lunes, 15 de septiembre de 2014

Litigios por difamación en Internet: la limitada aportación de la sentencia Papasavvas

                La responsabilidad civil en materia de vulneración de los derechos de la personalidad es un sector en el que existen significativas diferencias entre los Estados miembros de la UE, como consecuencia de la ausencia de legislación armonizadora, sólo en parte atenuada por el significado del CEDH en tanto que marco común de referencia en lo relativo al equilibrio entre los varios derechos fundamentales implicados en estas situaciones, típicamente los derechos al honor y a la intimidad, de un lado, y los derechos a la libertad de expresión e información, de otro. Esa disparidad de regímenes, unida a la frecuencia con la que la difusión de información en Internet plantea cuestiones de responsabilidad civil en esa materia a nivel tranfronterizo, se vincula con la importancia de determinar la ley aplicable (por ejemplo, cuando un periódico editado en Inglaterra supuestamente lesiona el honor de una persona con residencia en España). En ausencia también de normas de la UE en materia de ley aplicable en este sector (al haber quedado excluido del Reglamento Roma II), las soluciones pueden variar significativamente en función de en qué Estado de la UE se plantee el litigio, y como es bien conocido tras la sentencia eDate Advertising con frecuencia la víctima tendrá la posibilidad de demandar por el conjunto del daño y a su elección bien ante los tribunales del domicilio del demandado o del centro de interés de la víctima, que con frecuencia coincidirá con su propio domicilio. En un número significativo de Estados miembros la ley aplicable será la del domicilio de la víctima. En consecuencia, en una demanda por intromisión en el derecho al honor frente a un periódico digital editado en el Estado Miembro 1 por una sociedad domiciliada en dicho Estado, interpuesta por la víctima ante los tribunales del Estado Miembro 2 (el de su residencia habitual), la ley aplicable para determinar si el medio de comunicación es responsable y con qué alcance sería (en función de las normas de DIPr del foro) la ley del Estado Miembro 2. Ahora bien, a este respecto, desde la perspectiva del editor del periódico digital tiene especial importancia que la sentencia eDate Advertising estableció también que el artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico (DCE) debe interpretarse en el sentido de que por lo que se refiere al ámbito coordinado (que incluye los requisitos relativos a la responsabilidad del prestador de servicios y comprende el Derecho civil), los Estados miembros deben garantizar que el prestador de un servicio de comercio electrónico no esté sujeto a requisitos más estrictos que los previstos por el Derecho material en vigor en el Estado miembro de establecimiento de dicho prestador (es decir, el Estado Miembro 1). Desde entonces ha cobrado singular interés el debate acerca de en qué medida pueden considerarse las legislaciones de los Estados miembros en materia de intromisión en los derechos de la personalidad restricciones a efectos de la aplicación del principio de origen de la DCE, lo que favorecería la aplicación de los estándares del país de establecimiento si son más favorables para el prestador, pese a que la ley aplicable en virtud de las reglas de conflicto del foro sea la de la residencia habitual de la víctima. Por ello, no debe extrañar que el asunto C-291-13 Papasavvas, sobre el que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de septiembre, hubiera generado una gran expectación, en particular en la medida en que la primera pregunta planteada al Tribunal era la siguiente: “Habida cuenta de que la normativa de los Estados miembros sobre la difamación influye en la capacidad de prestar servicios de información por medios electrónicos tanto en el ámbito nacional como en el interior de la Unión Europea, ¿puede considerarse dicha normativa una restricción a la prestación de servicios de información a efectos de la aplicación de la Directiva [2000/31]?”.

jueves, 4 de septiembre de 2014

La resolución del Landgericht de Fráncfort sobre la aplicación Uber

Pese a tratarse de un auto de adopción de medidas provisionales en primera instancia, la reciente resolución del Landgericht Frankfurt am Main, fechada el 25 de agosto (y disponible, por ejemplo, aquí), reviste interés, más allá de lo ya dicho en su amplia repercusión en los medios de comunicación. Como es bien conocido, la resolución tiene su origen en una demanda interpuesta por una entidad alemana del sector del taxi frente a la sociedad holandesa –según parece filial de una sociedad estadounidense- a través de la cual se explota en Europa la aplicación Uber. En síntesis, la resolución prohíbe el ofrecimiento para su finalidad habitual (en Alemania) de las aplicaciones “Uber” y “UberPop”, previendo una multa coercitiva en caso de incumplimiento de la orden o (si tal multa no puede hacerse efectiva) la condena a una pena privativa de libertad en la persona de su Director, como es bien conocido en el ordenamiento alemán a partir de lo dispuesto en el § 890 ZPO. La breve resolución suscita relevantes cuestiones desde la perspectiva del Derecho internacional privado –al que dedica significativa atención, en contraste con la práctica habitual de muchos de nuestros tribunales- y del Derecho de la competencia desleal en el marco de la UE.

lunes, 25 de agosto de 2014

Valoración de las normas de Derecho internacional privado del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria

              Bajo la rúbrica “Normas de Derecho internacional privado” el Capítulo I del Título I del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria de 1 de agosto incorpora los artículos 9 a 12 sobre competencia judicial, ley aplicable, inscripción en registros públicos, y efectos de los expedientes y actos acordados por autoridades extranjeras. Al margen de esas normas comunes, es evidente que una reforma de tan amplio alcance como la que contempla el Proyecto de Ley –que abarca cuestiones como la modificación de las normas sobre celebración del matrimonio- incluye otros aspectos de gran importancia desde la perspectiva del Derecho internacional privado, como es el caso muy especialmente de la introducción en la LEC de un Capítulo sobre “Medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional”, llamadas a sustituir a las normas contenidas ahora en los artículos 1901 a 1909 de la LEC de 1881. Pese a lo anterior, me limitaré en esta entrada a un primer análisis de los artículos 9 a 12, que integran el mencionado Capítulo I sobre normas de Derecho internacional privado. Antes de comentarlos, reproduciré el texto de los artículos tal como figuran en el Proyecto de Ley, analizando en primer lugar el artículo 9 (competencia internacional), seguidamente el artículo 10 (ley aplicable), para terminar con un comentario conjunto de los artículos 11 y 12 (inscripción registral y reconocimiento) que suscitan las cuestiones de mayor enjundia.


