Responsabilidad solidaria de la matriz por la infracción de las normas sobre competencia y fuero de la pluralidad de demandados

 

     La sentencia de hoy del Tribunal de Justicia, Athenian Brewery y Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, aclara que la circunstancia de que la responsabilidad solidaria de una sociedad matriz y de su filial por la infracción de las normas sobre competencia no haya sido declarada en una decisión definitiva de la Comisión no impide la aplicación del fuero de la pluralidad de demandados, previsto en el artículo 8.1 del Reglamento (UE) 1215/2012 (RBIbis), respecto de demandas de indemnización de daños y perjuicios frente a ambas en relación con su responsabilidad derivada de una misma infracción de la competencia. De hecho, en el litigio principal, las demandas de indemnización frente a ambas ante los tribunales del domicilio de la matriz (Países Bajos) se fundaban en la existencia de una decisión de la autoridad nacional de la competencia correspondiente a la filial (Grecia), que declaró únicamente que la filial había abusado durante años de su posición dominante en el mercado griego mediante un comportamiento que constituía una infracción única y continuada del artículo 102 TFUE y de la normativa griega sobre competencia. En realidad, en esa decisión la autoridad griega había establecido que no había pruebas de una implicación directa de la matriz en la infracción ni circunstancias especiales para presumir que la matriz hubiera ejercido una influencia decisiva sobre la filial, pero sin pronunciarse sobre la presunción de control establecida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual cuando una sociedad matriz posee (casi) el 100 % del capital de la filial cabe presumir iuris tantum que ejerce una influencia decisiva sobre la filial, por lo que puede ser considerada responsable solidaria de la infracción de las normas sobre competencia. La nueva sentencia precisa las implicaciones de esta presunción en la aplicación del artículo 8.1. RBIbis cuando pretende demandarse a la matriz y la filial ante el domicilio de la primera, sin que haya habido previamente una decisión declarando la responsabilidad solidaria de ambas sino solo de la filial. Su relevancia se vincula con la importancia de la aplicación del concepto de “unidad económica” en el marco del Derecho de la competencia, para la imputación de responsabilidad a la “empresa” -en el sentido del art. 101 TFUE- en el contexto de la aplicación privada del Derecho de la competencia (vid. STJUE de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800).

La responsabilidad de los usuarios de redes sociales por comentarios de terceros: nueva sentencia del TEDH

 

        El régimen de responsabilidad por los contenidos de terceros aplicable a quienes usan servicios digitales al margen de una actividad económica ha sido objeto de escasa atención legislativa. Se trata de una situación condicionada ya por el limitado alcance subjetivo de la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico (DCE) y la vinculación al desempeño de una actividad económica del concepto de prestador de servicios de la sociedad de la información en el Derecho de la Unión. No obstante, es una cuestión que se presenta recurrentemente en la práctica. Por ejemplo, cuando hay que determinar la eventual responsabilidad de los usuarios particulares de redes sociales que permiten que terceros formulen comentarios en espacios habilitados para ello. La condición de intermediario de la entidad que presta el servicio de red social en cuestión, tanto respecto de los contenidos que introduce ese usuario como los de los terceros que formulan comentarios en su espacio, no resulta controvertida, con las implicaciones pertinentes en lo relativo a la aplicación del Reglamento (UE) de Servicios Digitales (RSD), sobre la eventual limitación de responsabilidad y el sometimiento a las obligaciones de diligencia debida por parte de ese prestador de servicios.

Ahora bien, en tales situaciones también el usuario que permite que terceros introduzcan comentarios actúa como intermediario, al menos en sentido amplio y dejando de lado la acepción precisa de esa categoría en los instrumentos de la UE. En relación con el régimen de responsabilidad por los contenidos de terceros aplicable a los usuarios de redes sociales que usan servicios digitales, resulta de interés, especialmente desde la perspectiva de las carencias de las legislaciones nacionales sobre el particular, la reciente sentencia del TEDH en el asunto Alexandru Pătraşcu c. Rumania (no 1847/21). La sentencia reafirma los principios de su jurisprudencia anterior en materia de responsabilidad por contenidos de terceros en línea, en especial sus conocidas sentencias Delfi (aquí, aquí y aquí) y Sanchez (aquí). No obstante, su fundamentación y argumentación en lo relativo a la eventual responsabilidad por los comentarios de terceros no parecen tan convincentes como las de esos precedentes (sin perjuicio de que el resultado eventualmente alcanzado sea adecuado).

