martes, 21 de junio de 2022

La interacción entre resoluciones judiciales y con decisiones arbitrales en el Reglamento Bruselas I bis tras la sentencia en el asunto C-700/20

 

                En síntesis, en su sentencia de ayer en el asunto C-700/20 el Tribunal de Justicia establece que, si bien una sentencia dictada en un Estado miembro en los términos de un laudo arbitral puede constituir una resolución a los efectos del artículo 45.1.c) del Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I bis o RBIbis) e impedir el reconocimiento de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro si dichas resoluciones son inconciliables (apdo. 53 de la sentencia), no tiene esa consideración cuando un tribunal del Estado miembro requerido “no habría podido dictar una resolución con un resultado equivalente al de dicho laudo sin contravenir las disposiciones y los objetivos fundamentales de este Reglamento, en particular el efecto relativo de la cláusula compromisoria insertada en un contrato de seguro y las normas de litispendencia” (apdo. 73). La sentencia precisa además que en este tipo de situaciones el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro no puede denegarse por su contrariedad con el orden público (art. 45.1.a RBIbis) fundada en que esa resolución quebrantaría la fuerza de cosa juzgada de la sentencia dictada en los términos del laudo en el Estado miembro requerido. Pese a estar vinculada al Reino Unido, de cuyos tribunales procedía la cuestión prejudicial, en un escenario previo al Brexit, y a las muy particulares circunstancias del litigio principal, enmarcado en las secuelas del “caso” Prestige, se trata de una sentencia -dictada mes y medio después de las conclusiones del Abogado General pero desembocando en un resultado muy diferente- cuyo análisis resulta un referente obligado de cara al futuro. Ciertamente, la relevancia en los medios de comunicación españoles de la sentencia (no es habitual que una referida específicamente a la interpretación de un artículo del Reglamento 1215/2012 se cuele entre los titulares de las noticias de mediodía), es en este caso directamente proporcional al debate que suscitará en los círculos académicos. Me centraré en esta breve reseña inicial en por qué se impone un enfoque cauto acerca de la eventual proyección del resultado alcanzado en esta sentencia a otras resoluciones judiciales relativas a decisiones arbitrales distintas de la que es objeto del litigio principal.

 

sábado, 18 de junio de 2022

Los proveedores de servicios de intermediación de datos en el nuevo Reglamento de Gobernanza de Datos

 

El Reglamento (UE) 2022/868 de Gobernanza de Datos, que será aplicable a partir del 24 de septiembre de 2023 (art. 38), pretende mejorar las condiciones para el intercambio de datos en sentido amplio -personales y no personales- en el mercado interior, mediante el establecimiento de un marco normativo -subordinado al acervo ya existente, en particular, en materia de datos personales- que incremente la confianza en relación con el acceso, control, intercambio, utilización y reutilización de datos. Pretende facilitar el intercambio y la puesta en común de datos contribuyendo a la creación de espacios comunes europeos de datos en ámbitos específicos, mediante la fijación de ciertas bases de gobernanza que aseguren “unas condiciones de competencia equitativas en la economía de los datos”, de modo que las empresas compitan “en la calidad de los servicios que ofrecen y no en la cantidad de datos que controlan” (cdo. 2). En este contexto, el desarrollo de “ecosistemas” que permitan el acceso de cualquier tipo de empresa en condiciones no discriminatorias a grandes cantidades de datos, al margen del control de los operadores dominantes, adquiere singular relevancia. Una de las novedades más significativas del Reglamento es la introducción en el Derecho de la Unión de una nueva categoría, denominada “proveedores de servicios de intermediación de datos”, cuya actividad queda sometida a un régimen de notificación, así como a un conjunto elaborado de condiciones en la prestación de sus servicios, vinculado a un marco de supervisión específico. La delimitación de esta nueva categoría de prestadores, así como el ámbito espacial de aplicación y el contenido de su marco regulador, revisten especial interés.

 

lunes, 13 de junio de 2022

Venta a través de mercados en línea internacionales (Amazon) e infracción de marcas (nacionales o de la UE)

 

                La infracción de una marca de la UE o española presupone típicamente, entre otros elementos, su uso en el tráfico económico en la Unión (o en España), conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea -RMUE- (o el art. 34 de la Ley 17/2001, de Marcas). Se trata de una cuestión que puede plantear dificultades respecto de actividades desarrolladas en Internet, habida cuenta del alcance potencialmente global de este medio, en aquellas situaciones en las que resulta controvertido si ciertos usos en línea suponen un uso en la UE (o en España). La configuración de ciertos mercados en línea, como algunas plataformas, susceptibles de ser utilizadas como vías para la adquisición de productos por clientes situados en múltiples países puede ir unida a dificultades de interpretación adicionales. Desde este punto de vista, y en relación con la comercialización en la UE de productos a través de www.amazon.com, reviste interés la sentencia de 4 de mayo de la England and Wales Court of Appeal en el asunto  Lifestyle Equities CV & Anor v Amazon UK Services Ltd & Ors [2022] EWCA Civ 552, pese a que básicamente se limite a aplicar a esa situación jurisprudencia bien conocida del TJUE (en particular, sus sentencias en los asuntos C-324/09, L'Oréal; y C-98/13, Blomqvist; y, en menor medida, C-144/09, Pammer; C-5/11, Donner; y C-173/11, Football Dataco; todas ellas previamente reseñadas en este blog)-. La sentencia de la Court of Appeal presenta además el interés de que corrige la posición previa de la High Court, quien había considerado que no había uso en el tráfico económico en la Unión (Reino Unido) respecto de ciertas ventas de productos a través de www.amazon.com a clientes situados en la UE (RU). Por motivos temporales, al caso resulta de aplicación el RMUE, pese al retirada del RU de la UE. Aunque los modelos de negocio de Amazon objeto de análisis puedan haber evolucionado (como tuvieron que hacerlo los del buscador Google en relación con el alcance territorial del llamado derecho al olvido), el contenido de la sentencia de la Court of Appeal resulta de interés respecto de múltiples operadores en línea que permiten la adquisición de productos desde una pluralidad de países (y los usuarios profesionales de tales operadores).

