Demandas frente a actos de competencia desleal (denigración) e intromisión en el derecho al honor por Internet: perspectivas de evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

 

               El asunto  C‑251/20, Gtflix Tv, sobre el que ayer presentó sus conclusiones el Abogado General Hogan, EU:C:2021:745, dará al Tribunal de Justicia la oportunidad de pronunciarse nuevamente acerca de un ámbito en el que su jurisprudencia previa es objeto de particular controversia, como es el relativo a la interpretación del fuero del lugar del daño (art. 7.2 Reglamento 1215/2012 o RBIbis) respecto de actividades en línea. En todo caso, el planteamiento en este asunto de la cuestión prejudicial por la Cour de cassation –que rechazó expresamente plantearla con respecto a la competencia para conocer de las pretensiones relativas a la “inaccesibilidad” solo en Francia de los contenidos controvertidos (véase el apdo. 11 del documento de trabajo preparatorio del Tribunal sobre este asunto)- y las conclusiones del AG ahora reseñadas se hallan condicionadas por la especial relevancia atribuida en ciertos análisis doctrinales, así como en conclusiones anteriores de Abogados Generales, a la conveniencia de que el Tribunal de Justicia abandone el llamado criterio del mosaico (planteamiento a los que me referí críticamente, entre otros lugares, aquí y aquí). Desde esa perspectiva, cabe apreciar que las nuevas conclusiones representan, en primer lugar, una evolución con respecto a conclusiones previas de Abogados Generales que instaban al Tribunal de Justicia con carácter general a abandonar el lugar de manifestación del daño como criterio atributivo de competencia respecto de infracciones en línea (apdo. 79), y, en segundo lugar, se propone ahora una evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que supere las deficiencias que en ciertos ámbitos derivan de su controvertido enfoque acerca de que la mera accesibilidad de contenidos en un Estado miembro resulta suficiente para considerar ese territorio como lugar de manifestación del daño a los efectos del artículo 7.2 RBIbis (necesidad de evolución con matices a la que ya me referí, por ejemplo, aquí y también aquí, aquí o aquí). Se trata, en general, de un planteamiento que en su resultado debe ser valorado positivamente. Ahora bien, las conclusiones son también ilustrativas de cómo, incluso si el Tribunal de Justicia llega a realizar aportaciones acerca de que la mera accesibilidad en un territorio del contenido lesivo no es suficiente con carácter general –en particular cuando el litigio no va referido a la infracción de derechos territoriales (como los de propiedad intelectual) en el foro- para apreciar que ahí se localiza “el lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso” a los efectos del artículo 7.2 RBIbis, se trata de un ámbito en el que subsistirán importantes dificultades interpretativas.

De nuevo sobre la neutralidad de Internet y las implicaciones de la prohibición de las “tarifas cero”

 

               Un año después de su anterior pronunciamiento sobre el artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta, que es la norma básica sobre neutralidad de la Red en el Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia ha vuelto a abordar la aplicación de esta norma. En concreto, lo ha hecho en las tres sentencias de contenido prácticamente idéntico adoptadas ayer en los asuntos Vodafone, C-854/19, EU:C:2021:675; Vodafone, C-5/20, EU:C:2021:676; y Telekom Deutschland, C-34/20, EU:C:2021:677. En realidad las nuevas sentencias no constituyen una aportación significativa con respecto a la de 15 de septiembre de 2020 en los asuntos acumulados C‑807/18 y C‑39/19, Telenor Magyarország, EU:C:2020:708. Ciertamente en aquella ocasión, como reseñé aquí, el Tribunal de Justicia había estableció ya la incompatibilidad de las “tarifas cero” con los apartados 2 y 3 del mencionado artículo 3. Cabe recordar que, en los términos en los que aparece definido en las tres nuevas sentencias una “tarifa cero” es “una práctica comercial mediante la cual un proveedor de acceso a Internet aplica una «tarifa cero» o más ventajosa a la totalidad o a una parte del tráfico de datos asociado a una aplicación o a una categoría de aplicaciones específicas, propuestas por socios de dicho proveedor de acceso.” El caso típico es el de las tarifas que contemplan que ciertas aplicaciones y servicios de Internet –normalmente, algunos de los más populares- pueden utilizarse sin restricciones una vez consumido el volumen de datos contratado, de modo que una vez alcanzado ese límite esas aplicaciones y servicios son las únicas a las que no se aplican medidas de bloqueo o de ralentización del tráfico.

