La semana pasada presentó la Comisión su esperado conjunto de medidas para modernizar la legislación de protección de los consumidores y adaptarla a los desafíos de la evolución del entorno digital. Incluye tres propuestas normativas.
Un nuevo instrumento denominado Digital Fairness Act (o Reglamento de Equidad Digital, en adelante DFA) constituye el elemento estrella de la reforma (RSD). A diferencia del Reglamento de Mercados Digitales (RMD) y del Reglamento de Servicios Digitales (salvo las normas de éste sobre exenciones condicionales de responsabilidad de los intermediarios), el DFA no es un instrumento elaborado ex novo, sino que un componente esencial de la propuesta es la transformación de la Directiva 2005/29 sobre las prácticas comerciales desleales de las empresas con los consumidores en un Reglamento de la Unión. Por lo tanto, en gran medida el contenido del DFA viene determinado por la integración del articulado previo de la Directiva en el futuro Reglamento. Más allá de esto, el instrumento previsto contempla la introducción de importantes novedades, con un marco normativo adicional muy detallado y elaborado para regular ciertas prácticas comerciales propias de los entornos digitales que se han revelado como especialmente problemáticas, en particular en el marco del llamado “Fitness Check of EU consumer law on digital fairness” puesto en marcha por la Comisión Europea.
Una segunda propuesta es la relativa a la llamada Directiva de simplificación. Se trata de un instrumento de contenido muy limitado, que básicamente contempla ciertas modificaciones de alcance menor en la Directiva 2011/83 y en la Directiva 2002/58. Aunque el “Fitness Check of EU consumer law on digital fairness”, además de las Directiva 2005/29 y la Directiva 2011/83, evaluó también la Directiva 93/13 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y es claro que esta última no está adaptada a las particularidades del entorno digital, la eventual revisión de la Directiva 93/13 queda al margen de este paquete de medidas.
La tercera propuesta tiene por objeto un nuevo instrumento relativo a la cooperación entre las autoridades responsables de la aplicación de la legislación enmateria de consumo, que sustituirá al Reglamento 2017/2394. Contempla la introducción de una serie de modificaciones para adaptar el marco de aplicación en esta materia con el objetivo de hacer frente a una de las grandes carencias tradicionales del marco normativo de la UE regulador de las actividades digitales, como es su deficiente aplicación, con especial referencia a los operadores establecidos en terceros Estados. Se trata de un conjunto de medidas para reforzar la aplicación pública de los instrumentos en materia de protección de los consumidores, que pueden resultar también de relevancia para, de manera indirecta, hacer posible una más eficaz aplicación privada, en un contexto de creciente interacción entre la aplicación pública y la aplicación privada en este sector. Haré referencia seguidamente a la Directiva de simplificación (I, infra) y a la reforma del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (II, infra), dejando la referencia al DFA para la siguiente entrada.
I. Propuesta de Directiva de simplificación
En su conjunto, el
paquete de medidas ahora presentado por la Comisión tiene un limitado efecto “simplificador”
del marco normativo, si se deja al margen la proyectada transformación de las
normas de la Directiva 2005/29 en disposiciones de un reglamento. Lo cierto es
que en el DFA se contempla añadir un conjunto significativo de nuevas normas,
algunas de ellas muy prolijas y que se proyectan sobre cuestiones parcialmente
reguladas por otros instrumentos, como el RSD o el proyectado Reglamento EU Kids.
El instrumento específico de simplificación, que pretende precisar y reducir las
cargas que el complejo marco regulatorio existente impone a las empresas, se
limita a aspectos puntuales de la Directiva 2011/83. Además, prevé reformar el
artículo 13 de la Directiva 2002/58, en materia de comunicaciones no
solicitadas, para añadir un apartado que indique no es aplicable a los
comerciantes que dirijan comunicaciones no solicitadas con fines de
mercadotecnia directa a usuarios o suscriptores que sean consumidores. El
motivo de esta modificación es que esa cuestión pasa a estar regulada, en
términos muy similares, en el DFA.