viernes, 10 de junio de 2022

SLAPP: datos personales, competencia judicial y reconocimiento de resoluciones

 

                Las llamadas “demandas estratégicas contra la participación pública”, más conocidas por su acrónimo en inglés, SLAPP, han sido objeto de creciente interés desde la perspectiva del Derecho internacional privado (DIPr), como reflejó en su momento la preocupación por el llamado criterio del mosaico en materia de competencia judicial, en tanto que elemento eventualmente facilitador de tales demandas abusivas (no obstante, relativizando, con buen criterio, esa preocupación, vid. los apdos. 62 a 65 de las conclusiones del AG Hogan en el asunto Gtflix tv, EU:C:2021:745). La reciente adopción de la Recomendación (UE) 2022/758 y una Propuesta de Directiva en este ámbito por la Comisión Europea ha sido ya objeto de atención en blogs (véase, en particular, la entrada de la profa. Marta Requejo en el blog de EAPIL y sus comentarios), y también en las Jornadas de la EAPIL de la semana pasada. Dejando de lado la descripción del contenido básico de estas dos iniciativas de la Comisión (sobre lo que puede ser un punto de partida su propia nota de prensa), así como otras cuestiones que merecerán especial atención desde la perspectiva del Derecho procesal, incluido el eventual alcance de la competencia de la UE para su adopción, me limitaré en esta entrada a reseñar (críticamente) los tres aspectos puntuales en los que estos dos instrumentos abordan específicamente cuestiones de DIPr (ámbito en el que ciertamente la competencia de la UE no resulta cuestionable).

 

martes, 31 de mayo de 2022

El nuevo Reglamento sobre acuerdos verticales y su aplicación en el entorno digital

 

               Mañana entrará en vigor el Reglamento (UE) 2022/720, de 10 de mayo de 2022, relativo a la aplicación del artículo 101.3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (RECAV). El nuevo instrumento expirará el 31 de mayo de 2034 (art. 11) y sustituye al  Reglamento (CE) 330/2010, que expira hoy (sin perjuicio de la previsión de que ciertos acuerdos puedan beneficiarse de la aplicación de un régimen transitorio hasta el de 31 mayo de 2023).  En lo que tiene que ver con su significado y alcance como reglamento de exención por categorías, que establece una amplia liberalización de los acuerdos verticales que no contengan determinado tipo de restricciones de competencia especialmente graves, el Reglamento (UE) 2022/720 supone básicamente una modernización del régimen previo, cuyos principios básicos y estructura mantiene (en realidad, salvo la inclusión del art. 6 sobre posibilidad de retirada del beneficio en casos individuales por la Comisión, la división en artículos y las rúbricas de éstos coinciden en ambos instrumentos). Así, en lo relativo a su contenido esencial, tras las definiciones del artículo 1, se establece en el artículo 2 la exención, en virtud de la cual los acuerdos verticales –es decir, entre empresas que operen en niveles distintos de la cadena de producción o distribución y que se refieran a las condiciones de compra o venta de productos o servicios (art. 1.1.a)- quedan exentos de la prohibición de los acuerdos restrictivos de la competencia del artículo 101.1 TFUE. El Reglamento (UE) 2022/720 mantiene el umbral de cuota de mercado condicionante de la exención, de modo que ésta se aplica siempre que la cuota del proveedor y del comprador en el mercado de referencia no supere el 30 % (art. 3). El artículo 4 enumera las restricciones que se consideran especialmente graves, cuya presencia determina la pérdida de la exención. Por su parte, el artículo 5 establece que ciertas restricciones en acuerdos verticales no quedan exentas, al considerar que no cabe suponer con certeza que en su caso concurran las condiciones del artículo 101.3 TFUE. Dejando de lado el análisis de conjunto del Reglamento (UE) 2022/720, la presente reseña se limita a una de las dimensiones en la que su contenido resulta más innovador con respecto al texto del Reglamento (CE) 330/2010 (aunque no tanto con respecto a su aplicación por la Comisión y el Tribunal de Justicia), como es la relativa a las implicaciones del nuevo instrumento en el entorno digital, en particular, por la importancia atribuida en la revisión a la creciente relevancia en la distribución de bienes y servicios de las plataformas en línea y de las restricciones a las ventas o la publicidad en línea. Más allá del texto del Reglamento (UE) 2022/720, resultan también de gran interés a este respecto las nuevas Directrices de la Comisión relativas a las restricciones verticales, disponibles de momento en inglés.

