jueves, 23 de febrero de 2017

Algunos aspectos internacionales de la Propuesta de Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas

              En varios comentarios he hecho referencia a las cuestiones de competencia y derecho aplicable que suscita el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, general de protección de datos (RGPD). Entre las materias excluidas del ámbito material de ese Reglamento destaca por su gran importancia en la regulación de protección de datos las contenidas en la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. Una las iniciativas en materia de protección de datos presentadas en enero por la Comisión –resumidas en esta nota de prensa- es una Propuesta de Reglamento sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (PRPCE) que pretende derogar la Directiva 2002/58/CE. Se trata de una evolución coherente, necesaria para evitar las disfunciones de la eventual coexistencia entre la unificación llevada a cabo por el Reglamento (UE) 2016/679 y el mantenimiento de la mera armonización en la materia objeto la Directiva 2002/58/CE. Por ello, en principio, resulta razonable que la Propuesta de Reglamento contemple que el RPCE, al igual que el RGPD, será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. El RPCE se configura en el considerando 5 de la Propuesta expresamente como una lex specialis, que tiene por objeto precisar y completar el RPD con respecto a los datos personales de comunicaciones electrónicas. La coherencia entre el RGPD y la PRPCE justifica que la aplicación de este último y el control de su cumplimiento quede confiado a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento del RPD, así como que en lo relativo a las vías de recurso el artículo 21 del PRPCE se remita a los artículos 77, 78 y 79 del RGPD. En consecuencia, el régimen de competencia judicial internacional previsto en su artículo 79 resultará también relevante con respecto a la “aplicación privada” del RPCE, que contiene en su artículo 22 una previsión sobre el derecho a indemnización similar al del RGPD. Por lo tanto, el análisis realizado previamente acerca del significado del artículo 79 RGPD y su interacción con el Reglamento Bruselas I bis resulta también relevante con respecto a la PRPCE. En este contexto, llama la atención el régimen previsto en lo relativo al ámbito de aplicación territorial del PRPCE en su artículo 3.1, cuya coordinación con el artículo 3 RPD puede suscitar algunos interrogantes.

viernes, 17 de febrero de 2017

Alcance de la competencia exclusiva externa de la Unión en materia de propiedad intelectual

            La celebración del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, concluido en 2013 en el marco de la OMPI, ha dado pie a un nuevo Dictamen del Tribunal de Justicia acerca del alcance de la competencia exclusiva externa de la Unión Europea. En concreto, el Dictamen 3/15, de 14 de febrero de 2017. Más allá de su importancia en relación con el Tratado de Marrakech, el Dictamen presenta interés de cara a la interpretación futura de la competencia exclusiva de la Unión en materia de política comercial común (art. 3.1 TFUE), así como en lo relativo a la atribución de competencia exclusiva externa “en la medida en que [la celebración de un acuerdo internacional] pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas” (art. 3.2 TFUE), muy especialmente, cuando tales normas estén contenidas en Directivas que no llevan a cabo una armonización completa, como es el caso de la Directiva 2001/29/CE sobre los derechos de autor en la sociedad de la información. Para quienes estén familiarizados con la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia sobre, de una parte, la competencia exclusiva externa basada en la afectación de normas comunes (como sus Dictámenes 1/03, sobre el nuevo Convenio de Lugano, y  1/13, sobre la adhesión de Estados terceros al Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores) y, de otra, el artículo 5 de la Directiva 2001/29 (que ha dado lugar a un importante número de sentencias), no resulta una sorpresa que el Tribunal –coincidiendo con la propuesta del Abogado General- haya establecido que la celebración del Tratado de Marrakech es competencia exclusiva de la Unión. Tiene interés reseñar brevemente alguno de los principales elementos del Dictamen en relación con la interpretación de los artículos 3.1 y 3.2 TFUE en el peculiar ámbito de la propiedad intelectual.

viernes, 10 de febrero de 2017

Competencia y Derecho aplicable en el Reglamento General sobre Protección de Datos de la Unión Europea

Recientemente se ha publicado el número 2017 (1) –volumen 69- de la Revista española de Derecho internacional, que incluye en la sección Estudios el titulado “Competencia y Derecho aplicable en el Reglamento General sobre Protección de Datos de la Unión Europea” (pp. 75-108).

