La semana pasada presentó la Comisión su esperado conjunto de medidas para modernizar la legislación de protección de los consumidores y adaptarla a los desafíos de la evolución del entorno digital. Incluye tres propuestas normativas.
Un nuevo instrumento denominado Digital Fairness Act (o Reglamento de Equidad Digital, en adelante DFA) constituye el elemento estrella de la reforma (RSD). A diferencia del Reglamento de Mercados Digitales (RMD) y del Reglamento de Servicios Digitales (salvo las normas de éste sobre exenciones condicionales de responsabilidad de los intermediarios), el DFA no es un instrumento elaborado ex novo, sino que un componente esencial de la propuesta es la transformación de la Directiva 2005/29 sobre las prácticas comerciales desleales de las empresas con los consumidores en un Reglamento de la Unión. Por lo tanto, en gran medida el contenido del DFA viene determinado por la integración del articulado previo de la Directiva en el futuro Reglamento. Más allá de esto, el instrumento previsto contempla la introducción de importantes novedades, con un marco normativo adicional muy detallado y elaborado para regular ciertas prácticas comerciales propias de los entornos digitales que se han revelado como especialmente problemáticas, en particular en el marco del llamado “Fitness Check of EU consumer law on digital fairness” puesto en marcha por la Comisión Europea.
Una segunda propuesta es la relativa a la llamada Directiva de simplificación. Se trata de un instrumento de contenido muy limitado, que básicamente contempla ciertas modificaciones de alcance menor en la Directiva 2011/83 y en la Directiva 2002/58. Aunque el “Fitness Check of EU consumer law on digital fairness”, además de las Directiva 2005/29 y la Directiva 2011/83, evaluó también la Directiva 93/13 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y es claro que esta última no está adaptada a las particularidades del entorno digital, la eventual revisión de la Directiva 93/13 queda al margen de este paquete de medidas.
La tercera propuesta tiene por objeto un nuevo instrumento relativo a la cooperación entre las autoridades responsables de la aplicación de la legislación enmateria de consumo, que sustituirá al Reglamento 2017/2394. Contempla la introducción de una serie de modificaciones para adaptar el marco de aplicación en esta materia con el objetivo de hacer frente a una de las grandes carencias tradicionales del marco normativo de la UE regulador de las actividades digitales, como es su deficiente aplicación, con especial referencia a los operadores establecidos en terceros Estados. Se trata de un conjunto de medidas para reforzar la aplicación pública de los instrumentos en materia de protección de los consumidores, que pueden resultar también de relevancia para, de manera indirecta, hacer posible una más eficaz aplicación privada, en un contexto de creciente interacción entre la aplicación pública y la aplicación privada en este sector. Haré referencia seguidamente a la Directiva de simplificación (I, infra) y a la reforma del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (II, infra), dejando la referencia al DFA para la siguiente entrada.