lunes, 15 de octubre de 2018

Acción pauliana: el lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales como fundamento de la competencia internacional


Tenía pendiente referirme a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Feniks, C-337/17, también del pasado 4 de octubre, y que ha sido objeto ya de algún comentario. Ciertamente, la principal aportación de la sentencia es que el Tribunal admite la aplicación del fuero en materia contractual del artículo 7.1.a) del Reglamento 1215/2012 (RBIbis) como alternativa a la regla general del domicilio del demandado en situaciones en las que el titular de un derecho de crédito nacido de un contrato pretende ejercitar una acción pauliana para que se declare ineficaz frente a él un acto (venta de un bien inmueble) lesivo de su deudor. Establece la sentencia que la obligación contractual cuyo lugar de cumplimiento determina qué tribunal tiene competente es la existente entre el acreedor que ejercita la acción y su deudor, con independencia de que la acción se ejercite contra el tercero que se beneficia del acto lesivo cuya ineficacia frente a él pretende el demandante. Aunque el Tribunal valora de manera específica que su solución es respetuosa con el objetivo de previsibilidad de las normas de competencia, cabe entender que es este aspecto el que suscita mayores dificultades.


               En primer lugar, cabe reseñar que la sentencia aborda la delimitación entre el RBIbis y el Reglamento 1346/2000 sobre insolvencia –sustituido por el Reglamento 2015/848- (RI). El Tribunal recuerda que el primero no es de aplicación en la medida en que se trate de acciones incluidas dentro del ámbito material del RI, como es el caso de las acciones revocatorias concursales, al tratarse de acciones que se derivan directamente de un procedimiento de insolvencia y guardan una estrecha vinculación con este. En el litigio principal no existía un procedimiento de insolvencia abierto contra el deudor y la demanda no se enmarcaba en un procedimiento de liquidación de bienes o suspensión de pagos, ni tenía por objeto incrementar el activo de la sociedad que había realizado el acto de disposición lesivo para el demandante, de modo que el Tribunal, en línea con su jurisprudencia previa, concluye que la acción no está comprendida en el RI sino en el RBIbis.

               Antes de continuar, conviene recordar que el litigio principal tenía por objeto una acción pauliana ejercitada por una sociedad con domicilio en Polonia contra otra con domicilio en España con objeto de que se declarara ineficaz frente a la sociedad demandante la compraventa celebrada entre la sociedad española y una sociedad polaca deudora de la demandante en virtud de ciertos contratos de obra en relación con ciertas construcciones en Polonia. El contrato de compraventa tenía básicamente por objeto la adquisición por la sociedad española de otro bien inmueble situado en Polonia. En tales circunstancias, de  considerar el Tribunal que el único fuero disponible para el ejercicio de la acción pauliana en el marco del RBIbis es el domicilio del demandado –como según una opinión bastante extendida cabía derivar de su jurisprudencia previa sobre la acción pauliana aunque el Tribunal no se hubiera pronunciado expresamente acerca del fuero del art. 7.1.a)- , tan solo serían competentes los tribunales españoles, al tener la demandada su domicilio en España. Por consiguiente, la posibilidad de invocar el artículo 7.1.a) resultaba determinante de cara a fundar la eventual competencia de los tribunales polacos.

               Con respecto al pretendido obstáculo a la aplicación del artículo 7.1.a) derivado de la exigencia por parte de la jurisprudencia previa de que la pretensión del demandante se base en la existencia de un compromiso libremente asumido por una persona frente a otra, el Tribunal entiende que ese requisito se cumple cuando la acción pauliana “se ejercita en virtud de derechos de crédito nacidos de obligaciones asumidas mediante la celebración de un contrato” (apdo. 43 de la sentencia). A este respecto, considera determinante que en el litigio principal el fundamento de la acción pauliana es que el acto cuya ineficacia se pretende se ha producido en fraude de los derechos del acreedor nacidos de las obligaciones libremente asumidas por su deudor y que es el incumplimiento de esas obligaciones la causa de la acción (apdo. 42). De acuerdo con su jurisprudencia previa la posibilidad de invocar el 7.1.a) se basa en la causa de acción y no en la identidad de partes. Ahora bien, este planteamiento del Tribunal le lleva a asumir sin ulterior valoración que la obligación que sirve de base a la demanda a estos efectos, y cuyo lugar de cumplimiento resulta determinante, es la que media entre el acreedor demandante y su deudor, es decir los contratos de obra entre las empresas polacas, pese a que esos contratos no presenten vinculación con la parte frente a la que se ejercita la acción pauliana (la sociedad domiciliada en España que adquirió un inmueble de la deudora del demandante). El Tribunal de Justicia no considera la posibilidad de conectar la acción pauliana con el contrato en el que es parte el demandado y cuya eventual ineficacia frente al demandante se pretende.

               Por ello, una eventual generalización del siguiente paso que da el Tribunal al justificar esa aplicación del artículo 7.1.a) puede resultar controvertida. El Tribunal considera que su interpretación es compatible con la exigencia de previsibilidad de las reglas de competencia, en concreto afirma que ello es así “tanto más cuanto que un profesional que ha celebrado un contrato de compraventa de un inmueble puede razonablemente esperar, en caso de que un acreedor de su cocontratante alegue que ese contrato obstaculiza indebidamente la ejecución de las obligaciones de dicho cocontratante frente a su acreedor, ser demandado ante un órgano jurisdiccional del lugar de ejecución de esas obligaciones” (apdo. 47). Además, confirma en el apartado 48 que esa conclusión debe afirmarse cuando, como en el litigio principal la acción se ejercita contra el tercero y no contra el deudor.

Sin ulteriores precisiones, no queda claro por qué resulta previsible para un profesional –por ejemplo, la sociedad española- la posibilidad de ser demandada en cualquier lugar en el que se ha de cumplir una obligación derivada de cualquier contrato entre su contraparte y un tercero. En concreto, no se pone de relieve la existencia en el litigio principal de vinculación entre los contratos de obra –al parecer relativos a un proyecto de inversión inmobiliaria en Gdansk- y la compraventa del bien inmueble (situado en Szczecin, ante cuyos tribunales, por cierto, se había presentado la demanda en el litigio principal). El Abogado General en sus conclusiones, de las que se aleja el Tribunal de Jusiticia, había puesto de relieve para rechazar el planteamiento ahora adoptado por el Tribunal, que el acto impugnado (en el caso concreto la compraventa del inmueble) puede tener una conexión muy tenue o inexistente con la obligación contractual entre quien ejercita la acción pauliana y el cocontratante del demandado. Esa previsibilidad tampoco se vincula por parte del Tribunal con la eventual exigencia en la legislación aplicable de que el tercero tenga conocimiento de que el deudor del demandante actuaba perjuicio de este último.

En tales circunstancias, la generalización de ese planteamiento puede resultar controvertida. Por ejemplo, en un supuesto como el del litigio principal pero en el que el bien inmueble objeto de la compraventa hubiera estado en España en lugar de en Polonia, el resultado al que conduciría el planteamiento adoptado por el Tribunal –competencia de los tribunales polacos con base en el art. 7.1.a) RBIbis para conocer de la acción pauliana contra la demandada domiciliada en España por ser el lugar de cumplimiento de las obligaciones relevantes entre la demandante y su deudora- podría plantear dudas adicionales no solo desde la perspectiva de la exigencia de previsibilidad sino también en relación con el objetivo de buena administración de justicia.