Aquí puede accederse al texto de ese artículo en el repositorio institucional EPrints UCM.

miércoles, 1 de febrero de 2017

Obligaciones de información en la contratación electrónica: transmisión en soporte duradero

            En el ámbito de la contratación electrónica, la noción de “soporte duradero” tiene singular importancia, en particular en la medida en que resulta “equivalente funcional” del papel en relación con la celebración de contratos o la comunicación de informaciones. En trasposición de diversas Directivas de la Unión, se trata de un concepto de uso ampliamente extendido en nuestra legislación y definido en diversos textos normativos con ciertas diferencias de formulación. Así resulta del contenido de la LGDCU, que lo define en su art. 59 bis 1.f), de la Ley 22/2007 de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros, que lo define en su art. 6.1, o de la Ley 16/2009 de Servicios de Pago, que lo define en su art. 2.25. Además, se trata de una categoría de relevancia para otras situaciones en que a través de medios electrónicos se pretende satisfacer la exigencia de contratación escrita, como por ejemplo, resulta del artículo 25.2 del Reglamento 1215/2012, que habla de “registro duradero del acuerdo” o incluso de las normas más generales de los artículos 23.3 y 27.4 de la LSSI. En todo caso, como se desprende de las definiciones incluidas en la LGDCU, la Ley 22/2007 de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros y la Ley 16/2009 de Servicios de Pago reseñadas, así como de las conenidas en las Directivas, constituye un concepto elaborado, que había sido ya precisado por el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 5 de julio de 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, apdos. 42 a 44, y de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, apdo. 35, así como por el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio en su sentencia de 27 de enero de 2010, Inconsult Anstalt/Finanzmarktaufsicht (E-04/09, EFTA Court Report 2009-2010, p. 86, apdos. 63 a 66. Por ello, la nueva sentencia del Tribunal de Justicia en relación con esta materia no es tan relevante con respecto a la delimitación del concepto de “soporte duradero” cuanto en lo relativo a la diferenciación entre “facilitar” y “poner a disposición” del consumidor cierta información en ese soporte, al hilo de las obligaciones impuestas en la Directiva 2007/64/CE sobre servicios de pago en el mercado interior. Resulta por ello de interés destacar las principales aportaciones de la STJUE de 25 de enero de 2017, C-375/15, BAWAG, ECLI:EU:C:2017:38.

viernes, 27 de enero de 2017

Indemnizaciones "punitivas" por infracciones de propiedad intelectual en la UE

        Pese al esfuerzo armonizador llevado a cabo en la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en su artículo 13, existen entre los Estados miembros de la Unión significativas diferencias en lo relativo al régimen de determinación de los daños y perjuicios derivados de la infracción de derechos de propiedad intelectual (incluidos los derechos de propiedad industrial). La sentencia del Tribunal de Justicia de anteayer en el asunto C‑367/15,  en el procedimiento entre Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» y Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ECLI:EU:C:2017:36, resulta de interés tanto con respecto a los límites a ciertas modalidades de fijación de la indemnización como en lo relativo a la eventual caracterización de determinadas indemnizaciones como “punitivas”. En concreto, el Tribunal de Justicia aborda fundamentalmente la compatibilidad con el Derecho de la Unión –y en concreto con el art. 13 de la Directiva 2004/48 de la legislación polaca que establece la posibilidad de reclamar como indemnización por la infracción de derechos de propiedad intelectual “una cantidad correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada”. El Tribunal Supremo polaco planteaba que esa norma podía implicar la obligación de pagar indemnizaciones “punitivas”, de modo que albergaba dudas acerca de su compatibilidad con la Directiva 2004/48, de cuyo considerando 26 resulta que el objetivo de su normativa sobre daños y perjuicios “no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas”.

