martes, 22 de abril de 2014

Ejercicio de acciones por infracción de derechos de autor en un Estado en el que el demandado no actuó y en el que no está domiciliado

            La primera reacción que puede suscitar este largo título es que en realidad tal posibilidad es conocido que no resulta algo extraordinario en nuestro sistema, pues en particular puede derivar del fuero sobre la pluralidad de demandados establecido en el artículo 6.1 Reglamento Bruselas I (art. 8.1 RBIbis) cuando se cumplan sus requisitos. No obstante, de lo que se trata ahora es de destacar cómo la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha puesto de relieve que tal posibilidad existe en situaciones en las que la demanda se interpone ante los tribunales de un Estado miembro del Reglamento Bruselas I y va dirigida únicamente contra el supuesto coautor de la infracción que actúo en el extranjero, donde está domiciliado. Así lo ha establecido la STJ de 3 de abril de 2014, Hi Hotel HCF, C-387/12, relativa a un litigio en el que un fotógrafo domiciliado en Alemania demandó ante los tribunales alemanes a la sociedad francesa que gestionaba un hotel en Francia para la que había realizado unas fotografías del hotel que después supuestamente la sociedad francesa había transmitido a una editorial que las había publicado en Alemania, territorio para el que se solicitaba que la sociedad francesa cesase la difusión –por si misma o por terceros- de las fotografías e indemnizase los daños sufridos por el demandante. Ahora bien, el resultado alcanzado por el Tribunal de Justicia en esta sentencia no constituye en realidad una novedad, sino que se corresponde con su interpretación previa del fuero del “lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso” del artículo 5.3 RBI (art. 7.2 RBIbis) en litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual.

viernes, 11 de abril de 2014

Contratos internacionales de consumo: las normas de Derecho internacional privado de la Ley 3/2014

            El 29 de marzo ha entrado en vigor la Ley3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Al proceso de reforma de nuestra legislación en materia de consumo que culmina con la aprobación de la Ley, me he referido ya en dos entradas. La primera, acerca de la Directiva 2011/83/UE, que la nueva Ley transpone, en relación con los cambios más significativos que introduce en el ámbito del comercio electrónico. La segunda, al abordar la modificación de las normas de Derecho internacional privado del artículo 67 LGDCU del proyecto de Ley del pasado mes de octubre. El texto de esa norma en el proyecto de Ley ha sido finalmente aprobado como Ley, por lo que resulta de interés actualizar esa segunda entrada, para hacer referencia a los cambios que finalmente introduce la Ley 3/2014 en este ámbito, reiterando básicamente lo que ya escribí en relación con el Proyecto de Ley en octubre de 2013. La reforma del artículo 67 LGDCU incorpora peculiares adiciones al contenido de la norma antes vigente, que presentan indudable interés incluso desde la perspectiva de los fundamentos de nuestro sistema de Derecho internacional privado (apartados I y IV infra), al tiempo que el resultado de la reforma es criticable porque mantiene el empleo de criterios de aplicación de las normas de protección en materia de garantías que resultan totalmente inapropiados (apartados II y III infra).
             

sábado, 5 de abril de 2014

Comentario crítico de las reglas de competencia judicial internacional en el orden civil del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 4 de abril


El Gobierno aprobó ayer el Anteproyecto de Ley de Orgánica del Poder Judicial, que desde la perspectiva del Derecho internacional privado destaca por incluir una profunda revisión de las normas de competencia judicial internacional en el orden civil. En concreto, los artículos 21 y 22 de la vigente LOPJ serían sustituidos por los artículos 59 a 66 del Anteproyecto. Si bien el Anteproyecto contempla la incorporación de ciertas mejoras a la situación actual, llama especialmente la atención que contenga un número considerable de reglas inapropiadas así como ciertos desatinos de gran calado, que deberían ser corregidos cuanto antes en caso de que esta iniciativa tenga cierto recorrido. En esta entrada, tras hacer referencia al significado de una reforma en este ámbito en el contexto actual, se reproducen uno a uno los artículos que integran el Capítulo en esta materia del Anteproyecto presentado ayer (subrayando en ocasiones algunas de las partes en las que los errores son más evidentes), con una muy breve valoración de ciertos aspectos de cada uno de esos artículos y de algunas de las principales novedades que contienen. 

