Valoración de las normas de Derecho internacional privado del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria

              Bajo la rúbrica “Normas de Derecho internacional privado” el Capítulo I del Título I del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria de 1 de agosto incorpora los artículos 9 a 12 sobre competencia judicial, ley aplicable, inscripción en registros públicos, y efectos de los expedientes y actos acordados por autoridades extranjeras. Al margen de esas normas comunes, es evidente que una reforma de tan amplio alcance como la que contempla el Proyecto de Ley –que abarca cuestiones como la modificación de las normas sobre celebración del matrimonio- incluye otros aspectos de gran importancia desde la perspectiva del Derecho internacional privado, como es el caso muy especialmente de la introducción en la LEC de un Capítulo sobre “Medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional”, llamadas a sustituir a las normas contenidas ahora en los artículos 1901 a 1909 de la LEC de 1881. Pese a lo anterior, me limitaré en esta entrada a un primer análisis de los artículos 9 a 12, que integran el mencionado Capítulo I sobre normas de Derecho internacional privado. Antes de comentarlos, reproduciré el texto de los artículos tal como figuran en el Proyecto de Ley, analizando en primer lugar el artículo 9 (competencia internacional), seguidamente el artículo 10 (ley aplicable), para terminar con un comentario conjunto de los artículos 11 y 12 (inscripción registral y reconocimiento) que suscitan las cuestiones de mayor enjundia.

Private International Law in Mainland China, Taiwan and Europe

Hace un año dediqué una entrada a reseñar el Congreso celebrado en el Instituto Max-Planck de Derecho privado internacional y extranjero de Hamburgo en junio de 2013, y centrado en analizar desde una perspectiva comparada los últimos desarrollos en materia de DIPr en la R.P.China, Taiwan y la Unión Europea. Acaba de aparecer publicado por la editorial Mohr Siebeck, bajo el título Private International Law in Mainland China, Taiwan and Europe, y editado por  Jürgen Basedow y Knut B. Pißler, el volumen que recopila las diversas contribuciones de los ponentes que participamos en dicho Congreso.

Novedades en materia de ordenación de los juegos de azar en línea en la UE

                La principal actividad comercial desarrollada en Internet que queda al margen de la normativa armonizadora elaborada por la UE es la relativa a los juegos de azar. Es bien conocido que esta situación se corresponde con la circunstancia de que las diversas legislaciones nacionales en la materia y sus eventuales restricciones en el ámbito intracomunitario a la prestación de estos servicios son compatibles con el Derecho de la UE en la medida en que se trate de restricciones admisibles con base en las excepciones previstas en los artículos 51 y 52 TFUE, que han llevado al Tribunal de Justicia a considerar que las autoridades nacionales disponen de una facultad de apreciación para determinar las exigencias que en este ámbito implica la protección de los consumidores y del orden social, pudiendo determinar –siempre que respeten ciertos límites- el concreto alcance de las restricciones, por ejemplo, si deben prohibirse ciertas actividades de juego o sólo limitarlas o establecer mecanismos de control o prohibir o restringir la publicidad de las mismas. En este contexto, debe valorarse la adopción por la Comisión de su Recomendación de 14 de julio de 2014 relativa a principios para la protección de los consumidores y los usuarios de servicios de juego en línea y la prevención del juego en línea entre los menores.

El futuro de la protección internacional de la propiedad intelectual: la perspectiva de la Unión Europea

Una característica de la evolución de la normativa internacional sobre propiedad intelectual durante las dos últimas décadas ha sido la progresiva marginación del marco multilateral, reflejado en la ausencia de avances en el seno de la OMC y en los limitados logros conseguidos en este periodo en la OMPI. Se trata de una tendencia que previsiblemente se consolidará en los próximos años, como refleja la reciente Comunicación de la Comisión Europea sobre “Estrategia para mejorar la protección y la garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países”. La Comisión viene a reconocer que un planteamiento plurilateral parece en la actualidad resultar eficaz únicamente para grupos pequeños de países con objetivos similares y se muestra muy escéptica con respecto a los futuros trabajos en el marco de la OMC y de la OMPI, sobre la que incluso se plantea que “puede ser adecuado reflexionar sobre una nueva estrategia para la OMPI, a fin de que esta organización obtenga mejores resultados en su mandato”, sin realizar ulteriores precisiones al respecto. El escepticismo sobre el marco multilateral se vincula con las evidentes dificultades para superar en ese entorno las reticencias de los Estados con sistemas menos eficaces de protección de la propiedad intelectual, que mantienen el criterio de que tienen poco que ganar con un régimen más estricto de protección de la propiedad intelectual. Cabe reseñar también como la Comisión se resigna a reconocer el fracaso del peculiar marco plurilateral negociado mediante la frustrada propuesta de Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (más conocido como ACTA), admitiendo expresamente que una de las causas de su fracaso ha sido no haber tenido suficientemente en cuenta las preocupaciones del público, en particular en lo relativo a su repercusión sobre los derechos fundamentales en el entorno de Internet.