lunes, 16 de enero de 2017

Aplicación de la orden europea de retención de cuentas


                A partir del próximo miércoles, 18 de enero, será aplicable el Reglamento (UE) No 655/2014 por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil. Aunque con ocasión de su aprobación ya dediqué una entrada a algunos de los aspectos de Derecho internacional privado que plantea este instrumento, puede resultar de interés recordar los elementos básicos del nuevo instrumento, con motivo de su aplicación. El Reglamento crea un procedimiento propio de la UE que permite al acreedor obtener con rapidez una eficaz orden de retención de los activos que el deudor tenga en cualquier cuenta bancaria que se encuentre en un Estado miembro. El nuevo procedimiento se configura como un medio alternativo a disposición del acreedor, que puede optar por recurrir a los procedimientos existentes en las legislaciones nacionales para obtener medidas semejantes. El interés en utilizar el nuevo procedimiento por parte de los acreedores se vincula con las ventajas que aporta cuando la cuenta bancaria del deudor se encuentra en otro Estado miembro. En concreto, este instrumento facilita la adopción y eficacia de este tipo de medidas de retención, al prever mecanismos de información para localizar las cuentas bancarias del deudor en el extranjero, al tiempo que hace posible la ejecución transfronteriza de órdenes adoptadas sin que su solicitud se haya notificado al deudor y sin que éste haya sido oído. Cabe recordar que en el sistema del Reglamento 1215/2012 o Bruselas I bis, entre las resoluciones susceptibles de reconocimiento y ejecución “(n)o se incluyen las medidas provisionales y cautelares que el órgano jurisdiccional acuerde sin que el demandado sea citado a comparecer, a no ser que la resolución relativa a la medida haya sido notificada al demandado antes de su ejecución”. 

lunes, 9 de enero de 2017

Directrices sobre las reglas de competencia del nuevo Reglamento General de Protección de Datos

            Entre los últimos documentos adoptados por el llamado Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29 (GTPD), que reúne a las autoridades europeas de protección de datos, se encuentra uno de gran importancia con respecto a la delimitación de las autoridades de control en el marco de nuevo Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de datos (RPD). En concreto, se trata del documento que establece Directrices sobre la identificación de la autoridad de control principal de los responsables y encargados de tratamiento. En el marco del RPD, que será de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018, la delimitación de la competencia de las autoridades de control cobra una renovada importancia y se plantea en términos sustancialmente distintos al régimen establecido bajo la Directiva 95/46/CE todavía aplicable. En la Directiva las normas de su artículo 4 sobre legislación nacional aplicable también determinan el Estado o Estados miembros cuyas autoridades de control son competentes para la supervisión. En el RPD las normas sobre ámbito territorial de su artículo 3 no cumplen una función semejante para la determinación de la autoridad de control competente. A pesar de que el RPD unifica la normativa en la materia para el conjunto de la Unión, la supervisión de la aplicación del RPD –incluida la tramitación de reclamaciones, la práctica de investigaciones y la imposición de sanciones administrativas- es responsabilidad de las autoridades de control de los Estados miembros y no de una autoridad de control de ámbito europeo. Frente al régimen anterior, el RPD introduce un modelo de ventanilla única como un régimen específico que se basa en la identificación de una autoridad de control principal en ciertas situaciones vinculadas con dos o más Estados miembros, que evite el sometimiento cumulativo a varias autoridades de control. En este contexto, las Directrices elaboradas ahora por el GTPD incluyen aportaciones relevantes tanto para la concreción de las situaciones a las que resulta de aplicación el modelo de ventanilla única como para la identificación de la autoridad de control principal y en su caso de las autoridades de control interesadas.