lunes, 31 de marzo de 2014

Configuración y alcance de las medidas de cesación contra proveedores de acceso a Internet

            Conforme al artículo 8.3 de la Directiva 2001/29/CE, los Estados miembros velarán porque los titulares de derechos de autor y derechos afines “estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir” alguno de tales derechos. El alcance de esta posibilidad resulta de gran importancia en las estrategias de los titulares para tratar de hacer valer tales derechos frente a actividades desarrolladas a través de Internet, en un contexto en el que las acciones frente a los responsables directos de la infracción pueden resultar imposibles de ejercitar o de muy dudosa eficacia. Como es conocido, la transposición en España del mencionado artículo 8.3 se encuentra básicamente en el artículo 139.1.h) TRLPI vigente, según el cual las medidas de cesación de la actividad ilícita pueden comprender: “La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la LSSI”. También en los artículos 9.1.a) y 11 de la Directiva 2004/48 sobre la tutela de los derechos de propiedad intelectual se encuentra una norma similar. En la interpretación de estas normas por parte del Tribunal de Justicia, había quedado ya claro que entre tales intermediarios pueden encontrarse los proveedores de acceso a Internet, así como que las medidas que pueden adoptarse frente a tales intermediarios incluyen tanto las dirigidas a poner término a las lesiones de derechos ya causadas como también a evitar nuevas lesiones. No obstante, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de marzo en el asunto C-314/12, UPC Telekabel Wien, resulta de singular importancia en el desarrollo de la interpretación de esas normas, básicamente en relación con dos grupos de cuestiones.

lunes, 24 de marzo de 2014

76ª Conferencia de la International Law Association

            Entre los días 7 y 12 de abril tendrá lugar en Washington D.C. la 76ª Conferencia bianual de la International Law Association, que por primera vez se celebrará de manera conjunta con el Congreso anual de la American Society of International Law. Entre los Comités de la International Law Association que celebrarán una sesión en el marco de la Conferencia se encuentra el dedicado a la propiedad intelectual y el Derecho internacional privado. Esa sesión incluirá la presentación y discusión del Segundo Informe del Comité, que da cuenta del estado de sus trabajos. El Informe, que hemos hecho público recientemente, se encuentra disponible aquí.


viernes, 14 de marzo de 2014

Acciones de competencia desleal: delimitación entre materia contractual y extracontractual en el Reglamento Bruselas I

Ciertas acciones de responsabilidad civil en el ámbito de la competencia desleal pueden fundarse en normas que tipifican como desleales conductas relacionadas con un contrato. Por ejemplo, tal puede ser en nuestro ordenamiento el caso en supuestos de explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente  pero con deber de reserva (art. 13 LCD) o ciertas conductas desleales vinculadas a situaciones de dependencia económica (art. 16.3 LCD). Al determinar la competencia internacional en este tipo de situaciones, puede surgir la duda de si ciertas pretensiones de responsabilidad civil formuladas deben ser consideradas, a los efectos del Reglamento Bruselas I, como “materia contractual” –comprendidas en su artículo 5.1 (art. 7.1 Reglamento 1215/2012)- o como “materia extracontractual” –incluidas en su artículo 5.3 (art. 7.2 Reglamento 1215/2012). La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-548/12, Brogsitter, pronunciada ayer, resulta ahora de gran importancia para dar respuesta a esa cuestión. 

viernes, 7 de marzo de 2014

Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial

Pese a la notable difusión del arbitraje en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, este sector ha sido tradicionalmente identificado como una de las materias en las que el arbitraje se encuentra sometido a significativas limitaciones, que varían según los países. En particular, cuando en el litigio se ven implicados aspectos relativos a la validez de los derechos de propiedad industrial sometidos a registro, los límites de la arbitrabilidad pueden ser fuente controversia. Entre las diversas alternativas de reglamentación, en un sistema como el español cabe entender que prevalece el criterio de que el órgano arbitral puede pronunciarse acerca de la validez del derecho de propiedad industrial, si bien únicamente con carácter incidental o eficacia inter partes, en litigios relativos, por ejemplo, a la explotación contractual o a la infracción de tales derechos, sin que ello suponga ir más allá de lo arbitrable.