Criterio de origen de la Directiva sobre comercio electrónico y límites a las medidas de aplicación del Reglamento (UE) 2019/1150 sobre servicios de intermediación en línea

       El Tribunal de Justicia ha pronunciado hoy cuatro sentencias en relación con ciertas medidas italianas de aplicación del Reglamento (UE) 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, que son las primeras en las que interpreta este instrumento. Es conocido que el Reglamento (UE) 2019/1150 constituyó un hito significativo en la regulación de los servicios de intermediación en línea y de los motores de búsqueda en línea, si bien con el paso del tiempo la adopción de otros instrumentos, en particular el Reglamento (UE) 2022/2065 de servicios digitales y su elaborado régimen de obligaciones de diligencia debida de tales prestadores, ha reducido la trascendencia práctica del Reglamento (UE) 2019/1150. Volviendo a las sentencias pronunciadas hoy, básicamente, tres de ellas (en concreto, las recaídas en los asuntos acumulados Airbnb Ireland y Amazon Services Europe, C-662/22 y C-667/22, EU:C:2024:432, los asuntos acumulados Google Ireland y Eg Vacation Rentals Ireland, C-664/22 y C-666/22, EU:C:2024:434, y el asunto Amazon Services Europe, C-665/22, EU:C:2024:435) establecen que las medidas controvertidas adoptadas por Italia para la aplicación del Reglamento (UE) 2019/1150 son incompatibles con el criterio de origen del artículo 3 de la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico (DCE). Esa circunstancia resulta determinante en esas tres sentencias en la medida en que en esos litigios principales las medidas italianas en cuestión se pretendían aplicar a prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en otros Estados miembros de la Unión. Como es conocido, el artículo 3 DCE se opone a que prestadores establecidos en un Estado miembro queden sometidos a requisitos adicionales impuestos por los otros Estados miembros en los que deseen prestar sus servicios, salvo que concurra alguna de las excepciones de su apartado 4. Un interés adicional presenta la sentencia en el asunto Expedia, C-663/22, EU:C:2024:433), en la medida en que establece que la ejecución del Reglamento 2019/1150 no justifica unas medidas como las medidas italianas controvertidas, lo que se proyecta con respecto a su eventual aplicación frente a prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en Estados terceros (en el litigio principal, EEUU), que no se benefician del criterio de origen de la DCE. Por ello, en esta entrada, tras un breve recordatorio de ciertos fundamentos del Reglamento (UE) 2019/1150 (I, infra), abordaré la interacción entre las medidas italianas controvertidas y el criterio de mercado interior de la Directiva 2000/31 (II, infra), así como los límites que derivan del propio Reglamento (UE) 2019/1150 a las medidas que los Estados miembros pueden adoptar en aplicación de ese instrumento (III, infra).

Conflict of Laws and the Internet – Segunda edición

           Recientemente se ha publicado la segunda edición del libro Conflict of Laws and the Internet, a cuyo índice detallado y capítulo primero puede accederse aquí. Información adicional sobre el libro se encuentra disponible aquí.

Determinación del domicilio del demandado y efecto útil del Reglamento 1215/2012

 

             Aunque el carácter extremo de la normativa procesal búlgara que se encuentra en su origen limita su relevancia práctica, la sentencia de anteayer del Tribunal de Justicia en el asunto C-222/23, Toplofikatsia Sofia (Notion de domicile du défendeur), resulta de interés en relación con ciertos aspectos de la interpretación del Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas Ibis (RBIbis). Como es conocido, en el sistema del RBIbis el que el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro resulta relevante tanto en relación con la aplicabilidad de sus normas de competencia (art. 6.1) como respecto de la atribución de competencia con base en su regla general de competencia (art. 4). La nueva sentencia proporciona un ejemplo de que la libertad de los Estados miembros para establecer en su ley interna si una persona física está domiciliada en su territorio, conforme al artículo 62 RBIbis, tiene límites, en particular, en la medida en que no puede menoscabar el efecto útil del Reglamento, ni la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad en la aplicación de sus normas de competencia de su artículo 4.2. La sentencia confirma, además, que, si bien el RBIbis sólo es de aplicación cuando concurre un elemento de extranjería, tal es el caso siempre que un procedimiento va dirigido frente a una persona cuya residencia está en otro Estado miembro, aunque todavía no sea parte en el procedimiento (apdo. 46 de la nueva sentencia). También constata la sentencia que cuando el demandado está domiciliado en un Estado miembro, los tribunales de cualquier Estado miembro solo tienen competencia cuando se la atribuya alguna de las normas de competencia del Reglamento (art. 5.1 RBIbis y apdo. 69 de la sentencia), poniendo de relieve que las circunstancias que deben tomarse en consideración a efectos de determinarla –en particular, en lo relativo a la ubicación del domicilio del demandado- son las que existían en la fecha de presentación de la demanda (apdo. 71). Además, la sentencia establece que el mecanismo de asistencia en la determinación de la dirección del demandado a quien debe notificarse o trasladarse el documento, que establece el artículo 7 del Reglamento (UE) 2020/1784 relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, puede ser utilizado cuando se pretende expedir un requerimiento de pago contra un deudor respecto del cual existen indicios racionales de que está domiciliado en el territorio de otro Estado miembro (apdos. 77-78).

