lunes, 27 de junio de 2016

Brexit y litigios internacionales: primeras reflexiones


I. Planteamiento 

                Durante las dos últimas décadas y en el marco de la cooperación judicial en materia civil la Unión Europea se ha dotado de un conjunto de reglamentos que unifican las normas relativas a los litigios internacionales en materia civil y mercantil, salvo en determinadas parcelas que han quedado por el momento al margen. El particular estatus del Reino Unido en relación con el Espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que se enmarca la cooperación judicial en la UE, ha permitido que no quedara vinculado por algunos de esos reglamentos –de modo que nunca ha sido un Estado miembros a sus efectos-, pero también es cierto que el Reino Unido ha influido de manera significativa en el contenido de los instrumentos en cuya adopción ha participado, sin perjuicio de que hayan existido notables desavenencias como refleja la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en lo relativo al forum non conveniens o las antisuit injunctions. Por otro lado, de cara al futuro la salida del Reino Unido puede mermar la singular influencia que a nivel internacional han venido ejerciendo algunos de esos reglamentos como modelo para otros ordenamientos y en negociaciones internacionales, favorecida, junto por su alta calidad técnica, por la vinculación de estos instrumentos con el conjunto de los países (Inglaterra más otros de la Europa continental) de los que proceden los grandes sistemas jurídicos que se han expandido por los cinco continentes.
Más allá de la nostalgia, apenas unas horas después de hacerse público el resultado del referéndum celebrado en el Reino Unido, se impone reflexionar acerca de la repercusión de su salida de la Unión Europea sobre la aplicación del conjunto de instrumentos de la Unión que regulan la competencia judicial, la ley aplicable y el reconocimiento de resoluciones judiciales en materias de Derecho privado. Es obvio que las implicaciones del Brexit vendrán condicionadas por el marco de relaciones entre el Reino Unido y la Unión que se pueda acordar conforme al artículo 50 TUE, sobre lo que de momento no existen certezas. En todo caso, punto de partida del análisis debe ser cuál será la situación en ausencia de tal acuerdo o si el mismo no incluye previsiones sobre las cuestiones aquí tratadas; lo que ha de complementarse con algunas reflexiones acerca de las alternativas posibles. En relación con las alternativas, cabe con carácter general apuntar que si bien en algunos de estos sectores en las relaciones entre los Estados miembros y terceros Estados –condición que pasará a tener el Reino Unido- desempeñan un papel significativo los convenios bilaterales –basta pensar en lo que sucede en el caso de España con el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras-, cualquier futuro convenio que pueda celebrarse con el Reino Unido en las materias en las que existe normativa de la UE deberá serlo por la propia UE, sin que sus Estados miembros tengan ya posibilidad en estas materias de concluir convenios bilaterales, habida cuenta del alcance de las competencias exclusivas externas de la Unión. Pese a tener competencia para ello, de momento, la UE no ha concluido convenios bilaterales en estas materias con ningún Estado, lo que permite aventurar que tal vez tampoco esté dispuesta a dedicar muchos recursos a corto plazo a hacerlo con el Reino Unido.

viernes, 24 de junio de 2016

De nuevo sobre buscadores de Internet y determinación del responsable del tratamiento de datos por el Tribunal Supremo

            Las ocho sentencias pronunciadas el pasado 13 de junio por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo resolviendo recursos de casación contra  sentencias de la Audiencia Nacional, relativas a resoluciones sancionatorias de la Agencia Española de Protección de Datos con respecto al ejercicio del derecho al olvido frente al buscador Google, han venido a confirmar la posición previamente mantenida por esa Sala en sus sentencias de 11, 14 y 15 de marzo, en el sentido de considerar únicamente responsable del tratamiento a Google Inc., como entidad que gestiona el motor de búsqueda, y no a Google Spain SL. Como elemento singular de las nuevas sentencias destaca que se han pronunciado después de que el pasado 5 de abril la Sala de lo Civil del TS adoptara un criterio diferente al interpretar el concepto de responsable del tratamiento en materia de responsabilidad civil por vulneración del derecho al honor derivada de la ilicitud en el tratamiento de los datos personales por el mismo buscador de Internet tras el ejercicio del derecho de oposición por el afectado. La Sala de lo Contencioso dedica un Fundamento Jurídico específicamente a abordar las implicaciones de la sentencia de la Sala de lo Civil (se reproduce al final de este comentario, como Anexo, el Fundamento Jurídico Undécimo de la STS (Contencioso) de 13 de junio, Recurso: 984/2015, Resolución: 1385/2016), por lo que resulta de interés volver sobre esta cuestión, tomando como punto de partida el comentario que ya le dediqué, para valorar la aportación de las nuevas sentencias.

lunes, 20 de junio de 2016

Reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de insolvencia: avances en el seno de UNCITRAL

    El reciente informe del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) de la UNCITRAL/CNUDMI sobre la labor realizada en su 49 periodo de sesiones dedica especial atención (págs. 13 a 19) a presentar la evolución de sus trabajos en materia de “reconocimiento y ejecución transfronterizos de sentencias relacionadas con casos de insolvencia”. Ese documento debe ser puesto en relación con otros, en particular dos Notas de la Secretaría previas, que recogen el texto más reciente del Proyecto de ley modelo en la materia así como una propuesta sobre el mismo del Gobierno de EEUU (disponibles aquí ESP / ENG ). La lectura de estos documentos se presta a diversas reflexiones, tanto sobre la posible evolución de estos trabajos de la UNCITRAL y su interés desde la perspectiva española y de la UE, como en relación con las principales dificultades para la elaboración de normas uniformes en la materia, por ejemplo, al hilo del ámbito de aplicación del Proyecto de ley modelo y de los debates sobre los controles a los que debe subordinarse el reconocimiento y ejecución de resoluciones. Especial interés presenta la mención incluida en el último párrafo del mencionado informe del Grupo de Trabajo V, que hace referencia junto a la eventual adopción de la ley modelo a la posibilidad de elaborar un convenio internacional en la materia.