Entre las modificaciones previstas de la Directiva 2011/83, algunas responden también a que la norma en cuestión se suprime de la Directiva por ser trasladada al DFA. Es lo que sucede, en particular, con la supresión del Artículo 11 bis, relativo al ejercicio del derecho de desistimiento en los contratos a distancia celebrados mediante una interfaz en línea, que había sido introducido recientemente en la Directiva. También se prevé la supresión del artículo 16 sexies de la Directiva 2011/83, relativo a la protección adicional relativa a las interfaces en línea en la celebración de contratos de servicios financieros, debido a que el DFA ) introduce normas horizontales sobre diseños de interfaz engañosos que se aplican a esos contratos.
Otras modificaciones se justifican por ir referidas a disposiciones de la Directiva que resultan incompatibles con las previstas en otros instrumentos de la Unión. Así, con respecto a los requisitos de información específicos adicionales para contratos celebrados en mercados en línea, se elimina el artículo 6 bis.2 de la Directiva 2011/83, que permite que los Estados miembros impongan requisitos de información adicionales a los proveedores de tales mercados, al considerar que entra en conflicto con el RSD, que establece requisitos de información horizontales, totalmente armonizados, para los proveedores de mercados en línea, sin que los Estados miembros puedan adoptar o mantener sin que los Estados miembros puedan adoptar ni mantener requisitos nacionales adicionales en relación con esas cuestiones (cdo. 12 de la Propuesta de Directiva de simplificación).
Algunos de los cambios tienen por objeto reducir los costes asociados al cumplimiento de ciertas obligaciones de información precontractual impuestas a los comerciantes. En concreto, se suprimen los requisitos de información precontractual relativos a la asistencia posventa al consumidor, servicios posventa y garantías comerciales; la existencia de códigos de conducta; y la posibilidad de recurrir a un mecanismo no judicial de reclamación y recurso al que esté sujeto el comerciante. Para ello se contempla la supresión de las letras m), n) y t) del artículo 6 de la Directiva 2011/83.
Además, se suprime la obligación de facilitar ciertas informaciones que se consideran desproporcionadas e innecesarias en relación con contratos accesorios de escasa entidad, pero muy habituales en la práctica. Se introduce un régimen específico a este respecto para las denominadas “microtransacciones”, que se consideran muy relevantes en ámbitos como los relacionados con videojuegos. Ese concepto se define en el nuevo artículo 22.2 de la Directiva como un contrato para el suministro de contenido digital que no se suministra en un soporte tangible que se celebra en el marco de un contrato de servicios digitales ya existente respecto del que proporciona contenido o funcionalidades adicionales y cuyo pago por el consumidor no supera los 50 euros. Respecto de estas transacciones se reforma el artículo 6 de la Directiva 2011/83 para eliminar la obligación de reiterar cierta información precontractual, como la identidad y los datos de contacto del comerciante, las modalidades de pago y de ejecución, o la existencia de ciertos derechos legales generales antes de la celebración de cada microtransacción. Ahora bien, se mantiene la obligación de que el comerciante facilite al consumidor la información esencial sobre las características principales y el precio de la microtransacción, así como la exigencia de que el comerciante obtenga el consentimiento expreso del consumidor, así como su reconocimiento de que perderá el derecho de desistimiento si la microtransacción se ejecuta de forma inmediata.
Destacan las modificaciones de la Directiva 2011/83 que conciernen al derecho de desistimiento en relación con los contratos para el suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material y en relación con los contratos de servicios digitales. Se trata de una materia en la que las dificultades interpretativas del marco previo, en relación con los límites del derecho de desistimiento -en concreto, el alcance de la excepción a tal derecho previsto en la letra m) del primer párrafo del art. 16 de la Directiva- y las consecuencias de su ejercicio, han sido objeto de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como ilustra su sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 2026 en el asunto Sky Österreich Fernsehen, C-234/25, EU:C:2026:556, reseñada aquí.