 

viernes, 13 de mayo de 2022

La futura Ley de Datos (II): contratación internacional

 

               Tras la exposición del contenido esencial de la PLD, cabe detenerse en un aspecto puntual, como es la repercusión de su régimen sobre los contratos internacionales relevantes en este sector. A diferencia de otros instrumentos de la Unión, la PLD no menciona que sus normas deban entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en los instrumentos de cooperación judicial internacional en materia civil. La interacción de algunas de sus normas con los mecanismos típicos para dotar de seguridad jurídica y previsibilidad a los contratos internacionales puede resultar controvertida. En este sentido, se hará referencia a continuación al potencial impacto de algunas sus normas sobre las cláusulas de jurisdicción y de ley aplicable, así como a la repercusión del marco de normas contractuales imperativas que la PLD establece sobre el régimen jurídico de los contratos internacionales afectados. Por último, se incluye una reflexión sobre el significado de las nomas de la PLD relativas a ‘contratos inteligentes’.

jueves, 12 de mayo de 2022

La futura Ley de Datos (I): objeto, contenido y ámbito de aplicación

 

Entre las iniciativas legislativas presentadas recientemente por la Comisión Europea en el ámbito digital destaca la llamada “Ley de Datos”, de especial relevancia en relación con los datos generados por el empleo de los bienes conectados en línea propios del llamado Internet de las cosas, y en el marco de servicios que implican el tratamiento de información, como es habitual, por ejemplo, en la computación en nube y en el alojamiento de datos. En concreto, se trata de la Propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley de Datos), COM(2022)68 final (en adelante, PLD). Es un instrumento cuya compleja interacción con normas de la Unión vigentes y otras en tramitación, que pretende complementar, resulta evidente desde una primera lectura. No solo con el Reglamento (UE) 2016/679 o RGPD –cuyas normas, en particular, sobre acceso y portabilidad complementa- y otras normas específicas sobre datos (incluyendo los no personales) sino también, por ejemplo, con la legislación sobre secretos comerciales, la normativa en materia de propiedad intelectual –de hecho, incluye una previsión específica en su art. 35 acerca de la inaplicación del derecho sui generis sobre bases de datos-, o la próxima regulación sobre plataformas mediante la Ley de Mercados Digitales y la relativa a la Ley de Gobernanza de Datos (centrada en parte en la reutilización de datos de organismos públicos), a las que complementa. Asimismo, la Propuesta incorpora un conjunto de normas muy significativo desde la perspectiva contractual. Y no porque incluya una definición de “contrato inteligente” y ciertas normas vinculantes sobre ese tipo de programas informáticos, ya que, efectivamente, viene a confirmar que típicamente no se trata en absoluto de contratos en sentido propio sino únicamente de programas para la ejecución de ciertas obligaciones contractuales. Indicativo de la aludida relevancia en materia contractual es que la Propuesta establece importantes obligaciones de información precontractual respecto de ciertas categorías de contratos, impone un régimen elaborado de derechos y obligaciones que deben integrarse en el contenido de determinados contratos e introduce normas sobre cláusulas abusivas en la contratación entre empresas. Ahora bien, aunque la PLD proclama que “(las) normas de Derecho privado son fundamentales en el marco general de intercambio de datos” (cdo. 5), se limita en su Capítulo IX (arts. 31 a 34) a establecer mecanismos de sanción de Derecho público. Me referiré en esta entrada al objeto, ámbito de aplicación y contenido esencial de la PLD, dejando para una entrada posterior el análisis de una cuestión específica, cual es la repercusión de la normativa proyectada en el ámbito de la contratación internacional.

 

sábado, 7 de mayo de 2022

Tutela privada y acciones de representación en materia de protección de datos personales

 

El Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de datos (RGPD) atribuye una renovada importancia a la aplicación privada del derecho a la protección de datos personales, que complementa su tradicional aplicación jurídico-pública mediante la actividad de las autoridades de control independientes. Se trata de un ámbito en el que la tutela en materia de protección de datos se encuentra en ocasiones íntimamente vinculada a otros sectores del ordenamiento, como la competencia desleal –basta pensar en que prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de normas sobre protección de datos personales puede considerarse desleal- o la protección de los consumidores, habida cuenta de que ciertas infracciones del RGPD, en particular, en materia de información de los interesados, pueden constituir también infracciones de normas de protección de los consumidores. Desde esta perspectiva, y en relación con la importancia, para una eficaz tutela privada en materia de protección de datos, del ejercicio de acciones de representación en defensa de los intereses de los consumidores, reviste interés la reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Meta Platforms Ireland, C-319/20, EU:C:2022:322.

jueves, 28 de abril de 2022

Inaplicación del criterio de origen a las obligaciones de las plataformas digitales de comunicar información tributaria de sus usuarios

 