Un par de apuntes sobre el Anteproyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil de 4 de julio de 2014

            En una aproximación de conjunto, el texto del Anteproyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil aprobado el 4 de julio de 2014 merece una valoración positiva. La experiencia acumulada durante los últimos lustros en las materias reguladas –incluido el marco de referencia que proporciona en sectores relevantes el desarrollo de la normativa de la UE-, así como el carácter marcadamente obsoleto de la legislación vigente –muy deficiente y superada por la práctica- son elementos que condicionan la urgencia de llevar a cabo la revisión que el Anteproyecto contempla, en un ámbito en el que la capacidad de mejora de nuestro ordenamiento resulta evidente, existe un amplio consenso acerca de cuáles deben ser las líneas generales de una regulación moderna, y el prolongado incumplimiento del mandato contenido en la disposición final vigésima de la LEC resulta inaceptable. En relación con el contenido del Anteproyecto, me referiré ahora tan sólo a algunos aspectos de su estructura y a ciertas cuestiones puntuales en un sector de tanta trascendencia como el del reconocimiento y ejecución de resoluciones.

Algunos aspectos de Derecho internacional privado del régimen de las órdenes europeas de retención de cuentas bancarias

            El significado como instrumento de DIPr del Reglamento (UE) No 655/2014 relativo a la orden europea de retención de cuentas -publicado el pasado viernes en el DOUE- es claro, en la medida en que se trata de un tipo de medida previsto únicamente para asuntos transfronterizos, destinada principalmente a facilitar el cobro de deudas en otros Estados de la Unión Europea. Pero, desde la perspectiva del DIPr el contenido de este instrumento destaca, en primer lugar, por incluir un conjunto significativo de reglas de competencia judicial internacional (en particular, el artículo 6 relativo a la competencia para dictar órdenes de retención y el artículo 39 en relación con las vías de recurso) y de ley aplicable (por ejemplo, el artículo 13 sobre ley aplicable a la responsabilidad del acreedor por los daños y perjuicios derivados de la orden de retención, el artículo 26 acerca del Derecho aplicable a la responsabilidad del banco, el artículo 39 sobre la ley aplicable al derecho de un tercero a impugnar una orden de retención o su ejecución, o el artículo 46 sobre la ley aplicable a los efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia en los procedimientos relativos a la ejecución de la orden de retención). Por otra parte, un componente esencial del nuevo instrumento son sus disposiciones sobre reconocimiento y ejecución, lo que se corresponde con la circunstancia de que el Reglamento regule medidas típicamente destinadas a ser ejecutadas en otros Estados miembros, de modo que dedica el Capítulo 3 al “Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de la orden de retención” y el Capítulo 4 a las “Vías de recurso”.

El reconocimiento en España de la filiación de nacidos mediante gestación por sustitución tras las sentencias Mennesson y Labasse del TEDH

            Dos sentencias publicadas hoy por el TEDH están llamadas a condicionar decisivamente la interpretación y alcance del orden público como límite al reconocimiento en España de la filiación de nacidos tras gestación por sustitución; y a hacerlo en términos que previsiblemente llevven a reconsiderar la situación actualmente prevalente en España. En estas dos sentencias el TEDH condena a Francia por haber violado el derecho al respecto de la vida privada y familiar –establecido en el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)- de menores nacidos tras gestación por sustitución en EEUU (pero no de sus padres) al denegar el reconocimiento de la filiación determinada por las autoridades estadounidenses. Como es bien sabido, en España el estado de la cuestión venía hasta hoy básicamente determinado por la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, en la que se denegó, por ser contraria al orden público internacional español, la inscripción en el Registro Civil de la filiación determinada en California de dos menores nacidos mediante gestación por sustitución. Simplificando, cabe afirmar que la práctica de los tribunales franceses negando por su contradicción con el orden público la eficacia de la filiación derivada de gestación por sustitución es la que ahora rechaza el TEDH en sus sentencias Mennesson c. Francia (no. 65192/11) y Labassee c. Francia (no. 65941/11). De estas sentencias no resulta en absoluto que legislaciones como la española, contrarias a la gestación por sustitución constituyan una violación del CEDH, pero sí resulta que el CEDH limita decisivamente la posibilidad de considerar contrario al orden público el reconocimiento en los Estados miembros del Convenio de la filiación establecida en el extranjero, incluso si deriva de una gestación por sustitución.