No puede decirse que
el resultado alcanzado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de hoy en el
asunto Austro-Mechana y AKM, C-579/24, EU:C:2026:971, constituya una
sorpresa. La sentencia va referida a la interpretación del artículo 17 de la
Directiva 2019/790, relativo al uso de contenidos protegidos mediante la propiedad
intelectual por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en
línea. Se trata del artículo que establece que tales plataformas deben obtener
una autorización de los titulares de los derechos de comunicación al público de obras y de
puesta a disposición del público de prestaciones -pues va referido a los
derechos establecidos en el art. 3.1 y 2 de la Directiva 2011/29- cuando ofrecen
al público el acceso a obras u otras prestaciones protegidas que hayan sido
cargadas por sus usuarios (art. 17.1 de la Directiva 2019/790). Además, precisa
que tales autorizaciones comprenden también los actos realizados por usuarios
de los servicios que entren en el ámbito de aplicación del artículo 3 de la
Directiva 2001/29/CE, si no actúan con carácter comercial o su actividad no
genera ingresos significativos. Básicamente, el Tribunal de Justicia, en la
línea propuesta por el AG en sus conclusiones, confirma que, aunque el texto
del artículo 17 de la Directiva 2019/790 -lo que
tiene reflejo en España en el artículo 73 del Real Decreto-ley 24/2021- va referido
únicamente a la autorización de los derechos de comunicación al público de
obras y de puesta a disposición del público, debe entenderse que tales
autorizaciones comprenden también los actos de reproducción (en el sentido del
art. 2 de la Directiva 2001/29) que son técnicamente necesarios para permitir la
comunicación al público de los contenidos de que se trate o su puesta a
disposición del público, tanto por la propia plataforma como por los usuarios
que proceden a cargarlos en la plataforma. Precisa, por lo tanto, que las copias
digitales de contenidos protegidos realizadas en los servidores de la plataforma,
que son técnicamente necesarias para la difusión de tales contenidos a través
de sus servicios, no requieren una autorización diferenciada.
El origen del litigio
se vincula con la circunstancia de que en Austria la gestión del derecho de
reproducción corresponde a una entidad distinta de la que gestiona el derecho
de comunicación al público y el derecho de puesta a disposición del público. Las
entidades de gestión implicadas implicadas pretendían que la realización de las
copias implicadas en la carga de los contenidos debía ser objeto de un acuerdo
de licencia específico y diferente del contemplado en el artículo 17.1 de la
Directiva 2019/790.
El Tribunal de
Justicia constata que la carga de los contenidos en la plataforma para su difusión
a través de ésta implica efectivamente actos de reproducción en el sentido del
artículo 2 de la Directiva 2001/29, tanto por parte del prestador del servicio
como por parte del usuario. La sentencia describe cómo en el proceso de carga
el archivo con el contenido protegido se transmite por Internet a través de
enrutadores a los centros de datos del prestador del servicio de plataforma, pasando
a quedar archivado en sus servidores. Constata que ello implica la creación de
copias digitales del archivo en los servidores del prestador, para la posterior
difusión de los contenidos protegidos en la plataforma (aps. 40 y 80 de la
sentencia).
También pone de
relieve la sentencia que tales copias normalmente no reunirán los requisitos
para beneficiarse de la excepción relativa a los actos de reproducción
provisional establecida en el artículo 5.1 de la Directiva 2001/29. Tras reiterar
que los requisitos que establece esa disposición para poder beneficiarse de la
exención son cumulativos y que las reproducciones objeto de análisis no cumplen
típicamente con la condición de ser provisionales. En particular, no parecen
cumplir el requisito de ser reproducciones provisionales, pues se trata de
copias que se almacenan en los servidores de la plataforma durante largos
periodos (ap. 49 de la sentencia).
