Un par de reflexiones sobre la sentencia Schrems

                Ilustrativo de la ineficacia de la política de la UE en materia de protección de datos –tanto desde la perspectiva de la tutela de este derecho fundamental como de la protección de los intereses de las empresas y consumidores europeos en el ámbito de la sociedad de la información- es que la STJ de 6 de octubre de 2015, C-362/14, Schrems, funda en buena medida la declaración de invalidez de la Decisión 2000/520/CE de la Comisión relativa a los principios de puerto seguro, en las conclusiones alcanzadas por la propia Comisión hace ya un par de años -Comunicación COM(2013) 846 final, a la que me referí en esta entrada- acerca de la aplicación de esa Decisión, en el sentido de que el mecanismo por ella instaurado facilitaba la vulneración sistemática de los estándares de protección de la legislación europea con respecto a datos personales transferidos desde la UE a EEUU por empresas adheridas al sistema de los principios de puerto seguro, incluyendo a los principales prestadores de servicios de redes sociales, motores de búsqueda y correo electrónico. En el complejo y lento proceso de revisión de la legislación europea de protección de datos, es evidente que la sentencia presenta un gran interés, al tiempo que contribuye una vez más a poner de relieve cómo esos prestadores de servicios han venido tradicionalmente operando en la UE sin que el restrictivo marco formalmente instaurado en la UE les haya sido aplicado de manera efectiva.

Ley aplicable y autoridad competente en materia de protección de datos: la sentencia Weltimmo

    La actualidad hoy en materia de protección de datos se centra en la sentencia Schrems, que acaba de hacerse pública y que, entre otros aspectos, declara inválida la Decisión 2000/520/CE de la Comisión, relativa a los principios de puerto seguro que facilita las transferencias de datos entre la UE y EEUU, La declaración de invalidez resulta de singular trascendencia en un contexto en el que las tradicionales carencias en la aplicación efectiva por las autoridades europeas (básicamente, nacionales) a ciertos prestadores de servicios procedentes terceros Estados de la rigurosa legislación europea sobre protección de datos, unidas a ciertas prácticas de autoridades y empresas de EEUU, han generado no sólo importantes riesgos (vulneraciones) del derecho fundamental a la protección de datos de los afectados sino que han constituido también un factor muy acusado de desventaja competitiva para las empresas europeas en el ámbito de la sociedad de la información. Ahora bien, habida cuenta de que la sentencia Schrems requiere su propio comentario, dedicaré esta entrada únicamente a un comentario que tenía pendiente de otra reciente sentencia del Tribunal de Justicia en materia de protección de datos. Se trata de la sentencia de 1 de octubre de 2015, en el asunto C-230/14, Weltimmo, en la que el Tribunal realiza importantes precisiones en materia de determinación de la ley aplicable al tratamiento de datos personales en páginas de Internet, así como con respecto a la concreción de la autoridad competente para investigar y sancionar esas conductas. Habida cuenta de que el Tribunal básicamente confirma las conclusiones presentadas el pasado 25 de junio por el Abogado General Cruz Villalón, utilizaré como base la entrada que ya dediqué a esas conclusiones.

Entrada en vigor y aplicación del Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro

            Hoy entra en vigor el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro (en adelante, CHEF o el Convenio). Por ello, resulta de interés conocer en qué medida a los acuerdos de elección de foro celebrados a partir de hoy (art. 16.1 CHEF) pueden resultarles de aplicación sus normas, lo que exige en particular valorar cuál es el ámbito de aplicación del Convenio y cómo se relaciona con otros instrumentos aplicables en la materia, como el Reglamento Bruselas I bis (RBIbis) o el Convenio bilateral entre España y México sobre reconocimiento de sentencias de 1989. Como punto de partida, cabe recordar que el CHEF es un convenio doble, en el sentido de que incorpora normas de competencia judicial y reconocimiento de resoluciones. En materia de competencia (arts. 5 a 7), establece la eficacia atributiva de los acuerdos de elección de foro (como elemento determinante para atribuir competencia al tribunal designado) así como su eficacia derogatoria de la competencia de los tribunales de los demás Estados. En materia de reconocimiento y ejecución (arts. 8 a 15), determina el régimen de eficacia transfronteriza de las resoluciones de los tribunales designados en un acuerdo de ese tipo. Determinante de su ámbito de aplicación es que sólo resulta aplicable a los acuerdos exclusivos de elección de foro (los que designan los tribunales de un Estado –o un lugar- salvo que las partes hayan previsto que tal pacto no excluye la competencia de cualquier otro tribunal) y siempre que no se trate de ninguna de las materias excluidas conforme al art. 2 CHEF. Pese a la larga lista de materias excluidas (entre las que cabe reseñar los contratos de consumo y trabajo, así como el transporte de pasajeros y de mercancías), típicamente los acuerdos atributivos de competencia relativos a los contratos internacionales más frecuentes en el comercio internacional no quedan excluidas de ese ámbito material. Cabe reseñar que el Convenio no es aplicable a las medidas provisionales o cautelares. Ahora bien, más allá del ámbito material y de las exclusiones reseñadas, determinante para conocer su aplicación a partir de hoy en el marco de nuestro sistema es reseñar qué Estados están vinculados por el mismo y como el CHEF interactúa con otros instrumentos que nos vinculan con esos Estados.