Sanción de las actividades ilícitas en línea y desarrollo de la jurisprudencia sobre conservación y acceso a datos de tráfico

 

                Tenía pendiente referirme a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia (Pleno) en el asunto La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles y lutte contre la contrefaçon), C-470/21, EU:C:2024:370, sobre el poliédrico tema de la conservación y acceso a datos de tráfico y su interacción con la tutela, entre otros, de los derechos de propiedad intelectual. Se trata de una sentencia de singular interés, en la medida en que supone un desarrollo o matización por el Tribunal de su jurisprudencia, con el propósito de asegurar que una rigidez excesiva no genera un riesgo de impunidad de delitos cometidos en línea, cuando la única posibilidad de identificar al autor es a través de la dirección IP que tenía asignada. Es conocido que en el caso de las infracciones de la propiedad intelectual- esa impunidad podría suponer un incumplimiento, entre otras, de las obligaciones de protegerla en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (véase, por ejemplo, aquí). El asunto presenta, además, el interés de ir referido a la aplicación del modelo paradigmático entre los Estados de la UE de mecanismo de persecución de actividades en línea orientado a sancionar a los usuarios que participan en el intercambio en redes peer-to-peer de obras y prestaciones protegidas, como es el instaurado en Francia por la conocida como Loi Hadopi, y su procedimiento llamado de “respuesta gradual”. Tal respuesta incluye el envío, en primer lugar, de advertencias a los abonados titulares de direcciones IP implicadas en actividades de infracción; en segundo lugar, en caso de reiteración del incumplimiento, envío de información al abonado de que los hechos pueden ser constitutivos de una infracción penal menor; y, en tercer lugar, la eventual denuncia al Ministerio Fiscal de los hechos. Ese procedimiento se mantiene, si bien en 2022 la Hadopi (la Alta Autoridad creada para aplicarlo) fue sustituida por la Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Acuerdos de jurisdicción, Ley de Navegación Marítima y Brexit

 

             La opción del legislador al elaborar la Ley 14/2014, de Navegación Marítima (LNM), de incluir reglas específicas sobre cláusulas de jurisdicción, alejadas de los criterios del artículo 25 del Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis (RBIbis), fue identificada ya al tiempo de su adopción, como fuente de potenciales dificultades, y no solo por la necesidad de delimitar su aplicación a las situaciones no cubiertas por el citado Reglamento u otros instrumentos de aplicación prioritaria (aquí puede verse la reseña publicada entonces en este blog). La sentencia del Tribunal de Justicia del pasado jueves en los asuntos acumulados Maersk, Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros y Maersk, C-345/22, C-346/22 y C-347/22, EU:C:2024:349, ha dado al Tribunal de Justicia la posibilidad de abordar la interacción entre las normas relevantes de la LNM y el Reglamento 1215/2012. La sentencia confirma que la previsión del artículo 468 LNM (al que, además, se remite su art. 251 respecto de la eficacia traslativa del conocimiento de embarque), según la cual serán nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera contenidas en los contratos de utilización del buque o en los contratos auxiliares de la navegación, cuando no hayan sido negociadas individual y separadamente, choca abiertamente con el régimen establecido en el artículo 25 RBIbis, y solo puede ser de aplicación a situaciones no comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 25.1 RBIbis. Además, en lo relativo a la eficacia traslativa de la transmisión del conocimiento de embarque, la sentencia establece que una escisión de los acuerdos de jurisdicción de la subrogación del tercero tenedor del conocimiento de embarque en la totalidad de los derechos y obligaciones del cargador, como la prevista en el artículo 251 LNM, choca con el artículo 25.1 RBIbis.