viernes, 17 de junio de 2016

Daños patrimoniales y determinación de la competencia en el Reglamento Bruselas I bis

En su sentencia de ayer en el asunto C12/15, Universal Music International Holding, el Tribunal de Justicia ha reafirmado el criterio de que el lugar donde se producen los daños patrimoniales (por ejemplo, la ubicación de la cuenta bancaria desde la que se realiza el pago) que son consecuencia directa  de un acto ilícito cometido en otro Estado miembro no es por sí sólo lugar del hecho dañoso a los efectos de atribuir competencia con base en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) 1215/2012 (Reglamento Bruselas I bis). En el litigio principal, la reclamación se dirigía contra tres abogados por los daños causados por su supuesta negligencia en la redacción de un contrato de opción de compra de participaciones.

lunes, 6 de junio de 2016

La propuesta de Reglamento de la UE sobre bloqueo geográfico y otras formas de discriminación en el comercio electrónico


                En el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital la Comisión Europea presentó el pasado 25 de mayo su Propuesta de Reglamento sobre las medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes en el mercado interior, COM(2016) 289 final. La Propuesta parte de que ciertos obstáculos creados por los comerciantes, bien mediante el bloqueo o la limitación del acceso de clientes a sus interfaces en línea (sitios web, aplicaciones…) bien por el empleo de condiciones generales de acceso a sus bienes o servicios diferentes, son incompatibles con el mercado interior y el desarrollo del llamado mercado único digital, al compartimentar geográficamente el territorio de la UE y discriminar principalmente por razón de la residencia de los clientes. Según la Comisión este tipo de medidas son determinantes del bajo volumen de contratos transfronterizos en el seno de la UE frente al potencial del comercio electrónico, aunque también contempla que en ocasiones tales medidas son necesarias para garantizar el cumplimiento de un requisito legal. Junto a la dirección IP del usuario, elementos de geolocalización relevantes en la práctica son la dirección proporcionada por el cliente, su lengua o el Estado de emisión de su instrumento de pago. La Propuesta impone prohibiciones significativas a los comerciantes, si bien la determinación de su alcance requiere un análisis detallado. Aunque la iniciativa aparece orientada a proporcionar certeza, la interacción de esas prohibiciones con las situaciones en las que el empleo de instrumentos de geolocalización para bloquear o limitar el acceso a sitios web o aplicaciones es admisible puede resultar controvertida, así como el alcance de las restricciones previstas desde la perspectiva de la libertad de empresa y la autonomía contractual, y también la repercusión de la normativa propuesta sobre el funcionamiento de importantes normas de nuestro sistema de Derecho internacional privado.

martes, 31 de mayo de 2016

Eficacia de las freezing injunctions en el marco del Reglamento Bruselas I bis: la sentencia Meroni


La sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de mayo, C-559/14, Meroni, ha venido a confirmar sustancialmente la propuesta formulada por la Abogado General en sus conclusiones del pasado 25 de febrero, con respecto a la eficacia extraterritorial de las llamadas freezing injunctions en el sistema del Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis (RBIbis), por lo que cabe en buena medida reiterar lo ya dicho al hilo de esas Conclusiones. A partir de su jurisprudencia previa acerca del alcance del orden público como motivo de denegación del reconocimiento y ejecución de resoluciones (arts. 34 RBI y 45 RBIbis), el Tribunal de Justicia avala la eficacia en los Estados miembros del Reglamento de medidas provisionales adoptadas por tribunales de otros Estados miembros estableciendo con carácter preventivo prohibiciones a ciertas personas de disponer de determinados activos (situados en el extranjero), incluso cuando tales medidas han sido adoptadas sin dar audiencia a un tercero que resulta afectado por la ejecución si a éste le ha sido comunicada la resolución y ha tenido posibilidad de recurrir ante el tribunal del Estado de origen.

jueves, 19 de mayo de 2016

Aspectos internacionales del Reglamento general de protección de datos de la UE (II): Derecho aplicable


            Novedad significativa del Reglamento (UE) 2016/679 es su enfoque en lo relativo al ámbito de aplicación territorial de la legislación europea sobre protección de datos, en la medida en que modifica algunos de los criterios utilizados en la Directiva 95/46/CE, con el propósito de establecer un régimen mejor adaptado al entorno de la sociedad de la información, en el que resulta habitual el tratamiento de datos personales en el marco de la comercialización de bienes y servicios a distancia, con frecuencia por responsables establecidos en terceros Estados. El nuevo Reglamento en su artículo 3 mantiene el criterio –objeto de interpretación en la conocida sentencia Google Spain del Tribunal de Justicia- según el cual su normativa es aplicable al tratamiento de datos personales en el contexto de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, con independencia de dónde tenga lugar el tratamiento. Por el contrario, con respecto a los responsables y encargados no establecidos en la UE, el Reglamento abandona el criterio recogido en el artículo 4 de la Directiva 95/46/CE. Como refleja también el artículo 3 LOPD, la Directiva hacía depender la legislación aplicable del lugar de situación de los medios –automatizados o no– a los que se recurriera para el tratamiento de datos personales, mientras que el Reglamento sustituye ese enfoque por otro basado en que el responsable establecido en un tercer Estado dirija su oferta de bienes o servicios a la Unión o controle en la Unión el comportamiento de interesados.