Habida cuenta de que el artículo 1(5)(a) de la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico (DCE) prevé que ese instrumento “no se aplicará a la fiscalidad”, el criterio de mercado interior o principio de origen establecido en su artículo 3, no resulta de aplicación a normas tributarias de los Estados miembros que imponen a prestadores de servicios de la sociedad de la información, so pena de multa, obligaciones de facilitar información sobre sus usuarios con el fin de identificar a los sujetos pasivos de un impuesto. Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia al rechazar en su sentencia de ayer en el asunto C674/20, Airbnb Ireland, EU:C:2022:303, el criterio de Airbnb Ireland de que el mencionado artículo 1(5)(a) debe ser objeto de una interpretación estricta, lo que le permitiría oponerse a que le fuera aplicable la normativa belga en cuestión al suponer una restricción contraria al criterio de mercado interior del artículo 3 de la Directiva. El que la concreta disposición vaya dirigida a prestadores de servicios de la sociedad de la información que desempeñan un papel de intermediario no impide apreciar que la información cuya transmisión se impone es indisociable de la normativa fiscal, por su relevancia para identificar al sujeto pasivo y la base imponible del impuesto (apdo. 33 de la sentencia), de modo que queda comprendida en la exclusión del artículo 1(5)(a). El Tribunal establece también que una normativa de ese tipo no es contraria a la libre prestación de servicios del artículo 56 TFUE (apdos. 39 a 49). Con respecto a la práctica de nuestro Tribunal Supremo en un ámbito próximo cabe recordar lo siguiente.

miércoles, 27 de abril de 2022

Plataformas para compartir contenidos en línea: el artículo 17 de la Directiva 2019/790 y la futura Ley de Servicios Digitales

 

No ha constituido una sorpresa que en su esperada sentencia de ayer en el asunto Polonia / Parlamento y Consejo, C401/19, EU:C:2022:297, el Tribunal de Justicia haya desestimado el recurso de anulación contra el artículo 17 de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital. Cabe recordar que se trata de la norma que establece el régimen especial de responsabilidad en relación con el uso de contenidos protegidos por derechos de autor y derechos conexos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. [Acerca del contenido de esta norma, de su transposición en España mediante el artículo 73 del Real Decreto-ley 24, de su interpretación conforme a la Guía elaborada por la Comisión y de los antecedentes de este asunto, cabe remitirse a reseñas anteriores aquí, aquí, aquí y  aquí]. La nueva sentencia será una referencia obligada para la aplicación futura de la norma y deberá ser tenida muy en cuenta en relación con aspectos como la configuración y alcance de las herramientas de reconocimiento y de filtrado automáticos para el control de los contenidos que los usuarios pretenden cargar con base en el apartado 4 del mencionado artículo 17. En particular, se destaca, a partir de los dispuesto en sus apartados 7 –que impone una obligación de resultado- y 9,  la exclusión de las medidas que filtren y bloqueen los contenidos lícitos al cargarse (apdos. 77 a 85 de la sentencia), lo que condiciona la configuración de los sistemas de filtrado y el funcionamiento de los mecanismo de control admisibles (apdos. 86 a 97 de la sentencia). Ahora bien, lo cierto es que, a la luz ya de la jurisprudencia previa del Tribunal, la  aportación de la sentencia de cara a la interpretación de los aspectos más complejos del artículo 17, como la concreción precisa de las obligaciones de las plataformas respecto de los contenidos cargados por sus usuarios establecidas en su apartado 4, es limitada.

viernes, 8 de abril de 2022

Precisiones sobre la perfección de los contratos en línea

 

               En virtud del artículo 98.2 TRLGDCU, presupuesto para que un consumidor quede obligado por un contrato celebrado por medios electrónicos que implique para él obligaciones de pago es que cuando el pedido se hace activando un botón o similar, el mismo se etiquete “de manera que sea fácilmente legible, únicamente con la expresión «pedido con obligación de pago» o una formulación análoga no ambigua que indique que la realización del pedido implica la obligación de realizar un pago al empresario”. Esta disposición incorpora de manera casi literal el artículo 8 de la Directiva 2011/83. La sentencia del Tribunal de Justicia de ayer en el asunto Fuhrmann-2, C-249/21, EU:C:2022:269, tiene el interés de interpretar por primera vez esa exigencia, y de hacerlo además en relación con la práctica de una conocida plataforma en el sector turístico. El litigio principal va referido a la demanda entre un hotel y el consumidor que había reservado habitaciones en el mismo mediante la plataforma. La cuestión controvertida es precisamente si el modo de realizar la reserva a través de la plataforma satisface la exigencia de indicar que ello implica la obligación de realizar un pago a los efectos del artículo 8 de la Directiva 2011/83 (art. 98.2 TRLGDCU), como presupuesto para el éxito de la demanda del hotel contra el consumidor que realizó la reserva a través de la plataforma pero no se presentó en el hotel. En concreto, se analiza si es suficiente para la celebración del contrato de alojamiento entre el hotel (demandante) y la consumidora demandada, el que ésta, después de seleccionar las fechas y el tipo de habitación que le interesaban, así como facilitar sus datos, pulsara sobre el botón etiquetado por la plataforma como “Completa la reserva”. Las dudas al respecto se vinculaban con si al valorar la falta de ambigüedad de un etiquetado de ese tipo resulta apropiado tener en cuenta no solo el contenido del botón en cuestión sino también las circunstancias que rodean el proceso de pedido o de reserva.

jueves, 7 de abril de 2022

La ejecución en la UE de sentencias de terceros Estados tras el asunto H Limited

 