La pretensión de que
esas plataformas o sus usuarios tuvieran que obtener una autorización
específica para esos actos de reproducción del contenido cargado, diferente de
la prevista para su comunicación al público o su puesta a disposición, menoscabaría
gravemente el efecto útil del sistema instaurado en el artículo 17 de la
Directiva. Por ello, resulta coherente que el Tribunal de Justicia determine
que, si bien la falta de mención a los actos de reproducción en el texto del
artículo 17 de la Directiva 2019/790 constituye un elemento de incertidumbre,
del contexto y la finalidad de esa norma resulta que la autorización que las
plataformas deben tratar de obtener comprende los actos de reproducción necesarios
para permitir la comunicación al público o la puesta a disposición del público
del contenido de que se trate, tanto los realizados por la propia plataforma
como por el usuario al cargar el contenido.
Con respecto al
contexto de la norma, se destaca que su redacción y la definición de “prestadores
de servicios para compartir contenidos en línea” del artículo 2.6 pone de
relieve que el legislador era consciente de que la actividad que se pretendía
regular comprende el “almacenamiento” de los contenidos cargados (ap. 58 de la
sentencia), así como que la referencia en su considerando 61 en términos
amplios a “actos sujetos a derechos de autor” realizados por tales plataformas,
son indicios de que el legislador al establecer ese régimen específico de
responsabilidad pretendía abarca también el derecho de reproducción (ap. 59). Una
interpretación restrictiva, que dejara al margen los actos de reproducción de
lo previsto en el artículo 17 de la Directiva 2019/790, implicaría que respecto
de tales actos no sería aplicable ese régimen de responsabilidad sino el
previsto con carácter general para los prestadores de servicios de alojamiento (art.
14 de la Directiva de comercio electrónico sustituido ahora por el artículo 6
del Reglamento de Servicios Digitales). Se trata de una situación que sería
fuente potencial de una gran inseguridad jurídica (ap. 62).
En lo relativo a la
interpretación teleológica del artículo 17, la sentencia pone de relieve que
los fines de esa norma son, por una parte, superar la inseguridad jurídica
previa con respecto al régimen de responsabilidad de esas plataformas respecto
de esas actividades, y, por otra, alcanzar un justo equilibrio entre los derechos
e intereses de los prestadores, de los titulares de los titulares de derechos y
de los usuarios de esas plataformas (ap. 65). Interpretar que el almacenamiento
de los contenidos no está comprendido en el artículo 17 de la Directiva
2019/790 menoscabaría ese objetivo de seguridad jurídica (ap. 69). En la
ponderación entre los derechos e intereses implicados, se subraya que el
régimen de responsabilidad específico pretende hacer recaer sobre esas
plataformas una mayor responsabilidad para facilitar la detección y subsanación
de las infracciones de derechos, reforzando la protección de sus titulares y el
desarrollo de un mercado de concesión de licencias como vía para su remuneración
(aps. 70-73). Cabe recordar que, de no obtener autorización, le será aplicable
a la plataforma el régimen de responsabilidad previsto en los apartados 3 a 10
del artículo 17, que implica un cierto control previo de los contenidos
cargados por los usuarios. Al margen de los anterior, la extensión de la
autorización prevista en el artículo 17 a los actos realizados por los usuarios
contribuye a favorecer los derechos e intereses de los usuarios, habida cuenta
de la posición que estas plataformas ocupan en relación con el ejercicio de la
libertad de expresión y de la libertad artística de los usuarios (ap. 74).
A la luz de todo lo
anterior, el Tribunal concluye que el artículo 17.1 y 2 de la Directiva
2019/790 no exige la obtención de autorización específica por parte de estas
plataformas ni de sus usuarios con respecto a los actos de reproducción del
contenido protegido que sean técnicamente necesarios para hace posible la comunicación al público o la puesta a disposición del
público de tal contenido. Tales actos de reproducción se consideran
comprendidos en la autorización prevista respecto del derecho de comunicación al público y de puesta a
disposición (ap. 76 y aps. 85-92 con respecto a la posición de los usuarios).
