sábado, 16 de octubre de 2021

Descompilación de programas de ordenador y corrección de errores

 

                En la interpretación de la normativa de derechos de autor sobre programas de ordenador una cuestión tradicionalmente controvertida es el alcance de la posibilidad por parte del adquirente del programa de proceder a su descompilación para la corrección de errores, aspecto condicionado por la eficacia de la eventual inclusión de disposiciones sobre el particular en el contrato. Como es conocido, entre los derechos exclusivos atribuidos al titular se encuentran los de reproducción y transformación del programa -arts. 4.1.a) y b) Directiva 2009/24/CE (previamente Directiva 91/250) y art. 99 TRLPI-, lo que implica que la descompilación por el adquirente sea solo posible sin autorización del titular cuando concurra alguno de los límites a tales derechos –arts. 5 y 6 de la Directiva y art. 100 TRLPI-, entre los que se encuentra la eventual corrección de errores. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Top System, C-13/20, EU:C:2021:811 confirma, en primer lugar, que la descompilación –consistente básicamente en la obtención de un «casi código fuente» a partir del código objeto del programa, apdos. 37 y 38 de la sentencia (con respecto a la caracterización de la descompilación resultan particularmente ilustrativos los apdos. 39 a 41 de las conclusiones del Abogado General Szpunar, EU:C:2021:193)-, supone la realización de actos de reproducción y traducción de la forma del programa comprendidos en el ámbito de los derechos exclusivos del autor antes mencionados (apdos. 39 y 40 de la sentencia). Asimismo, la sentencia avala el criterio ampliamente extendido de que el adquirente legítimo de un programa de ordenador puede tener la posibilidad de descompilarlo con base en el límite relativo a la corrección de errores, sin que la inclusión en el artículo 6 de la Directiva de un límite sobre descompilación referido específicamente a los casos en los que se realiza con fines de interoperabilidad pueda desvirtuar esa conclusión (apdos. 48 a 53). Ahora bien, las aportaciones más significativas de la sentencia se encuentran en lo relativo a la concreción de los requisitos que debe cumplir el adquirente legítimo de un programa de ordenador que desee descompilarlo con el fin de corregir los errores que afecten a su funcionamiento, y, en particular, en lo que concierne a las implicaciones de que tal límite esté previsto en la legislación “salvo que existan disposiciones contractuales específicas”. Se trata, por tanto, de aspectos de singular relevancia de cara a la configuración de los contratos de explotación de programas de ordenador.

miércoles, 13 de octubre de 2021

El suministro de software mediante descarga como venta de mercancías

         La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto The Software Incubator, C-410/19, EU:C:2021:742 vuelve sobre la recurrente cuestión de la consideración del suministro de software de forma electrónica como venta de mercaderías cuando se acompaña de una licencia perpetua de uso. En la medida en que la sentencia va referida específicamente a la interpretación del término venta o compra de “mercancías” en el artículo 1 de la Directiva 86/653/CEE sobre los agentes comerciales, la respuesta afirmativa dada por el Tribunal de Justicia tiene escasa relevancia desde la perspectiva del Derecho español, más allá de confirmar la coherencia con los objetivos de la Directiva del criterio amplio acogido por el legislador español al trasponerla. En todo caso, al margen de ese dato la sentencia se presta a alguna reflexión adicional acerca del tratamiento de los contratos de suministro de contenidos mediante descarga en el Derecho de la Unión.

martes, 5 de octubre de 2021

El TEDH y la responsabilidad por comentarios de terceros en redes sociales

 

             En su reciente sentencia en el asunto Sánchez c. Francia, nº 45581/15, el TEDH vuelve a abordar la interacción entre el régimen de responsabilidad de los intermediarios de Internet por los contenidos de terceros y el alcance del derecho a la libertad de expresión (art. 10 CEDH). La nueva sentencia reafirma la vigencia del criterio adoptado por el Tribunal en el asunto Delfi (aquí y aquí), si bien lo hace en relación con un supuesto con ciertas diferencias significativas. Entre otras, en el nuevo asunto el intermediario cuya responsabilidad se establece no es un portal de noticias que permite que sus usuarios formulen comentarios en relación con los contenidos publicados sino un político usuario de Facebook que mantiene libremente accesible al público su muro de Facebook y, en concreto, ciertos comentarios lesivos incluidos ahí por terceros. Además, a diferencia del asunto Delfi, relativo al ejercicio de acciones civiles, en el asunto Sánchez los tribunales franceses habían establecido la responsabilidad penal del intermediario tras apreciar que se trataba de contenidos de incitación al odio frente a ciertos grupos de personas por su origen étnico o su adscripción religiosa. En todo caso, con respecto a este último aspecto cabe recordar que en nuestro ordenamiento las normas sobre limitación o excepción de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos –art. 14 Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico y art. 16 Ley 34/2002 (LSSI)- tienen carácter horizontal y se proyectan tanto sobre la responsabilidad civil como la penal, sin perjuicio de que cuando el “puerto seguro” no resulte aplicable el régimen de responsabilidad en uno y otro ámbito difieran.