        El amplio alcance de la libre circulación de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en el seno de la UE con base en el Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I bis o RBIbis) puede facilitar indirectamente la ejecución en los Estados miembros de las resoluciones judiciales de terceros Estados, en la medida en que permite eludir el exequátur o procedimiento equivalente al que se subordina la ejecución de la resolución del tercer Estado (por ejemplo, en España, en ausencia de convenio internacional que disponga otra cosa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/2015), cuando previamente se ha obtenido en otro Estado miembro un auto con fuerza ejecutiva fundado en la resolución del tercer Estado. La circunstancia de que la resolución del Estado miembro tenga como objeto la declaración de ejecutividad de una sentencia de un tercer Estado no excluye su calificación como “resolución”  de un Estado miembro a los efectos de los artículos 2 y 39 del Reglamento, de modo que gozará también de fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros, lo que abre la posibilidad en las situaciones típicas de prescindir de la necesidad de tramitar el exequátur respecto de la resolución del tercer Estado. En concreto, en el litigio principal en el asunto H Limited, C-658/20, EU:C:2022.264, sobre el que el Tribunal de Justicia ha pronunciado su sentencia hoy, una entidad financiera había obtenido un auto de requerimiento de pago, mediante el que la High Court inglesa condenó a una persona física residente en Austria (y, según parece, sin ningún nexo evidente con el Reino Unido, nota a pie 37 de las conclusiones del Abogado General), a abonar ciertas cantidades en ejecución de dos sentencias dictadas por tribunales jordanos por las que se condenó a la persona en cuestión a pagar el saldo deudor de dos préstamos. El criterio del Tribunal de Justicia conduce a dotar de fuerza ejecutiva en Austria (y los demás Estados miembros) –dejando, obviamente, a salvo lo dispuesto en los arts. 45 y 46 RBIbis y la eventual denegación de su eficacia con base en alguno de esos motivos- al auto de requerimiento de pago de la High Court –al que resulta de aplicación por razones temporales todavía el RBIbis-, de modo que no sería preciso obtener la declaración de ejecutividad de las sentencias jordanas en Austria.

lunes, 4 de abril de 2022

Intermediación en la venta de entradas y derecho de desistimiento

 

             Conforme al artículo 16.l) de la Directiva 2011/83 –incorporado de manera casi literal en el artículo 103.l) TRLGDCU-, queda excluido del derecho de desistimiento atribuido durante un periodo de catorce días a los consumidores en los contratos a distancia, “el suministro de… servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un período de ejecución específicos”. Por lo tanto, la concreción del alcance de esta excepción resulta de singular relevancia en relación con la comercialización en línea de entradas de, entre otros, espectáculos culturales o eventos deportivos. La sentencia del Tribunal de Justicia del pasado jueves en el asunto CTS Eventim, C-96/21, EU:C:2022:238, aborda en qué medida pueden beneficiarse de la excepción quienes a través de Internet comercializan entradas en nombre propio pero por cuenta del organizador de la actividad. Incluye aportaciones relevantes acerca de la caracterización a esos efectos de los contratos de prestación de servicios, del fundamento de la excepción y de las circunstancias que deben concurrir para que el intermediario pueda oponerla al consumidor que pretende desistir.

jueves, 24 de marzo de 2022

Almacenamiento en la nube y copia privada: más allá de la sentencia Austro-Mechana

               En su sentencia de hoy en el asunto Austro-Mechana, C-433/20, EU:C:2022:217, el Tribunal de Justicia establece, en primer lugar, que la excepción de copia privada del artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29 –traspuesto básicamente en el art. 25 TRLPI- abarca las copias que, cumpliendo con lo previsto en esa disposición, se realizan en los servidores que los proveedores de servicios de computación en la nube ponen a disposición de sus usuarios para que puedan almacenar contenidos. La sentencia llega a esta conclusión, tras constatar que la expresión “cualquier soporte” empleada en el mencionado artículo 5.2.b) debe ser, de acuerdo con su jurisprudencia previa, objeto de una interpretación amplia, entre otros motivos, para salvaguardar el principio de neutralidad tecnológica, que requiere no favorecer el uso de ciertas tecnologías en detrimento de otras; así como que por no tratarse de meros actos de reproducción, la excepción no se proyecta sobre los actos de comunicación mediante los que el usuario de un servicio de almacenamiento en la nube comparta la obra (apdos. 21 a 32 de la sentencia).

lunes, 14 de marzo de 2022

Ayuda financiera y deber de diligencia de la sociedad matriz: competencia judicial y ley aplicable

 

               La sentencia del Tribunal de Justicia del pasado jueves en el asunto BMA Nederland, C-498/20, EU:C:2022:173, aborda la interpretación del fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I bis o RBIbis) y de la regla general sobre ley aplicable del artículo 4 del Reglamento 864/2007 (Reglamento Roma II o RRII), en el marco de ciertas acciones de responsabilidad extracontractual ejercitadas frente a la sociedad matriz de una sociedad concursada con base en el incumplimiento por la demandada de su deber de diligencia para con el conjunto de los acreedores de la concursada al poner fin a su ayuda financiera a ésta. En el litigio principal el administrador concursal de una filial neerlandesa había demandado ante los tribunales de ese país a la sociedad matriz de cabecera alemana ejercitando una acción de responsabilidad extracontractual en favor del conjunto de los acreedores, pero no en su nombre. Para la atribución de competencia a los tribunales neerlandeses resulta determinante la interpretación del fuero del artículo 7.2 RBIbis, en la medida en que el domicilio de la demandada se encontraba en Alemania. Cabe recordar que, conforme a la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia, las normas de competencia del Reglamento 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia no resultan de aplicación -en virtud de su art. 6- con respecto a acciones de responsabilidad extracontracual que el administrador concursal ejercita en interés del conjunto de los acreedores frente a terceros, cuando tienen su fundamento en las normas generales de Derecho civil y mercantil y no en reglas excepcionales, específicas del procedimiento concursal (véase, v.gr., aquí). Además, en el litigio principal, con posterioridad, una fundación destinada a defender los intereses colectivos de los acreedores presentó una demanda para intervenir en ese procedimiento con base en la regla de competencia del artículo 8.2 RBIbis.

