Derecho Privado de Internet - Sexta Edición

Acaba de aparecer la sexta edición de Derecho Privado de Internet. Si bien la nueva edición mantiene en gran medida la estructura básica de la anterior, incorpora una completa revisión de cada uno de sus siete capítulos, que se ha traducido también en una significativa ampliación de los contenidos y de la extensión de la obra. El índice completo es el siguiente.

Aspectos internacionales de la Circular 1/2022 de la CNMV relativa a la publicidad sobre criptoactivos

 

               La circunstancia de que la “publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión”, a la que va referida la Circular 1/2022 de la CNMV publicada el pasado lunes en el BOE, tenga lugar con gran frecuencia en línea y con la intervención de prestadores de servicios que operan a escala internacional, dota de especial relevancia a la valoración del ámbito espacial de las normas contenidas en la Circular, su eventual (in)aplicación a ciertos prestadores de servicios (en el sentido amplio característico de los servicios de la sociedad de la información) comprendidos en ese ámbito espacial pero no establecidos en España, así como incluso -en conexión con los artículos 240 y 240 bis LMV- a las medidas susceptibles de ser adoptadas contra la publicidad transfronteriza que pueda reputarse ilícita. En el texto de la Circular la dimensión internacional recibe atención en su norma 3, que si bien va referida al “ámbito objetivo” comprende también su ámbito espacial o territorial de aplicación. A ese respecto, la norma recurre, como resulta adecuado en el ámbito publicitario y de ordenación del mercado, al criterio de las actividades dirigidas, si bien lo hace en términos que justifican ciertas reflexiones acerca, por ejemplo, de la comparación de su formulación con la de la norma 3 de la Circular 2/2020 o con la Propuesta de Reglamento UE de 24.9.20 (MiCA) y de los elementos relevantes para concretar el criterio de las actividades dirigidas en el contexto actual (I, infra). El artículo 4 de la Circular 1/2022 va referido a su ámbito de aplicación subjetivo. Ahora bien, la aplicación de los requisitos en materia publicitaria que la Circular establece a los sujetos ahí enumerados puede verse en algunas situaciones afectada –habida cuenta del objeto de la Circular, las categorías de sujetos sobre los que se proyecta y el estado actual del Derecho de la UE- por el criterio del mercado interior respecto de determinados sujetos que se encuentren establecidos en otros Estados miembros de la UE (II, infra). Por otra parte, resulta también reseñable que en el Anexo II de la Circular, relativo a los riesgos sobre los que debe informarse en la publicidad, se hace referencia a que “(C)uando el proveedor de servicios no se encuentra localizado en un país de la Unión Europea la resolución de cualquier conflicto podría resultar costosa y quedar fuera del ámbito de competencia de las autoridades españolas.” Al margen de la concreta formulación de esa advertencia, la referencia al alcance de la competencia de las autoridades españolas justifica también la reflexión sobre la adecuación, desde la perspectiva internacional, de las medidas frente a la publicidad ilícita que contempla el párrafo segundo del artículo 240 LMV, al que se remite el segundo párrafo del artículo 240 bis LMV, en el que tiene su origen la Circular reseñada (III, infra).

Guía de la Comisión sobre la Directiva 2005/29: aplicación al sector digital

 

               Desde la perspectiva de la adaptación de la actividad empresarial al complejo marco normativo regulador del comercio en línea, incluidas algunas de las novedades introducidas en nuestro ordenamiento por el Libro Sexto del Real Decreto-ley 24/2021, presentan interés dos recientes documentos publicados por la Comisión: las “Directrices sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores” y la “Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores”. En el primero de esos documentos destaca la exposición de los requisitos de información a los consumidores en relación con los contratos a distancia así como del régimen del régimen del derecho de desistimiento. Por su parte, la Guía sobre la Directiva 2005/29 –incorporada en nuestro ordenamiento básicamente en la Ley de Competencia Desleal (LCD) y en menor medida en la LGDCU- incluye un análisis específico de su aplicación al sector digital, con referencia a las novedades introducidas por la Directiva (UE) 2019/2161, objeto de transposición en el mencionado Real Decreto-ley 24/2021. La presente entrada se limita a esta Guía y a algunos de sus aspectos más significativos desde la perspectiva de las actividades en línea.