Towards A More Predictable Legal Framework for Cross-Border Intellectual Property Disputes: Digital Encounter on the ILA-Kyoto Guidelines

 

En relación con esta entrada previa, dando cuenta de la adopción en el marco de la International Law Association de las Directrices sobre Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado, así como de la publicación del texto completo de las directrices y su comentario explicativo, cabe reseñar que el panorama actual de la litigación internacional en materia de propiedad intelectual será objeto de análisis al hilo de ese instrumento en una sesión en línea el 8 de septiembre. Se reproduce a continuación la información sobre la sesión, junto con el enlace para acceder al registro.

 

Artículo 17 de la Directiva 2019/790 sobre derechos de autor: delimitación de los prestadores de servicios

 

             Es conocido que en los últimos días se han hecho públicos documentos relevantes en relación con la aplicación del controvertido artículo 17 de la Directiva 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital, que establece el régimen específico de autorización y responsabilidad de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. Coincidiendo prácticamente con la expiración del periodo fijado para su transposición (7 de junio de 2021), sin que la misma se haya llevado a cabo en la gran mayoría de los Estados miembros, la Comisión publicó sus Orientaciones sobre la aplicación de este artículo previstas en su apartado 10, mientras que con posterioridad el Abogado General Saugmandsgaard Øe ha presentado sus conclusiones en el asunto Polonia / Parlamento y Consejo, C-401/19, EU:C:2021:613, al que ya me referí en una entrada anterior. El principal valor de las Orientaciones, así como, en parte, de la sentencia que eventualmente adopte el Tribunal de Justicia en el asunto C-401/19, ha de ser aportar ciertas claves para la interpretación de aspectos como el régimen de autorizaciones previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 17; los tres requisitos cumulativos de los que el apartado 4 hace depender que el prestador de servicios pueda beneficiarse de la limitación de responsabilidad en ausencia de autorización (en particular, las categorías de “mayores esfuerzos por obtener una autorización”, “mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad” de ciertas obras y otras prestaciones, y actuación expeditiva para inhabilitar el acceso a obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web y “los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro” ); la ponderación entre el derecho a la propiedad intelectual y otros derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión, concretando el alcance de las salvaguardas para las utilizaciones lícitas de contenidos (apartado 7) y los límites que de la prohibición de obligaciones generales de supervisión (apartado 8) derivan para la utilización de herramientas para combatir la presencia de contenidos ilícitos, especialmente en relación con los tres requisitos cumulativos previstos en el apartado 4. No obstante, no voy a centrarme ahora en ninguna de esas cuestiones sino en un aspecto previo relativo a qué prestadores de servicios pueden beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 17, cuestión a la que en las Orientaciones aparecen dedicadas las páginas 4 a 6, 19 y 20.

Acciones por daños derivados de cárteles: precisiones sobre el lugar de manifestación del daño como criterio atributivo de competencia

 

        En su esperada sentencia de hoy en el asunto C-30/20, Volvo y otros, EU:C:2021:604 el Tribunal de Justicia precisa, en el contexto de la litigación civil en España derivada del llamado cártel de los camiones, cómo debe ser interpretado el fuero del lugar de manifestación del daño del artículo 7.2 del Reglamento 1215/2012 (RBIbis). Por una parte, frente al criterio adoptado por el Tribunal Supremo en demandas relativas a la litigación en este mismo ámbito (en particular en sus autos de 26 de febrero de 2019 -ES:TS:2019:2140A- y de 19 de marzo de 2019 -ES:TS:2019:3430A-), el Tribunal de Justicia establece que el artículo 7.2 RBIbis “atribuye directa e inmediatamente tanto la competencia internacional como la competencia territorial al órgano jurisdiccional del lugar donde haya sobrevenido el daño” (apdo. 33 de la nueva sentencia), lo que, desde luego, no constituye una sorpresa a la luz de la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia (vid. apdo. 40 de las conclusiones del Abogado General De la Tour en este mismo asunto, EU:C:2021:322). En todo caso, el Tribunal constata que si bien lo anterior implica que no se pueden aplicar criterios diferentes (previstos en la legislación nacional) para concretar la competencia territorial interna, no impide que en el marco de la autonomía para organizar sus sistemas jurisdiccionales los Estados miembros puedan concentrar en tribunales concretos el conocimiento de las demandas en esta materia, admitiendo que la especialización en esta materia puede resultar particularmente adecuada habida cuenta de su complejidad técnica (apdo. 37). Ahora bien, la principal aportación de la sentencia tiene qué ver con la concreción del lugar de manifestación del daño, como criterio atributivo de la competencia internacional y territorial.