viernes, 4 de marzo de 2022

Ley aplicable a las infracciones en línea de derechos de propiedad industrial unitarios: la sentencia Acacia

 

               Conforme al artículo 8.2 del Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Reglamento Roma II o RRII): “En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario.” Esa norma tiene la función de determinar la legislación de qué Estado miembro complementa a instrumentos como el Reglamento (CE) 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC) y el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE)  en tanto que lex loci protectionis. Esos instrumentos no proporcionan una regulación exhaustiva de las cuestiones comprendidas dentro del alcance de la lex loci protectionis, lo que, unido a las limitaciones del ordenamiento jurídico de la Unión, determina la necesidad de suplementarlos con reglas de los Estados miembros. El carácter incompleto de esos instrumentos se manifiesta con especial intensidad en lo relativo a la infracción de derechos, ámbito específico sobre el que se proyecta el artículo 8 RRII, debido a la ausencia de normas sobre sanciones (sin perjuicio de la armonización alcanzada mediante la Directiva 2004/48/CE). En concreto, en el caso de los dibujos o modelos comunitarios, los artículos 88.2 y 89.1.d) RDC se remiten en relación con las cuestiones no reguladas en el propio Reglamento, y en particular las sanciones, a la legislación determinada por las normas de Derecho internacional privado del foro (el RMUE contiene disposiciones equivalentes respecto de las marcas de la Unión). En su sentencia Nintendo –reseñada aquí- el Tribunal de Justicia puso ya de relieve cómo esa remisión debe entenderse hecha al artículo 8.2 del Reglamento Roma II. En tales circunstancias, la determinación del Estado miembro cuya ley debe ser aplicada en virtud del artículo 8.2 RRII puede resultar decisiva respecto de cuestiones como la fijación de la indemnización por daños y perjuicios, la aportación de información y documentos, la rendición de cuentas o la entrega de los productos infractores para su destrucción. Cuando las infracciones van referidas a la comercialización transfronteriza de productos en línea, la concreción del “país en el que se haya cometido la infracción” a los efectos del mencionado artículo 8.2 RRII presenta particulares dificultades. La sentencia pronunciada ayer por el Tribunal de Justicia en el asunto Acacia, C-421/20, EU:C:2022:152, resulta de gran interés de cara a la futura aplicación del artículo 8.2 RRII. Si bien la respuesta del Tribunal se basa en los objetivos de seguridad jurídica y de previsibilidad del RRII (apdo. 45 de la nueva sentencia) y presenta ventajas, puede introducir también nuevos elementos de distorsión. La singular complejidad del marco normativo e interpretativo aconseja abordar las siguientes cuestiones: la caracterización de este tipo de situaciones transfronterizas (I, infra); el tratamiento de la competencia judicial internacional (II, infra); la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia acerca del artículo 8.2 RRII (III, infra); la respuesta de la sentencia Acacia y sus ventajas (IV, infra); y los elementos de complejidad y las dificultades resultantes de la sentencia Acacia (V, infra).

 

viernes, 25 de febrero de 2022

Sitios web de intermediación: obligaciones en relación con la comercialización de bienes

 

La sentencia de ayer del Tribunal de Justicia en el asunto Tiketa, C-536/2020, EU:C:2022:112, viene a establecer que los sitios de Internet que comercializan como intermediarios bienes se hallan vinculados, al igual que el comerciante principal, por las obligaciones de facilitar al consumidor información precontractual antes de que quede vinculado por cualquier contrato a distancia impuestas en el artículo 6 de la Directiva 2011/83. La sentencia Tiketa resulta de interés no solo con respecto a la obligación de los sitios web que intermedian en la comercialización de bienes de cumplir con las obligaciones de información del artículo 6 de la Directiva 2011/83 –incorporado básicamente en el artículo 97 LGDCU- sino también con respecto a la forma que debe adoptar esa información y la previsión de que la misma formará parte integrante del contenido del contrato (art. 8 Directiva 2011/83, traspuesto básicamente en el artículo 98 LGDCU).

 

miércoles, 16 de febrero de 2022

Inversiones en plantaciones de árboles y ley aplicable

 