La competencia para conocer de demandas frente a contenidos ilícitos en línea tras la sentencia Gtflix Tv

 

               En su esperada sentencia de hoy en el asunto C-251/20, Gtflix Tv, la Gran Sala del Tribunal de Justicia confirma plenamente su jurisprudencia previa acerca de la interpretación del fuero del lugar del daño (art. 7.2 Reglamento 1215/2012 o RBIbis) como criterio atributivo de competencia en relación con demandas relativas a la difusión de contenidos ilícitos. Aunque la sentencia va referida a contenidos que supuestamente vulneran derechos de la personalidad, incluidos los ataques a la reputación comercial de personas jurídicas, el alcance del artículo 7.2 se extiende al conjunto de la responsabilidad extracontractual. La respuesta a la duda planteada por el órgano remitente consiste básicamente en que la falta de competencia del tribunal del lugar de manifestación del daño para conocer de acciones de rectificación o supresión de contenidos publicados en línea, debido al carácter único e indivisible de tales acciones, no se proyecta respecto de las acciones relativas a las demandas de daños y perjuicios, típicamente divisibles por territorios. Ahora bien se trata de algo que cabía ya derivar de la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia (para no repetirme vid. Conflict of Laws and the Internet, Cheltenham, Edward Elgar, 2020, paras. 2.78-2.84 y Derecho Privado de Internet, 6ª ed., Civitas, 2022 –en prensa-, apdos. 2.217-2.222 y 2.233-2.234). Teniendo en cuenta lo anterior, no es una exageración decir que la sentencia prácticamente no aporta nada nuevo. Ahora bien, sí es un pronunciamiento muy importante por la controversia suscitada en torno a este aspecto de su jurisprudencia, cuestionado reiteradamente por la doctrina y que se reflejó incluso en propuestas de cambio radical por parte de varios Abogados Generales que reclamaron sin éxito el abandono del llamado criterio del mosaico, planteamiento crítico que sin embargo fue abandonado en las conclusiones relativas al presente asunto (como abordé en la entrada dedicada a su reseña). Como he dicho en otras ocasiones, a mi modo de ver, el mantenimiento del criterio del mosaico respecto de actividades de difusión de contenidos ilícitos en línea está plenamente justificado. A lo que ahora dice el Tribunal de Justicia en los apartados 37 a 40 de la sentencia acerca de la adecuación del criterio del mosaico respecto del objetivo de garantizar una buena administración de justicia en relación con demandas de indemnización de daños, cabe añadir que una justificación semejante está también presente cuando se ejercitan otro tipo de acciones de singular relevancia práctica y susceptibles asimismo de ser divididas de modo que pueden ir referidas únicamente al territorio del Estado miembro que sea (uno de los) lugar(es) de manifestación del daño. Me refiero a las acciones tendentes a bloquear o impedir el acceso desde un determinado territorio a contenidos accesibles en línea, cuya efectividad además no requiere típicamente medidas de ejecución en el extranjero. En todo caso, si bien el mantenimiento del criterio del mosaico debe ser bienvenido, las dudas se mantienen con respecto a la insistencia del Tribunal de Justicia en considerar suficiente la mera accesibilidad a los contenidos supuestamente ilícitos desde el foro como único requisito exigible a los efectos de atribuir competencia con base en el lugar de manifestación del daño del artículo 7.2.

La trasposición autonómica de la Directiva sobre suministro de contenidos y servicios digitales y los eventuales conflictos interregionales (e internacionales) en materia contractual

 