Redes p2p, cesión de créditos indemnizatorios, trols de derechos de autor y protección de datos

 

               Más allá de la confirmación de que los usuarios de redes entre pares (peer-to-peer) que participan en la descarga y comparten fragmentos de archivos de obras protegidas típicamente llevan a cabo actos de comunicación o puesta a disposición del público de tales obras en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2001/29 (I, infra), la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 2021, C-597/19, Mircom, EU:C:2021:492, realiza aportaciones de interés con respecto a la posición y los derechos de los cesionarios que prestan servicios de cobro de créditos indemnizatorios derivados de tales infracciones (II), así como al tratamiento de los datos personales de los usuarios de las mencionadas redes (III). El litigio principal tiene su origen en la demanda interpuesta ante los tribunales belgas por una entidad dedicada a reclamar una indemnización por la infracción de derechos de propiedad intelectual a usuarios de redes p2p, en tanto que cesionaria de tales derechos de indemnización. En concreto, la demanda tenía por objeto que se ordenara a un proveedor de acceso a Internet que proporcionara los datos de identificación de sus clientes cuyas conexiones habían sido supuestamente utilizadas para compartir películas a través de una red p2p por medio del protocolo BitTorrent.

Plataformas de intercambio de contenidos y tutela de los derechos de autor: la sentencia YouTube Cyando

 

La sentencia en los asuntos C‑682/18 y C‑683/18, YouTube Cyando,  era esperada con especial interés, en la medida en que entre las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia se encuentran algunas clave para la eventual caracterización de actividades de las plataformas de alojamiento e intercambio de contenidos como acto de comunicación al público (art. 3 Directiva 2001/29), así como en relación a la posibilidad de que tales plataformas se beneficien de la exención de responsabilidad establecida en el artículo 14 de la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico (DCE) a favor de los prestadores de servicios de alojamiento de datos (véase esta reseña acerca de las conclusiones del AG en estos asuntos). En su sentencia de anteayer la Gran Sala desarrolla su jurisprudencia previa, entre otras, sobre ambas cuestiones. Ahora bien, la evolución experimentada por la legislación de la UE en este ámbito supone que de cara al futuro en situaciones como las que son objeto de los litigios principales en esos dos asuntos deba estarse a lo dispuesto ya no en esas normas sino, en particular, en el artículo 17 de la Directiva 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado único digital, la controvertida disposición relativa al uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea, pendiente de transposición en nuestro ordenamiento. Además, es cierto que el Tribunal de Justicia precisa que las interpretaciones que proporciona “no conciernen al régimen que entró en vigor posteriormente establecido por el artículo 17 de la Directiva (UE) 2019/790”  (apdo. 59 de la sentencia). En todo caso, la sentencia reviste gran interés no solo porque puede condicionar la aplicación de esta norma (sobre la que el Tribunal está llamado a pronunciarse próximamente en el asunto C-401/19, al respecto vid. aquí), sino también porque constituye una aportación relevante de cara a precisar tanto el contenido del derecho de comunicación al público como el alcance del régimen general de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos. Este régimen general del artículo 14 DCE solo resulta desplazado por el régimen especial del artículo 17 de la Directiva 2019/790 para las situaciones a las que esta norma va referida. Además, dejando a un lado esas situaciones, la Propuesta de Reglamento sobre la Ley de Servicios Digitales (PRLSD) contempla mantener prácticamente inalterado en el futuro el contenido del artículo 14 DCE aunque incorporándolo a este nuevo reglamento (al respecto, vid. aquí). Dividiré esta entrada en dos apartados: plataformas y comunicación al público (I) y alcance de la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos (II).