Límites a la licitud de los modelos de consentimiento o pago en materia de datos personales

 

           Pese a los anuncios de declive de la publicidad comportamental (o basada en el comportamiento) y su sustitución por modelos de negocio que impliquen una menor intromisión en el derecho fundamental a la protección de datos personales, en los últimos meses se ha asistido a una expansión sin precedentes de los llamados modelos de consentimiento o pago, ilustrativos de la relevancia de ese tipo de publicidad en el marco del ofrecimiento de servicios digitales y de la puesta a disposición de contenidos en línea. Esos modelos hacen referencia al ofrecimiento al usuario, como presupuesto de la utilización del servicio, de la opción entre prestar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales por el prestador del servicio (para facilitar ese tipo de publicidad) o pagar una cantidad de dinero para poder utilizar el servicio, como alternativa a la prestación del consentimiento al tratamiento de sus datos personales. Se trata de una evolución condicionada por los recientes avances en el Derecho de la UE -incluida la célebre STJUE de 4 de julio de 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social), C-252/21, EU:C:2023:537, reseñada aquí- en lo relativo a los límites de ciertas bases de licitud del tratamiento de datos personales. En especial, el limitado alcance como base de licitud de la relativa a que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte -art. 6.1.b) RGPD- condiciona el interés del responsable del tratamiento por obtener el consentimiento del interesado y poder fundar así el tratamiento en la base prevista en el artículo 6.1.a). La referencia expresa por el TJUE en esa sentencia (apdo. 150) a que la obtención del consentimiento del interesado en los términos exigidos por el RGPD en determinadas situaciones puede requerir que el prestador de servicios de red social ofrezca a los usuarios, como alternativa a la utilización del servicio previa aceptación del tratamiento de sus datos personales, una alternativa equivalente no acompañada de tales operaciones de tratamiento de datos “en su caso a cambio de una remuneración adecuada”, es un elemento que contribuye también al desarrollo de esos modelos. En este contexto, con respecto a la actividad de las grandes plataformas en línea, reviste singular importancia la adopción la semana pasada por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD o EDPB) de su Dictamen 8/2024 sobre esta concreta cuestión (Opinion 08/2024 on Valid Consent in the Context of Consent or Pay Models Implemented by Large Online Platforms), especialmente por la relevancia de los criterios que incorpora para valorar los límites de tales prácticas como vía para la obtención por las plataformas en línea de gran tamaño de un consentimiento del interesado que cumpla con los requisitos exigidos por el RGPD (y la Directiva 2002/58 y sus disposiciones de transposición, que son las relevantes en materia de cookies).

Directiva 2024/1069 sobre demandas estratégicas contra la participación pública: competencia judicial y reconocimiento de resoluciones

 

Ayer se publicó en el DOUE la Directiva (UE) 2024/1069 de 11 de abril de2024 relativa a la protección de las personas que se implican en laparticipación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas oacciones judiciales abusivas («demandas estratégicas contra la participaciónpública»), cuyo texto final básicamente se conocía ya desde el acuerdo político alcanzado por el Parlamento y el Consejo en diciembre de 2023. Por consiguiente, en lo relativo al Derecho internacional privado resulta de interés principalmente su Capítulo V, integrado por los artículos 16 y 17, bajo la rúbrica “Protección contra las sentencias dictadas en terceros países”. Por lo tanto, en relación con ese sector, las normas finalmente adoptadas coinciden en lo sustancial con las incluidas en la propuesta de la Comisión (reseñada aquí), con modificaciones de diverso alcance que no han impedido que en la versión final en español se haya mantenido alguna deficiencia terminológica del texto de la Propuesta. Debe ser bien recibido que finalmente no hayan encontrado cabida en ese texto las normas adicionales de competencia, así como en materia de ley aplicable, propuestas en su informe por el Parlamento el pasado año, habida cuenta de sus muchas carencias (para una reseña crítica, véase aquí). El considerando 51 de la nueva Directiva se limita a constatar que las normas de competencia y ley aplicable de los Reglamentos Bruselas I bis y Roma II “pueden ser pertinentes en los casos de demandas estratégicas”, lo que debe ser tomado en consideración en eventuales revisiones de esos instrumentos. En síntesis, el Capítulo V contiene una norma sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones de terceros Estados, que supone una novedad de limitada relevancia práctica a la luz de la configuración actual de nuestro sistema (I, infra), así como otra tendente a facilitar el acceso a los tribunales de su domicilio en un Estado miembro por quien ha sido objeto de una acción judicial abusiva contra la participación pública ante un tribunal de un tercer país (II, infra).