De conformidad con la letra m) del primer párrafo del art. 16 de la Directiva, entre las excepciones al derecho de desistimiento figuran los contratos para el suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado y, si el contrato impone al consumidor una obligación de pago, cuando: i) el consumidor ha otorgado expresamente su consentimiento previo para iniciar la ejecución; y ii) el consumidor ha expresado su conocimiento de que pierde su derecho de desistimiento. Se contempla modificar la Directiva para aclarar que cuando el consumidor otorgue dicho consentimiento y exprese ese conocimiento antes de la celebración del contrato, y su ejecución comience inmediatamente después de su celebración, los comerciantes no están obligados a facilitar la información precontractual sobre el derecho de desistimiento ni el modelo de formulario de desistimiento prevista en el artículo 6.1.h) de la Directiva.
En lo relativo a las
consecuencias del ejercicio de derecho de desistimiento en el caso de servicios
digitales, como los servicios de streaming, se introducen precisiones en
relación con un aspecto que había resultado controvertido en la mencionada
sentencia Sky Österreich Fernsehen. En concreto, se prevé modificar los
artículos 9 y 14 de la Directiva para establecer que, en el caso de
suscripciones a contenidos de audio y vídeo que tengan la consideración de
contratos de prestación de servicios, el consumidor podrá resolver el contrato
durante el primer mes, debiendo abonar el importe íntegro de la cuota mensual
media de suscripción, calculada en función de la duración total del contrato.
Esta norma sustituiría a la obligación del consumidor de abonar al comerciante un
importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en el momento en que
informa del ejercicio del derecho de desistimiento, que es fuente inseguridad
jurídica.
II. Nuevo Reglamento sobre la cooperación entre las autoridades en
materia de protección de los consumidores
La Propuesta de
nuevo Reglamento relativo a la cooperación entre las autoridades nacionales y
la Comisión en la aplicación de la legislación sobre protección de los
consumidores en la Unión parte del reconocimiento de las carencias de la
aplicación de ciertos instrumentos de protección de los consumidores a
operadores relevantes en los entornos digitales, incluyendo algunos establecidos
en terceros Estados. Constata que esa situación resulta gravemente perjudicial
no solo para los intereses de los consumidores que quedan desprotegidos, sino
también para las empresas competidores.
Para hacer frente a
esa situación, la Propuesta contempla la introducción de ciertas medidas en la
línea de la reciente evolución ciertos instrumentos de la Unión que regulan las
actividades en línea, como es la centralización en la Comisión de las
actividades de supervisión respecto de actividades de infracción que alcanza
una especial dimensión. Asimismo, introduce herramientas para tratar de facilitar
su aplicación efectiva respecto de comerciantes que carecen de establecimiento
en la UE, pero dirigen sus actividades a consumidores que se encuentran en algún
Estado miembro.
El futuro
instrumento, al igual que el precedente Reglamento 2017/2394, cuya derogación
contempla, se centra en los mecanismos de aplicación pública de la legislación
de protección de consumidores en situaciones tranfronterizas, tratando de
facilitar la coordinación entre las diversas autoridades nacionales, así como
la intervención de la Comisión. Ahora bien, el reforzamiento de la tutela
pública, especialmente frente a actividades de infracción con impacto significativo
sobre el mercado interior, puede potenciar la tutela privada en este ámbito de
cara al futuro, habida cuenta de la estrecha correlación entre tutela pública y
tutela privada en otros sectores del ordenamiento, como el Derecho de la
competencia y la legislación sobre protección de datos personales. Consciente
de esa interacción, nuevo Reglamento reafirma el criterio de que debe entender “sin
perjuicio de las normas de Derecho internacional privado de la Unión, en
particular las normas relativas a la competencia judicial y al Derecho aplicable”.
Además, precisa que este instrumento debe entenderse sin perjuicio del derecho
a reclamar una indemnización, ya sea individual o colectiva —derecho que se
rige por la legislación nacional—, y no contempla la ejecución de dichas
reclamaciones (art. 2.7 y 8). En este sentido, el considerando 17 del
instrumento propuesto subraya que es importante que los mecanismos de
aplicación de la normativa, tanto públicos como privados, se complementen de
manera eficaz. Prevé para ello que las autoridades competentes deben informar
al público en general y a los consumidores que aleguen haber sufrido un
perjuicio a consecuencia de una infracción contemplada en el presente
Reglamento, sobre cómo solicitar una indemnización conforme a la legislación
nacional. Asimismo, las autoridades competentes deben estar facultadas para
conferir carácter vinculante a los compromisos de reparación asumidos por el
comerciante o los comerciantes afectados, a fin de garantizar que los
consumidores obtengan una compensación.