El pasado jueves se publicó en el ámbito autonómico el Decreto Ley 27/2021, de 14 de diciembre, de incorporación de las directivas (UE) 2019/770 y 2019/771, relativas a los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y a los contratos de compraventa de bienes, en el libro sexto del Código civil de Cataluña. Este instrumento parte en su exposición de motivos del criterio de que: “La competencia del legislador catalán para efectuar la transposición de las directivas al ordenamiento jurídico catalán no es discutida porque la materia de que tratan es de competencia exclusiva”, sin entender necesario realizar ninguna consideración adicional al respecto, más allá de la simple referencia al artículo 129 del Estatuto de Autonomía, al 149.1.8ª de la Constitución y a la STC 132/2019. Básicamente el contenido del Decreto Ley consiste, por una parte, en introducir ciertas modificaciones en la Secc. primera del Cap. I del Título II del mencionado Libro Sexto, tendentes a incorporar en su regulación de la compraventa normas de la Directiva  2019/771. Por otra parte, se añade una nueva Secc. cuarta, en la que a los tres tipos de contratos regulados hasta ahora en las secciones anteriores (compraventa, permuta y  cesión de finca o de aprovechamiento urbanístico a cambio de construcción futura) se suma la regulación de un nuevo tipo contractual: “Suministro de contenidos y servicios digitales”, procediendo a incorporar las normas de la Directiva 2019/770. Conforme a su disposición final, el decreto ley autonómico reseñado entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y sus normas se aplican al suministro de contenidos y servicios digitales que se produzcan (sic) a partir de esa fecha (disp. transit. segunda). Me centraré en algunas de las cuestiones que suscita la regulación de este nuevo tipo contractual. Al hilo de la transposición de la Directiva 2019/770, el legislador autonómico opta por ciertos planteamientos condicionantes del ámbito de aplicación de la nueva normativa que contrastan con los seguidos por el legislador estatal en el Real Decreto-ley 7/2021. Una primera y somera aproximación al nuevo Decreto ley autonómico suscita reflexiones en diversos ámbitos, como los siguientes: las posibles dudas sobre su constitucionalidad; los peculiares planteamientos adoptados acerca del ámbito de aplicación de la normativa sobre suministro de contenidos y servicios digitales; así como en torno a los riesgos especialmente para los suministradores de contenidos y servicios digitales inherentes a la aparición de una pluralidad de legislaciones –estatal y autonómica(s)- en este ámbito y cómo actuar ante los eventuales conflictos de leyes interregionales –incluso en el ámbito internacional-, especialmente para tratar de prevenirlos.

Medios de comunicación y foros en línea: tutela del anonimato de los usuarios

La reciente sentencia del TEDH  en el asunto Standard Verlagsgesellschaft Mbh V. Austria (No. 3) (Application no. 39378/15) establece que Austria violó el artículo 10 CEDH (en particular, la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas) al obligar sus tribunales a un periódico en línea a facilitar la identidad de los autores de ciertos comentarios supuestamente difamatorios en uno de sus foros sin proceder a una adecuada ponderación de los intereses implicados. A diferencia de ciertos importantes precedentes de la jurisprudencia del TEDH (reseñados aquí, aquí, aquí y aquí), este caso no trata acerca de la eventual responsabilidad del prestador de servicios en línea que aloja los comentarios en tanto que intermediario. Por el contrario, va referido a la eventual obligación de intermediarios de ese tipo de facilitar a terceros la identidad de los autores de comentarios en sus servicios. En concreto, de facilitársela a quien pretende demandar a los autores de los comentarios por vulneración sus derechos de la personalidad. Si bien en el peculiar contexto de la legislación austriaca, la sentencia contiene aportaciones de interés acerca de la posición de los medios de comunicación en línea con respecto a los comentarios de sus usuarios en los foros que alojan así como en relación con la tutela del anonimato de quienes contribuyen a esos foros en el marco de medios de comunicación.

Enriquecimiento sin causa y competencia judicial: más allá de la sentencia HRVATSKE ŠUME

 

               La sentencia del pasado jueves del Tribunal de Justicia en el asunto HRVATSKE ŠUME, C-242/20, EU:C:2021:985, siguiendo el criterio de las conclusiones del AG Saugmandsgaard Øe, establece que “una acción de restitución por razón de enriquecimiento injusto no puede estar comprendida en la materia delictual o cuasidelictual, en el sentido del artículo” 7.2 del Reglamento 1215/2012 (apdo. 56 de la sentencia y punto 2 del fallo). Desde la perspectiva de la litigación internacional, se trata de un pronunciamiento muy relevante, que conduce en la práctica a que en las situaciones típicas las demandas en esta materia deban presentarse necesariamente ante los tribunales del domicilio del demandado (apdo. 59 de la sentencia), salvo que se trate de acciones de restitución por enriquecimiento injusto vinculadas con una relación contractual entre las partes, situaciones para las que el Tribunal sí admite el recurso al fuero especial del artículo 7.1 Reglamento 1215/2012 (apdos. 47 a 50 y 58 de la sentencia). Frente a lo que es habitual en la jurisprudencia del Tribunal, llama la atención la rotundidad de su pronunciamiento respecto del artículo 7.2, en la medida en que incluso asumiendo la clarificación que la sentencia supone y los fundamentos en los que se basa, cabe dudar de que no pueda haber otras situaciones puntuales, distintas a las del litigio principal, en las que acciones por enriquecimiento injusto –en el sentido dado a este término por instrumentos de DIPr de la UE- queden comprendidas en el artículo 7.2.