Private International Law in Mainland China, Taiwan and Europe

Hace un año dediqué una entrada a reseñar el Congreso celebrado en el Instituto Max-Planck de Derecho privado internacional y extranjero de Hamburgo en junio de 2013, y centrado en analizar desde una perspectiva comparada los últimos desarrollos en materia de DIPr en la R.P.China, Taiwan y la Unión Europea. Acaba de aparecer publicado por la editorial Mohr Siebeck, bajo el título Private International Law in Mainland China, Taiwan and Europe, y editado por  Jürgen Basedow y Knut B. Pißler, el volumen que recopila las diversas contribuciones de los ponentes que participamos en dicho Congreso.

viernes, 25 de julio de 2014

Novedades en materia de ordenación de los juegos de azar en línea en la UE

                La principal actividad comercial desarrollada en Internet que queda al margen de la normativa armonizadora elaborada por la UE es la relativa a los juegos de azar. Es bien conocido que esta situación se corresponde con la circunstancia de que las diversas legislaciones nacionales en la materia y sus eventuales restricciones en el ámbito intracomunitario a la prestación de estos servicios son compatibles con el Derecho de la UE en la medida en que se trate de restricciones admisibles con base en las excepciones previstas en los artículos 51 y 52 TFUE, que han llevado al Tribunal de Justicia a considerar que las autoridades nacionales disponen de una facultad de apreciación para determinar las exigencias que en este ámbito implica la protección de los consumidores y del orden social, pudiendo determinar –siempre que respeten ciertos límites- el concreto alcance de las restricciones, por ejemplo, si deben prohibirse ciertas actividades de juego o sólo limitarlas o establecer mecanismos de control o prohibir o restringir la publicidad de las mismas. En este contexto, debe valorarse la adopción por la Comisión de su Recomendación de 14 de julio de 2014 relativa a principios para la protección de los consumidores y los usuarios de servicios de juego en línea y la prevención del juego en línea entre los menores.

viernes, 18 de julio de 2014

El futuro de la protección internacional de la propiedad intelectual: la perspectiva de la Unión Europea

Una característica de la evolución de la normativa internacional sobre propiedad intelectual durante las dos últimas décadas ha sido la progresiva marginación del marco multilateral, reflejado en la ausencia de avances en el seno de la OMC y en los limitados logros conseguidos en este periodo en la OMPI. Se trata de una tendencia que previsiblemente se consolidará en los próximos años, como refleja la reciente Comunicación de la Comisión Europea sobre “Estrategia para mejorar la protección y la garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países”. La Comisión viene a reconocer que un planteamiento plurilateral parece en la actualidad resultar eficaz únicamente para grupos pequeños de países con objetivos similares y se muestra muy escéptica con respecto a los futuros trabajos en el marco de la OMC y de la OMPI, sobre la que incluso se plantea que “puede ser adecuado reflexionar sobre una nueva estrategia para la OMPI, a fin de que esta organización obtenga mejores resultados en su mandato”, sin realizar ulteriores precisiones al respecto. El escepticismo sobre el marco multilateral se vincula con las evidentes dificultades para superar en ese entorno las reticencias de los Estados con sistemas menos eficaces de protección de la propiedad intelectual, que mantienen el criterio de que tienen poco que ganar con un régimen más estricto de protección de la propiedad intelectual. Cabe reseñar también como la Comisión se resigna a reconocer el fracaso del peculiar marco plurilateral negociado mediante la frustrada propuesta de Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (más conocido como ACTA), admitiendo expresamente que una de las causas de su fracaso ha sido no haber tenido suficientemente en cuenta las preocupaciones del público, en particular en lo relativo a su repercusión sobre los derechos fundamentales en el entorno de Internet.

viernes, 11 de julio de 2014

Un par de apuntes sobre el Anteproyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil de 4 de julio de 2014

            En una aproximación de conjunto, el texto del Anteproyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil aprobado el 4 de julio de 2014 merece una valoración positiva. La experiencia acumulada durante los últimos lustros en las materias reguladas –incluido el marco de referencia que proporciona en sectores relevantes el desarrollo de la normativa de la UE-, así como el carácter marcadamente obsoleto de la legislación vigente –muy deficiente y superada por la práctica- son elementos que condicionan la urgencia de llevar a cabo la revisión que el Anteproyecto contempla, en un ámbito en el que la capacidad de mejora de nuestro ordenamiento resulta evidente, existe un amplio consenso acerca de cuáles deben ser las líneas generales de una regulación moderna, y el prolongado incumplimiento del mandato contenido en la disposición final vigésima de la LEC resulta inaceptable. En relación con el contenido del Anteproyecto, me referiré ahora tan sólo a algunos aspectos de su estructura y a ciertas cuestiones puntuales en un sector de tanta trascendencia como el del reconocimiento y ejecución de resoluciones.