El Capítulo II se
centra en establecer y reforzar los poderes mínimos de las autoridades
competentes de los Estados miembros para cooperar y hacer cumplir el acervo de
la Unión en materia de consumo en situaciones transfronterizas. También regula
el mecanismo de asistencia mutua y los mecanismos coordinados de investigación
y aplicación frente a infracciones generalizadas e infracciones generalizadas
con dimensión de la Unión.
De acuerdo con el listado de definiciones incluidas en el artículo 3, se considera infracción generalizada con dimensión a escala de la Unión (“widespread infringement with a Union dimensión”) una infracción generalizada que puede perjudicar los intereses colectivos de los consumidores en al menos dos tercios de los Estados miembros, que representen al menos dos tercios de la población de la Unión. Por su parte, el término infracción generalizada (“widespread infringement) comprende, en primer lugar cualquier acto u omisión contrario a la legislación de la Unión que proteja los intereses de los consumidores, que pueda causar perjuicio a los intereses colectivos de los consumidores que residan en al menos dos Estados miembros distintos de aquel Estado miembro o tercer país en el que: (i) se haya originado o tenido lugar el acto u omisión; (ii) esté establecido o resida el comerciante responsable; o (iii) se encuentren pruebas o activos del comerciante relacionados con el acto u omisión. En segundo lugar, incluye además cualquier acto u omisión contrario a la legislación de la Unión que proteja los intereses de los consumidores, que pueda causar perjuicio a los intereses colectivos de los consumidores y que presente características comunes, y que tenga lugar simultáneamente en al menos tres Estados miembros.
Como novedad especialmente significativa el instrumento propuesto incluye en su Capítulo III (arts. 31 a) facultades de investigación y de ejecución para la Comisión en relación con infracciones generalizadas que tienen una dimensión a escala de la Unión de ciertos instrumentos, y determina las condiciones y los procedimientos conforme a los cuales la Comisión puede ejercer dichas facultades.
Al igual que en su
precedente, la legislación de la Unión relativa a la protección de los consumidores,
como elemento determinante del ámbito material al que se extienden los mecanismos
de cooperación, se entiende en términos muy amplio, abarcando todos los
instrumentos enumerados en el Anexo del Reglamento. Por el contrario, en lo que
respecta a las competencias de supervisión de la Comisión para adoptar
decisiones de incumplimiento e imponer multas, potencialmente muy elevadas, frente
a infracciones generalizadas con dimensión a escala de la Unión, los
procedimientos se limitan a las situaciones relativas a la infracción de los
instrumentos previstos en su artículo 32. Se incluyen, junto a ciertos
reglamentos relativos a la protección de los consumidores en relación con el empleo
de diversos medios de transporte, el DFA, el Reglamento 2018/302 sobre bloqueo
geográfico injustificado y el Reglamento 2017/1128 relativo a la portabilidad
transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior.
El instrumento propuesto
prevé expresamente que es aplicable con independencia del lugar de
establecimiento del comerciante o comerciantes implicados (art. 2.1). El
artículo 59 impone a los comerciantes que no dispongan de un establecimiento en
la Unión, la obligación de designar un representante en un Estado miembro a los
efectos del Reglamento. Impone esa obligación en la medida en que el
comerciante de que se trate dirija “sus actividades comerciales a consumidores
en uno o varios Estados miembros de la Unión”, lo que opera como elemento
determinante del ámbito de aplicación territorial de este instrumento. Se trata
de un enfoque coherente con el contenido de las normas sobre ley aplicable en
el ámbito jurídico-privado en materia de protección de consumidores, como refleja
el artículo 6.1 del Reglamento Roma II y el artículo 6 del Reglamento Roma I en
materia de contratos de consumo.