La sentencia del Tribunal Supremo de EEUU sobre TikTok y la ordenación de los servicios digitales en la Unión Europea

 

        Más allá de su urgente y limitado análisis de la constitucionalidad de las medidas controvertidas que avala, la sentencia del pasado viernes del Tribunal Supremo de EEUU (SCOTUS) Tiktok Inc. v. Garland, 604 U. S. ____ (2025), y el contexto en el que se enmarca, resultan de interés desde la perspectiva de la comparación entre la ordenación de los servicios digitales en EEUU y la UE. Simplificando mucho, cabría contraponer dos elementos como punto de partida en esa comparación.

Por una parte, piedra angular en el sistema de EEUU resulta el singular alcance de la protección de la libertad de expresión derivada de la Primera Enmienda de la Constitución, tan decisiva en el desarrollo y la expansión a nivel mundial desde EEUU del modelo de “plataforma” (en el sentido del Reglamento UE de Servicios Digitales -RSD-) al que también responde TikTok. Ciertamente, como ilustra la jurisprudencia del TJUE y del TEDH, ese derecho fundamental también resulta clave en la UE en relación con el desempeño de su actividad por los prestadores de servicios digitales, pero no tiene aquí un alcance tan amplio, como se refleja en el diferente tratamiento de las limitaciones horizontales de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos (básicamente, la sección 230 CDA en EEUU y el art. 6 RSD en la UE). Por otra parte, desde la perspectiva de la UE, como aspecto diferencial cabría reseñar en esa comparación la especial tutela del derecho fundamental a la protección de datos personales, sobre el que precisamente ese modelo de plataforma, tal como se ha extendido desde EEUU (ahora también pasando por China), produce un impacto negativo sin precedentes. El estricto régimen en materia de datos personales se ha visto complementado en la UE con la adopción de un elaborado entramado regulatorio adicional, reflejo, entre otros elementos, del singular celo de la Unión en regular la prestación de servicios digitales para crear “un entorno en línea seguro, predecible y fiable” (como dice el propio art. 1. RSD).

A la luz de esa contraposición, no deja de llamar la atención que paradójicamente sea en EEUU donde se adoptan medidas más contundentes restrictivas de la prestación de servicios digitales de uso generalizado por el público. Ciertamente, se trata de medidas excepcionales fundadas en la seguridad nacional, pero consecuencia del tratamiento masivo de datos personales de sus ciudadanos por parte de un prestador de servicios de plataforma que presta sus servicios en términos similares en la UE.

 

Transferencias de datos personales a terceros países e indemnización de daños inmateriales

 

La sentencia del Tribunal General de este miércoles, Bindl / Comisión, C-632/23, EU:T:2025:4, presenta la peculiaridad de condenar a la Comisión Europea a indemnizar a un particular por los daños y perjuicios inmateriales sufridos como consecuencia de la transferencia de datos personales del demandante a EEUU -en virtud de un enlace en una página web de la Comisión a un sitio de Internet de Facebook-, sin cumplir las condiciones del artículo 46 del Reglamento 2018/1725 relativo al tratamiento de datos personales por las instituciones de la Unión (coincidente con el art. 44 RGPD, que abre su Capítulo V sobre transferencias a terceros países). Desde una perspectiva más amplia, la sentencia resulta de interés también en relación con una cuestión tan actual y compleja como es la aplicación del artículo 82 (Derecho a indemnización) RGPD. Sin perjuicio de la supeditación del derecho a indemnización del artículo 65 del Reglamento 2018/1725 -equivalente del artículo 82 RGPD- a los requisitos del artículo 340 TFUE en materia de responsabilidad extracontractual de la Unión, cuando el Reglamento 2018/1725 aplica los mismos principios que el RGPD, ambos deben interpretarse de manera homogénea (cdo. 5 del Reglamento 2018/1725). Al respecto, dos aspectos de la sentencia reseñada resultan de singular interés: la indemnización impuesta y el alcance atribuido al concepto de transferencia internacional.