El texto en inglés de las nuevas normas de competencia internacional y las traducciones del Derecho español

        Para el volumen de textos legales de la European Encyclopedia of Private International Law, obra que coedito con Jürgen Basedow, Giesela Rühl y Franco Ferrari, y cuya publicación, con la participación de más de 190 autores de alrededor de 60 países, está prevista próximamente en la editorial Edward Elgar, he realizado una traducción de las nuevas normas españolas de Derecho internacional privado, aprobadas este verano. Estas traducciones dan pie a varias reflexiones. Primero, que aunque en los últimos años se hayan realizado ciertos avances en la puesta a disposición por el Gobierno de traducciones oficiales al inglés (y francés) de ciertas leyes españolas, es de lamentar que una traducción oficial al inglés de textos tan relevantes para los operadores jurídicos –españoles en el marco de su actividad internacional pero también extranjeros- no esté disponible con rapidez a través de Internet. Segundo, si bien la traducción al inglés de estos textos se ve facilitada porque buena parte de las nuevas normas españolas están construidas sobre la base de disposiciones de reglamentos de la UE o normas de convenios internacionales disponibles en inglés, la comparación permite apreciar cómo en ocasiones el alejamiento del texto de referencia sólo parece responder al ánimo (cabe pensar que no justificado) de evitar la mera reproducción literal, mientras que en otras se reproducen elementos de una norma que carecen de justificación en reglas del sistema de fuente interna. Más allá de las observaciones que ya hice en una entrada previa sobre las nuevas normas de competencia judicial internacional, esta nueva lectura de las normas de la LOPJ permite apreciar que entre ellas se encuentran algunas tan desafortunadas –tal vez pendientes de una corrección de errores- que es de prever que el lector de una traducción pueda pensar que su contenido responde a algún error de traducción.

De nuevo sobre el control de los comentarios y contenidos de terceros en servicios de Internet

             Hace ya casi dos años destaqué aquí la importancia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) en el asunto Delfi c. Estonia, cuando se hizo pública. Cabe recordar que el asunto iba referido a un supuesto en el que el titular de un portal de Internet había sido considerado por los tribunales estonios civilmente responsable frente a la víctima de comentarios difamatorios que terceros habían introducido en sus servicios, pese a que el titular del portal había previamente establecido –y aplicado- medidas significativas tendentes a la rápida supresión de esos comentarios en su portal, y además los comentarios difamatorios introducidos por terceros iban referidos a un artículo periodístico publicado por el portal cuyo contenido se consideraba apropiado y no lesivo de los derechos de la víctima Pese a estas circunstancias, la sentencia inicial del TEDH desestimó la reclamación del titular del portal, al considerar la actuación de los tribunales estonios conforme con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y establecer, en particular, que no se produjo una violación del derecho a la libertad de expresión e información (art. 10 CEDH) del portal al considerarlo responsable en relación con los comentarios difamatorios introducidos por los terceros. Habida cuenta de que la sentencia de la Gran Sala recaída recientemente en este asunto ha confirmado plenamente el pronunciamiento previo, puede resultar de interés reiterar el significado de esta jurisprudencia del TEDH, en un contexto en el que la Comisión europea pretende impulsar de nuevo el eventual desarrollo de las normas sobre responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información intermediarios, pendiente en el ámbito de la UE desde la adopción de la Directiva sobre comercio electrónico en el año 2000.

Responsabilidad de administradores sociales: cuestiones de competencia internacional

           Aunque condicionada por el particular contenido del ordenamiento neerlandés, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre en el asunto Holterman resulta de singular interés acerca de los aspectos de competencia judicial internacional que se pueden plantear en relación con la responsabilidad de una persona como administradora de una sociedad. En concreto, en el litigio principal un administrador social había sido “demandado por una sociedad no sólo en su condición de administrador, por desempeñar incorrectamente sus funciones o por actuar ilícitamente, sino también, con independencia de tal condición, por incurrir en dolo o imprudencia consciente en el cumplimiento del contrato de trabajo celebrado con dicha sociedad” (ap. 29 de la sentencia Holterman). Entre los aspectos que el Tribunal aborda se encuentra la delimitación del alcance de los fueros de protección del trabajador en tales situaciones, así como la aplicación y concreción del lugar de ejecución del contrato y del lugar del daño como criterios atributivos de competencia, de gran importancia práctica en la medida en que pueden facilitar que la demanda frente al administrador se presente ante un tribunal que no sea el de su domicilio.

Un par de contribuciones sobre propiedad intelectual

          Entre los estudios recientes que he depositado en el repositorio EPrints UCM,  dos de los referidos a aspectos de la propiedad intelectual han sido publicados en medios de difícil acceso desde España. En concreto, son los artículos “El lugar del daño como fundamento de la competencia internacional en los litigios sobre derechos de autor”, Estudos de Direito Intelectual (En Homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão), Coimbra, Almedina, 2015,  pp. 511-530; y “La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea”, Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, 2015,  pp. 117-154.