La sentencia del Tribunal de Justicia del pasado jueves en el asunto ShareWood Switzerland, C-595/20, EU:C:2022:86, contribuye a reforzar la protección de quienes al margen de su actividad profesional o empresarial realizan inversiones transfronterizas en plantaciones de árboles de maderas valiosas. La sentencia produce ese resultado en la medida en que interpreta el artículo 6 del Reglamento 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento Roma I o RRI) en el sentido de que la circunstancia de que los contratos en los que se formalizan tales inversiones incluyan un arrendamiento para dejar crecer los árboles en un determinado terreno no es suficiente para considerar que se trata de contratos que tienen “por objeto un derecho real inmobiliario o contratos de arrendamiento de un bien inmueble” (art. 6.4.c RRI), de modo que no quedan excluidos del régimen de protección de los consumidores del artículo 6 RRI. Las circunstancias del litigio principal son ilustrativas de la relevancia práctica de la cuestión. En ese litigio un inversor residente en Austria había demandado ante los tribunales austriacos a la sociedad suiza con la que había contratado esas inversiones relativas a plantaciones situadas en Sudamérica. Determinante, según parece, para el eventual éxito de la demanda era la aplicación de la legislación austriaca de protección de los consumidores. Ahora bien, la parte demandada se oponía a esa circunstancia con base en la existencia en el contrato de una cláusula de elección del Derecho suizo como aplicable.

jueves, 10 de febrero de 2022

La nacionalidad como elemento condicionante de las normas de competencia judicial en la Unión Europea


             De las dos sentencias pronunciadas hoy por el Tribunal de Justicia relativas a instrumentos del Derecho internacional privado de la Unión, cabe comenzar con la relativa al Reglamento Bruselas II bis, dejando para la siguiente entrada la que trata sobre el Reglamento Roma I. La cuestión abordada por el Tribunal de Justicia en la sentencia OE (Résidence habituelle d’un époux – Critère de nationalité), C-522/20, EU:C:2022:87, es la compatibilidad con la prohibición de toda discriminación por nacionalidad contenida en el artículo 18 TFUE del empleo por las normas de competencia judicial internacional de la nacionalidad como elemento relevante de vinculación con un Estado miembro. En el litigio principal un cónyuge italiano que había dejado la residencia habitual del matrimonio en Irlanda para pasar a residir en Austria pretendía que los tribunales de su nuevo país de residencia eran competentes para conocer de su demanda de divorcio frente a su cónyuge de nacionalidad alemana que mantenía su domicilio en Irlanda. Sostenía el demandante que para ello bastaba el transcurso de seis meses de residencia por su parte en Austria, al considerar que la distinción establecida en los guiones 5 y 6 del artículo 3.1.a) del Reglamento n.º 2201/2003 (Reglamento Bruselas IIbis o RBIIbis) resultaba incompatible con la prohibición de discriminación por nacionalidad del artículo 18 TFUE. Como es conocido, esas normas –cuyo contenido se mantiene en el Reglamento (UE) 2019/1111 que deroga el RBIIbis a partir del 1 de agosto de 2022- diferencian al atribuir competencia a los tribunales del Estado miembro de la residencia habitual del demandante en función de si es nacional o no del Estado miembro en cuestión. Si es nacional, sólo se exige que haya residido ahí los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda; por el contrario, si no lo es –como sucedía en el litigio principal- se requiere que ese periodo de residencia sea al menos un año en ese Estado. De manera coherente con el significado y función de la nacionalidad como criterio de conexión, en particular en el ámbito del estado civil y del Derecho de familia, el Tribunal de Justicia rechaza el planteamiento del demandante.

jueves, 3 de febrero de 2022

Precisiones adicionales sobre el lugar de prestación de los servicios como criterio atributivo de competencia

                  Las controversias derivadas de contratos internacionales de transporte de pasajeros han sido objeto de especial atención en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del fuero especial de competencia en materia contractual del artículo 7.1 del Reglamento 1215/2012 (RBIbis), en particular de su inciso b) que establece la competencia de los tribunales del Estado miembro donde hayan sido o deban ser prestados los servicios. Esa singular relevancia tiene que ver con el significado de ese fuero para determinar la competencia en las demandas sobre compensación en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos conforme al Reglamento (CE) 261/2004, así como con el hecho de que se trata de una categoría de contratos excluida de las reglas de protección en materia de consumo del RBIbis (art. 17.3). La jurisprudencia previa del Tribunal había establecido ya que en el caso de los vuelos directos tanto el lugar de salida como el lugar de llegada son lugares de prestación principal de los servicios a los efectos de atribuir competencia con base en el artículo 7.1.b) RBIbis. Asimismo, había aclarado que ese resultado es aplicable mutatis mutandis en supuestos en los que la demanda se dirige contra el transportista que operó solo uno de los dos vuelos en conexión y además aunque se trate de un transportista que no tiene contrato directamente con los pasajeros afectados (véase al respecto aquí y aquí). La sentencia de hoy en el asunto LOT Polish Airlines, C-20/21, EU:C:2022:71 presenta la novedad de valorar la posibilidad de demandar ante los tribunales del lugar de llegada del primer trayecto en el caso de vuelos con una única reserva para el conjunto del itinerario pero divididos en dos o más trayectos efectuados por distintos transportistas.

sábado, 29 de enero de 2022

Nueva sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) sobre (ir)responsabilidad de las plataformas en línea

 

