del público de prestaciones -pues va referido a los derechos establecidos en el art. 3.1 y 2 de la Directiva 2011/29- cuando ofrecen al público el acceso a obras u otras prestaciones protegidas que hayan sido cargadas por sus usuarios (art. 17.1 de la Directiva 2019/790). Además, precisa que tales autorizaciones comprenden también los actos realizados por usuarios de los servicios que entren en el ámbito de aplicación del artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE, si no actúan con carácter comercial o su actividad no genera ingresos significativos. Básicamente, el Tribunal de Justicia, en la línea propuesta por el AG en sus conclusiones, y alcanzando el mismo resultado que las Orientaciones no vinculantes de la Comisión de junio de 2021, confirma que, aunque el texto del artículo 17 de la Directiva 2019/790 -lo que tiene reflejo en España en el artículo 73 del Real Decreto-ley 24/2021- va referido únicamente a la autorización de los derechos de comunicación al público de obras y de puesta a disposición del público, debe entenderse que tales autorizaciones comprenden también los actos de reproducción (en el sentido del art. 2 de la Directiva 2001/29) que son técnicamente necesarios para permitir la comunicación al público de los contenidos de que se trate o su puesta a disposición del público, tanto por la propia plataforma como por los usuarios que proceden a cargarlos en la plataforma. Precisa, por lo tanto, que las copias digitales de contenidos protegidos realizadas en los servidores de la plataforma, que son técnicamente necesarias para la difusión de tales contenidos a través de sus servicios, no requieren una autorización diferenciada.

viernes, 6 de noviembre de 2026

Precisiones sobre la ley aplicable a la responsabilidad por productos y la adaptación del marco normativo a los retos de la IA

 

    La sentencia de ayer del Tribunal de Justicia en el asunto Eurovo, C-344/25, EU:C:2026:939, presenta el interés de precisar la interpretación de ciertos elementos de los criterios de conexión en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos empleados en el artículo 5 del Reglamento Roma II sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Más allá de reseñar esos avances en la interpretación de ese precepto del Reglamento Roma II (I y II, infra), la sentencia se presta a la reflexión sobre cómo la adaptación de la legislación sustantiva de la UE sobre responsabilidad por productos a los avances relacionados con la inteligencia artificial, las implicaciones de esa modernización sobre la interpretación del Reglamento Roma II y su contribución a la seguridad jurídica, son factores que refuerzan la necesidad de reconsiderar el deficiente marco normativo de Derecho internacional privado aplicable en esta materia en España (III, infra).

 

viernes, 23 de octubre de 2026

Editoriales de prensa y plataformas: la STS sobre el procedimiento aplicable a sus litigios en materia de propiedad intelectual y la eficacia de los acuerdos de elección de foro

 

    Tras la reciente STS 2222/2026, ES:TS:2026:2222, cabe plantearse la siguiente pregunta ¿cómo interactúa lo dispuesto en el artículo 129 bis 3 d) LPI -y el apdo. 3 de la disposición final primera del RD 1130/2023 que lo desarrolla- con el artículo 25 del Reglamento (EU) 1215/2012 (RBIbis)? Dicho de otra manera, en relación con los eventuales litigios sobre un acuerdo entre una editorial de prensa y una plataforma relativa a la explotación de los derechos reconocidos en el artículo 129 bis LPI ¿qué debe prevalecer? ¿la imperativa atribución de competencia a favor de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual prevista en esas normas o un acuerdo de jurisdicción a favor de los tribunales de otro Estado miembro de la UE incluido en el contrato en cuestión?

viernes, 16 de octubre de 2026

Plataformas en línea: cálculo del promedio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión

 

    Entre las obligaciones de transparencia que el Reglamento (UE) 2022/2065 de Servicios Digitales (RSD) impone a las plataformas en línea, se encuentra la de publicar, al menos una vez cada seis meses, información sobre el promedio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión (art. 24.2 RSD). El cálculo de ese promedio tiene especiales consecuencias respecto de la designación como plataformas de muy gran tamaño de aquellas que alcanzan el umbral de cuarenta y cinco millones del artículo 33 RSD, lo que acarrea su sometimiento al elaborado marco de obligaciones de diligencia debida y de supervisión propio de tales prestadores. Pese a que el artículo 33.3 RSD contempla la posibilidad de que la Comisión adopte actos delegados, entre otras materias, para establecer la metodología para calcular el promedio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión, la Comisión no ha adoptado de ese tipo. En este contexto, cabe hacer referencia a la sentencia del Tribunal General del pasado martes en el asunto Technius/Comisión, T-134/24, EU:T:2026:670, que resuelve el recurso interpuesto frente a la Decisión por la que la Comisión designó a Stripchat como plataforma en línea de muy gran tamaño (designación que posteriormente fue revocada por la Comisión, si bien esa circunstancia no es relevante a efectos de la sentencia). El principal interés de esta nueva resolución derivada de la litigiosidad generada por las designaciones en virtud del artículo 33 RSD (por ejemplo, aquí) radica en su tratamiento del cálculo del promedio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión, que complementa sus precisiones previas al respecto, en particular en su sentencia de 3 de septiembre de 2025 Zalando / Comisión,  T-348/23, EU:T:2025:821.

jueves, 15 de octubre de 2026

Difusión de vídeos en sitios web y control de los servicios de comunicación audiovisual

 

        La sentencia de hoy del Tribunal de Justicia en el asunto Golf Bulgaria, C-591/24, EU:C:2026:866, resulta ilustrativa del potencial de la legislación en materia de servicios de comunicación audiovisual (es decir, la Directiva de servicios de comunicación audiovisual o DSCAV y la normativa de transposición, como la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual o LGCA) para hacer frente a la difusión de contenidos que menoscaban la dignidad humana en sitios web. En concreto, su origen se encuentra en la imposición por las autoridades búlgaras de una sanción a un sitio de Internet por difundir un vídeo procedente de Facebook que “mostraba a un niño con necesidades educativas especiales que se desplazaba sobre las manos y los pies, imitando a un perro, y que era llevado con correa por una persona…” (apdo. 13 de la sentencia).  Cabe recordar que los proveedores de contenidos, como es propio de los titulares de sitios web (y canales o perfiles en plataformas) que eligen y controlan los contenidos que difunden, no están sometidos al Reglamento de Servicios Digitales, al tiempo que el marco general regulador de los servicios de la sociedad de la información en su conjunto -contenido en la Directiva de comercio electrónico- no incorporan normas para hacer frente a la difusión por tales prestadores de servicios de ese tipo de contenidos.