        En la medida en que el grueso de su fundamentación se centra en “cortar y pegar” su previa sentencia de 30 de diciembre de 2020, junto con ciertas referencias a la STJUE en el asunto Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112, no cabe decir que la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 7 de enero (ES:TS:2022:6) constituya una gran aportación. Como ha tenido eco en los medios de comunicación, la nueva sentencia estima el recurso de casación interpuesto por Airbnb contra la sentencia del TSJ de Cataluña de 13 de noviembre de 2019, que desestimó el recurso contencioso interpuesto por Airbnb contra ciertas resoluciones autonómicas que, en síntesis, ordenaban el bloqueo o supresión de su web de la publicidad de alojamientos turístico localizados en Cataluña en la que no constara el número de inscripción en un Registro establecido a nivel autonómico. Tanto la sentencia del TJUE aludida, como la previa sentencia del TS y la del TSJCat objeto de casación han sido objeto de reseñas en este blog (aquí y aquí), que tomo ahora como referencia. Dejando a un lado los aspectos relativos a la consideración de Airbnb Ireland como beneficiaria del criterio del origen del artículo 3 de la Directiva 2000/31 (DCE) –Fdto. de Dcho. 5-, la fundamentación de la nueva sentencia no contribuye a despejar las incertidumbres sobre otras cuestiones relevantes y de gran trascendencia en este tipo de casos, como la concreción de los prestadores de servicios de la sociedad de la información que se benefician de la limitación de responsabilidad de los artículos 14 DCE y 16 LSSI o el alcance de la prohibición de obligaciones generales de supervisión del artículo 15 DCE.

lunes, 24 de enero de 2022

Derecho Privado de Internet - Sexta Edición


                Acaba de aparecer la sexta edición de Derecho Privado de Internet. Si bien la nueva edición mantiene en gran medida la estructura básica de la anterior, incorpora una completa revisión de cada uno de sus siete capítulos, que se ha traducido también en una significativa ampliación de los contenidos y de la extensión de la obra. El índice completo es el siguiente.


jueves, 20 de enero de 2022

Aspectos internacionales de la Circular 1/2022 de la CNMV relativa a la publicidad sobre criptoactivos

 

               La circunstancia de que la “publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión”, a la que va referida la Circular 1/2022 de la CNMV publicada el pasado lunes en el BOE, tenga lugar con gran frecuencia en línea y con la intervención de prestadores de servicios que operan a escala internacional, dota de especial relevancia a la valoración del ámbito espacial de las normas contenidas en la Circular, su eventual (in)aplicación a ciertos prestadores de servicios (en el sentido amplio característico de los servicios de la sociedad de la información) comprendidos en ese ámbito espacial pero no establecidos en España, así como incluso -en conexión con los artículos 240 y 240 bis LMV- a las medidas susceptibles de ser adoptadas contra la publicidad transfronteriza que pueda reputarse ilícita. En el texto de la Circular la dimensión internacional recibe atención en su norma 3, que si bien va referida al “ámbito objetivo” comprende también su ámbito espacial o territorial de aplicación. A ese respecto, la norma recurre, como resulta adecuado en el ámbito publicitario y de ordenación del mercado, al criterio de las actividades dirigidas, si bien lo hace en términos que justifican ciertas reflexiones acerca, por ejemplo, de la comparación de su formulación con la de la norma 3 de la Circular 2/2020 o con la Propuesta de Reglamento UE de 24.9.20 (MiCA) y de los elementos relevantes para concretar el criterio de las actividades dirigidas en el contexto actual (I, infra). El artículo 4 de la Circular 1/2022 va referido a su ámbito de aplicación subjetivo. Ahora bien, la aplicación de los requisitos en materia publicitaria que la Circular establece a los sujetos ahí enumerados puede verse en algunas situaciones afectada –habida cuenta del objeto de la Circular, las categorías de sujetos sobre los que se proyecta y el estado actual del Derecho de la UE- por el criterio del mercado interior respecto de determinados sujetos que se encuentren establecidos en otros Estados miembros de la UE (II, infra). Por otra parte, resulta también reseñable que en el Anexo II de la Circular, relativo a los riesgos sobre los que debe informarse en la publicidad, se hace referencia a que “(C)uando el proveedor de servicios no se encuentra localizado en un país de la Unión Europea la resolución de cualquier conflicto podría resultar costosa y quedar fuera del ámbito de competencia de las autoridades españolas.” Al margen de la concreta formulación de esa advertencia, la referencia al alcance de la competencia de las autoridades españolas justifica también la reflexión sobre la adecuación, desde la perspectiva internacional, de las medidas frente a la publicidad ilícita que contempla el párrafo segundo del artículo 240 LMV, al que se remite el segundo párrafo del artículo 240 bis LMV, en el que tiene su origen la Circular reseñada (III, infra).

viernes, 7 de enero de 2022

Guía de la Comisión sobre la Directiva 2005/29: aplicación al sector digital

 

               Desde la perspectiva de la adaptación de la actividad empresarial al complejo marco normativo regulador del comercio en línea, incluidas algunas de las novedades introducidas en nuestro ordenamiento por el Libro Sexto del Real Decreto-ley 24/2021, presentan interés dos recientes documentos publicados por la Comisión: las “Directrices sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores” y la “Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores”. En el primero de esos documentos destaca la exposición de los requisitos de información a los consumidores en relación con los contratos a distancia así como del régimen del régimen del derecho de desistimiento. Por su parte, la Guía sobre la Directiva 2005/29 –incorporada en nuestro ordenamiento básicamente en la Ley de Competencia Desleal (LCD) y en menor medida en la LGDCU- incluye un análisis específico de su aplicación al sector digital, con referencia a las novedades introducidas por la Directiva (UE) 2019/2161, objeto de transposición en el mencionado Real Decreto-ley 24/2021. La presente entrada se limita a esta Guía y a algunos de sus aspectos más significativos desde la perspectiva de las actividades en línea.